José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena, en el banquillo por la rama leonesa de la Operación Púnica

CARTAGENA (EFE). Ocho años después del estallido del caso Púnica, que supuso la detención del exconsejero madrileño Francisco Granados y de medio centenar de personas, la Audiencia Nacional juzga desde hoy jueves el despliegue de la trama en León, con el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa como acusados.

Será el segundo juicio de este caso de supuesta corrupción, después de que en 2017, hace ya cinco años, Granados se sentase por primera vez en el banquillo por una pieza menor, el chivatazo que le dio un guardia civil sobre las investigaciones que pesaban contra él. Fue condenado a dos años de prisión.

Pero en esta ocasión Granados no formará parte de los cinco acusados en el juicio que comienza el jueves, centrado en los negocios que la trama desarrolló en la provincia de León.

Sí que estará Martínez (PP), para quien la Fiscalía pide una condena de prisión de 8 años en el mejor de los casos, aunque la eleva a 10 si la Audiencia Nacional declarase probado que incurrió en un delito de cohecho.

Entre los acusados también está el presunto "conseguidor" de la red Alejandro de Pedro, para quien las fiscales piden una condena de hasta ocho años de prisión, así como el exalcalde del municipio leonense de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez y quien fuese interventor de la Diputación de León Manuel Jesús López Sánchez. Se enfrentan a peticiones que oscilan entre los cinco años y medio y los ocho de prisión.

Las sociedades Eico y Madiva también engrosan la lista de encausados. El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía describe cómo, presuntamente, en abril de 2012 los acusados Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa "captaron como cliente" a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Martín Marcos Martínez.

El objetivo inicial era que la empresa Eico limpiase la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundiese una imagen suya positiva, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación de León, cuyos organismos de contratación ni siquiera conocían estos servicios, dice Anticorrupción.

Así, prosigue el escrito, "se simuló la contratación" pública de publicidad institucional a la empresa Madiva, lo que permitió a los acusados "girar durante más de dos años" facturas de esta sociedad "por servicios no prestados".

Según Anticorrupción, en este supuesto concierto participaron también Martín Marcos Martínez, cuando era vicepresidente de la Diputación, Pedro Vicente Sánchez, que era coordinador del gabinete de prensa, y Manuel Jesús López, mientras que la quinta acusada es una trabajadora de las empresas investigadas.

Es más, indica que cuando Martínez ascendió a la presidencia de la Diputación tras el crimen de Isabel Carrasco, se concertó "un nuevo plan" para que las empresas de la trama le construyesen una imagen positiva ante los ciudadanos leoneses, trabajos que "fueron abonados de forma subrepticia".

La Fiscalía explica también cómo Martínez prometió a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso la adjudicación de varios contratos públicos a cambio de que intercediesen ante los órganos del PP nacional para apoyar su candidatura a la Presidencia de la Diputación.

Relata además a lo largo de su escrito una serie de irregularidades en la tramitación de los expedientes de contratación y fraccionamientos de facturas, y pide que los acusados indemnicen a la Diputación de León con 171.000 euros.