La Audiencia desoye a Valcárcel y le impone una fianza de 74 millones por el 'Caso Desaladora'

MURCIA (EFE). La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel contra la resolución judicial que le exigía una fianza de casi 74,2 millones de euros tras decretarse la apertura de juicio oral contra él por el caso de la Desaladora de Escombreras.

El expresidente regional (1995-2014) está acusado por la Fiscalía de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en su gestión durante la construcción y rescate de la desaladora de Escombreras (Cartagena).

El tribunal entiende que la fianza exigida en concepto de responsabilidad civil está justificada y desestima que la cuantía sea desproporcionada, irracional y arbitraria, como argumenta la defensa de Válcarcel. Contra esta resolución, según se indica en la misma, no cabe recurso.

La cifra de la fianza coincide con el presunto sobrecoste que significó la desaladora para la Región. No en vano, la Comunidad, que forma parte del proceso, reclama que las arcas autonómicas sean indemnizadas con más de 74,1 millones de euros por "perjuicios futuros del contrato de arrendamiento de la planta". De no poder hacer frente al pago, el exjefe del Gobierno regional se enfrenta al embargo de sus bienes.

Se enfrenta a once años y medio de cárcel

La acusación estatal reclama que sea condenado a once años y medio de prisión, veinte de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la acusación popular solicita quince años de cárcel y otros quince de inhabilitación.

Según el fiscal, el impulsor de la obra fue el expresidente murciano y su actuación ha supuesto un sobrecoste de 74 millones de euros solo en el contrato de arrendamiento de la planta, por lo que pide que sea condenado a pagar una indemnización por ese importe.

El próximo 9 de julio, la Audiencia Provincial de Murcia ha citado a Valcárcel a una vista de conformidad que, en caso de acuerdo, evitaría el juicio. En la vista solo participará el expresidente regional por si hubiera reconocimiento de los hechos de los que se le acusa y, si fuera así, se dictaría en esa misma vista la sentencia firme, con el atenuante de reconocimiento.

La jueza instructora del caso de la desaladora de Escombreras ordenó en marzo de 2023 la apertura de juicio oral contra el que fuese durante 19 años presidente de la Región de Murcia (1995-2014) después de advertir indicios de presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude.

Al conocerse esa decisión, el expresidente tramitó su baja voluntaria en el Partido Popular de Murcia, que presidía de forma honorífica hasta entonces. Valcárcel ha defendido siempre su inocencia al señalar que lo único que persiguió con la construcción de la desaladora fue conseguir los recursos hídricos que la Región necesitaba.