Desde una perspectiva liberal clásica, que presupone la existencia de un Estado de dimensiones reducidas (y constantemente debatidas en lo que se refiere a su tamaño más apropiado), la misión principal de éste es, en primer lugar (hay quienes dirán que también en último), la seguridad de sus ciudadanos. Esto, que tiene también sus repercusiones en lo que se refiere a las fronteras, inmigración, ley de extranjería, etc. (pues trae consigo la dicotomía entre “los nuestros” y “el resto”), ha de hacernos conscientes de que, si de algo ha de ocuparse el Estado es de la seguridad y la defensa, como requisito indispensable y condición fundamental antes de activar cualquier otra partida de gasto. La protección de la vida, como resulta evidente, es prioritaria frente al gasto público en educación, sanidad o pensiones, que es del todo fútil sin un receptor cierto.
Así, la seguridad se emplaza como un bien primario anterior al resto pues salvaguarda los bienes esenciales del Estado. Sin embargo, las cifras revelan una mentalidad diferente por parte de la clase política dominante. Tal y como señala Jorge Torres, investigador principal de la Fundación Civismo en su artículo 'La situación de la Defensa en España', nuestro país, en 2018, gastó 328 euros por habitante en Defensa, a la cola de los países de nuestro entorno como Portugal (353 euros por habitante) o Italia (388 euros por habitante). Ni que decir tiene en comparación con nuestros grandes socios europeos, que gastan más del doble que nosotros en esta partida presupuestaria que habría de ser la piedra angular del gasto público. Este es el caso de Francia (802 euros por habitante) o Reino Unido (642 euros por habitante). Ahora bien, ¿son la Seguridad y la Defensa dos conceptos sinónimos o intercambiables? ¿Por qué, si lo fundamental es la Seguridad, hago referencia a la falta de recursos destinados a Defensa? La respuesta es simple: si la Seguridad nacional es el fin prioritario del Estado, la Defensa es lo que la posibilita, de ahí la necesidad de aumentar una partida presupuestaria vaciada ideológicamente, pues no se encuentra otra explicación desde posturas meramente pragmáticas o simplemente lógicas.
Un mayor presupuesto en Defensa sería también un mejor gasto público dado que redundaría en una mejor salvaguarda de nuestros derechos y libertades, además de contribuir al cumplimiento de los compromisos libremente adquiridos en la esfera internacional. Pero es que, además, este mayor y mejor gasto traería consigo, junto a una mayor garantía de seguridad de todos los españoles, la de quienes con su entrega y sacrificio velan por ésta. Y es que la paupérrima dotación en Defensa supone un riesgo cierto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para las Fuerzas Armadas. Esta, y no otra, es la principal causa de las desgracias que se vienen repitiendo en la Región con respecto a los accidentes que parece que son ya habituales. El último tuvo lugar el pasado jueves, cuando uno de los C-101 con que cuenta el Ejército del Aire pilotado por el comandante Eduardo Fermín Garvalena, cayó al mar. Un accidente que, unido a los siniestros de agosto y septiembre de 2019 y que costaron la vida a cuatro pilotos, deben hacernos reflexionar de una vez.
El gasto en Defensa es prioritario, como no lo son muchas otras partidas presupuestarias fruto de intereses espurios de políticos y representantes públicos. Es prioritario para todos, pues nuestra seguridad y la protección de nuestros derechos y libertades depende de ello. Y es prioritario para nuestros militares, pues su vida también depende de ello. Despertemos.
Director de la Fundación Civismo
