La Audiencia busca un acuerdo en el caso de la presunta adjudicación ilegal de contratos en la CHS

MURCIA (EFE). La Audiencia Provincial de Murcia ha convocado para este lunes a las partes del presunto caso de corrupción en la adjudicación de contratos en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por si se alcanza un acuerdo de conformidad que evite el desarrollo del juicio.

Entre los nueve acusados figuran la antigua secretaria general de ese organismo Paloma Moriano y el exjefe del Servicio de Habilitación y Pagaduría Manuel Bravo, junto con su esposa y sus tres hijos y la mujer de uno de estos.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que Bravo y sus familiares, presuntamente, crearon dos empresas para, aprovechándose de la amistad con Moriano, conseguir que fueran adjudicados contratos a las mismas.

Y añaden que, con la supuesta colaboración de la entonces secretaria general, consiguieron que a una de esas sociedades, entre 2006 y 2018, y de forma presuntamente ilícita, se le adjudicaran 58 contratos por un total de algo más de dos millones de euros, y a la otra, 89 entre 2005 y 2018 por un montante de 3,4 millones.

Señala también la acusación estatal que para que tanta acumulación de contratos no llamara la atención, contaron con un autónomo al que se le adjudicaron dos, por un total de 55.500 euros, aunque los trabajos, realmente, fueron realizados por aquellas dos empresas.

Igualmente indica que las dos mercantiles fundadas por la familia Bravo carecían de recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades y que prácticamente subsistían con los encargos que recibían de la CHS.

Y añade que entre los acusados figura así mismo una trabajadora de la Secretaría General de la CHS que dirigía Moriano y cuya empresa recibió encargos por casi 242.000 euros.

La Fiscalía solicita para Paloma Moriano penas que suman nueve años de cárcel y dos multas por un total de 10.500 euros por los supuestos delitos de prevaricación, asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales y falsedad, además de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.