Urbanización Pueblo Salado, en San Pedro del Pinatar. Foto: MP
MURCIA. Después de una larga lucha en los juzgados para recuperar su dinero, la Justicia comienza a dar la razón de forma definitiva a las familias que invirtieron sus ahorros en la promoción de nuevas viviendas en la urbanización Pueblo Salado de San Pedro del Pinatar, cuya promotora, Proclama Mar Menor (Proclami), quebró y dejó en la estacada y sin casas a unos 80 compradores.
Tras 14 años de batalla judicial, un Juzgado de San Javier ya falló en primavera a favor de las familias y ahora es la Audiencia quien lo confirma. En concreto, la sala número 5 de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ha desestimado el recurso que presentó el Banco Santander contra la sentencia del Juzgado número 5 de San Javier, que condenaba a la entidad bancaria al pago de 25.800 euros, más los intereses y costas, tal y como recoge el fallo, al que ha tenido acceso Murcia Plaza.
"Por fin se ha hecho justicia después de tantos años", suspira Sara Henarejos, una de las vecinas afectadas, que podrá recuperar su dinero. "Me pegué una panzá a llorar cuando conocí la sentencia. El fallo de abril nos dio una alegría, pero faltaba que la Audiencia lo revisara", comenta a este diario, aliviada porque "se cierra un ciclo".
La sentencia de la Audiencia es firme y contra ella no cabe recurso. Otras cinco familias han recibido también el respaldo de la Justicia, por lo que han podido recuperar su dinero. Otra quincena de familias se encuentran a la espera de conocer la decisión judicial. "La ley los amparaba", señala el abogado Daniel López Esteban, quien hace tres años se hizo cargo de los casos de 22 familias. "Hemos tenido que pelear a contracorriente para conseguir un criterio único de la Audiencia", asevera, convencido de que el resto de afectados podrá recuperar su inversión.
Los vecinos emprendieron su batalla en 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria. En aquel año, la promotora, "que en principio contaba con toda la confianza de los compradores", comenzó con los impagos "justo cuando estaba a punto de entregar las casas a sus dueños" hasta que en 2008 se declaró en quiebra. Hacienda paralizó el proceso y embargó las viviendas, que estaban construidas. "Y la promotora desapareció, junto con el dinero y los sueños de los propietarios", rememora Sara Henarejos, en una conversación mantenida en abril con este periódico.
En su caso, ella perdió todos sus ahorros. "No pude casarme porque me quedé sin colchón", asegura. "Yo era maestra interina y luego, con la crisis, nos recortaron a los profesores hasta 8.000 euros. Cuántas veces me acordaba de que el dinero que puse en la urbanización me habría venido muy bien", recuerda.
Las víctimas crearon la Plataforma de Afectados Por Proclami e iniciaron una lucha "unidos" en los tribunales para recuperar "cada céntimo de la inversión", la cantidad que consideraban que era justa. Pero las primeras batallas judiciales resultaron infructuosas. "Pensábamos que había que ir contra la promotora, pero esta se declaró insolvente. Tampoco tuvimos suerte con los abogados, que algunos nos engañaron", relata Henarejos.
La suerte cambió con el último abogado, Daniel López, quien sostiene que "quien tenía que devolver el dinero no eran otros que los bancos que concedieron el préstamo promotor; es decir, el Sabadell y Santander", que en su momento "eran la CAM y Banco Pastor" -posteriormente absorbido por Banco Popular-. La Justicia le da la razón.
