Foto: KIKE TABENERVALENCIA. El juicio del exministro (y natural de Cartagena) Eduardo Zaplana ha quedado suspendido hasta el próximo 21 de marzo por enfermedad de su abogado. El también expresidente de la Generalitat valenciana había presentado un escrito con la solicitud después de que su letrado sufriera un infarto y haya tenido que ser intervenido.
En la sesión de este jueves en la que arrancaba el juicio en la Audiencia de Valencia, la Fiscalía ha explicado que Zaplana no tiene representación letrada y, por lo tanto, no podía dar inicio. Por ello interesaba la suspensión con una nueva fecha. Ningún letrado de los acusados se ha opuesto y el tribunal ha acordado que quede fijado el inicio el próximo 21 de marzo.
Zaplana, que ha llegado pasadas las 9.30 a la Ciudad de la Justicia, se sienta en el banquillo junto a otras 17 personas y cinco sociedades. Los investigadores de esta causa, de la que se ha encargado el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia junto a la Fiscalía Anticorrupción, han situado al exministro en el centro de una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.
Junto al que fuera presidente de la Generalitat, se sientan en el banquillo su círculo más cercano de colaboradores, como los empresarios Vicente y José Cotino; su considerado testaferro Joaquín Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; o el que fuera su exjefe de Gabinete Juan Francisco García. También otro exjefe del Consell, José Luis Olivas.
La Fiscalía pide para el exministro 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros. Para su núcleo de confianza las solicitudes de pena oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión –como es el caso de los empresarios Vicente y José Cotino. Para Olivas Anticorrupción pide 6 años.
