Urbanización Pueblo Salado, en San Pedro del Pinatar. Foto: MPMURCIA. Catorce años después de que su dinero se evaporara, la Justicia da la razón a varias de las familias que invirtieron sus ahorros en la promoción de nuevas viviendas en la urbanización Pueblo Salado de San Pedro del Pinatar. Tras una larga batalla en los juzgados, cerca de una decena de personas afectadas han visto recuperados los 30.000 euros de media que requería la inversión en la promotora Proclama Mar Menor (Proclami), una empresa que quebró y dejó sin viviendas a unos 80 compradores.
"Que nos devuelvan el dinero que invertimos hace casi quince años, junto con los intereses de entonces y todas las costas, es una de las situaciones más reconfortantes que te pueden suceder", relata Sara Henarejos, una de las afectadas, que destinó 25.800 euros e incluso afirma que compró los muebles para acondicionar su nuevo hogar, en el que nunca pudo llegar a establecerse.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Javier ha estimado la demanda de Henarejos y condena al banco Santander -que absorbió al Banco Popular, entidad que concedió el préstamo- al pago de 25.800 euros, más los intereses y costas, tal y como recoge el fallo, consultado por Murcia Plaza. Contra la sentencia, notificada el 31 de marzo, cabe recurso de apelación. Otras siete familias también han ganado el litigio y otras tres han recurrido. Otras cinco, en cambio, se encuentran a la espera de juicio. "Aunque pueden recurrir, estoy muy contenta", asevera Henarejos. "Era muy importante que la Justicia nos diera la razón".
La lucha de estos vecinos comenzó en 2007, en plena época de la burbuja inmobiliaria, cuando la promotora, "que en principio contaba con toda la confianza de los compradores", comenzó con los impagos "justo cuando estaba a punto de entregar las casas a sus dueños" hasta que en 2008 se declaró en quiebra. Hacienda paralizó el proceso y embargó las viviendas, que estaban construidas. "Y la promotora desapareció, junto con el dinero y los sueños de los propietarios", asegura Henarejos.
"No pude casarme porque me quedé sin colchón. Eran todos mis ahorros", cuenta la afectada a Murcia Plaza. "Yo era maestra interina y luego, con la crisis, nos recortaron a los profesores hasta 8.000 euros. Cuántas veces me acordaba de que el dinero que puse en la urbanización me habría venido muy bien", rememora.
Las víctimas crearon la Plataforma de Afectados Por Proclami e iniciaron una lucha "unidos" en los tribunales para recuperar "cada céntimo de la inversión", la cantidad que consideraban que era justa. Pero las primeras batallas judiciales resultaron infructuosas. "Pensábamos que había que ir contra la promotora, pero esta se declaró insolvente. Tampoco tuvimos suerte con los abogados, que algunos nos engañaron", afirma Henarejos.
La suerte cambió con el último abogado, Daniel López Esteban, quien sostiene que "quien tenía que devolver el dinero no eran otros que los bancos que concedieron el préstamo promotor; es decir, el Sabadell y Santander", que en su momento "eran la CAM y Banco Pastor" -posteriormente absorbido por Banco Popular-. La Justicia le ha dado la razón.
