MADRID (EFE). El acuerdo entre el PSOE y Junts para reformar la ley de sociedades de capital con el objetivo de facilitar el retorno de sedes sociales a Cataluña ha generado inquietud empresarial por el alcance que puede tener, así como malestar por la politización en torno a este asunto.
Fuentes empresariales consultadas por EFE explican que las grandes empresas catalanas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en octubre de 2017 por miedo a las consecuencias de una independencia unilateral están a la espera de ver en qué se traduce ese pacto.
Entre las miles de empresas que decidieron trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales a raíz de la crisis política e institucional que se desencadenó en Cataluña en octubre de 2017 figuran algunas tan simbólicas como CaixaBank, Banco Sabadell o Naturgy. CaixaBank trasladó su sede a Valencia; Banco Sabadell, a Alicante, y Naturgy, a Madrid.
Textualmente, el acuerdo, divulgado por Junts el miércoles a última hora de la tarde, se limitaba a incluir el compromiso de "la reforma de la ley de sociedades de capital mediante Consejo de Ministros para revertir el real decreto ley del PP de 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña".
Este real decreto permite a las empresas cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que de facto facilitó la salida de Cataluña de las empresas que así lo quisieron hacer.
El texto se aplicaba a todas las empresas salvo aquellas cuyos estatutos incluyeran una "mención expresa" por la que el consejo de administración no podía ser competente para el cambio de sede.
De acuerdo con una disposición transitoria del real decreto ley, existe esa mención cuando, tras la aprobación de aquel decreto, una empresa cambie sus estatutos para decir "expresamente que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional".
Antes de que el miércoles se cerrara este acuerdo, Junts dejó caer que buscaba que se multara de alguna manera a aquellas compañías cuyos centros operativos estén alejados de sus sedes sociales, o que se premiara a las que regresaran.
Ello afectaría a miles de empresas, que tendrían que plantearse volver a trasladar su sede social o reabrir sus centros productivos en el mismo territorio en el que está anotada en el Registro Mercantil.
Sería el caso de empresas del Ibex-35 como Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex y Colonial, las cuales están ya asentadas en otros territorios y no barajaban antes del anuncio de Junts volver a modificar su sede social.
Al respecto, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha limitado a explicar que el Gobierno estudia un modelo de incentivos, que sea "positivo y sin coacciones" para que las empresas que se fueron de Cataluña durante el 'procés' puedan regresar.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha querido aclarar también este jueves que las empresas tienen libertad para instalarse donde consideren y ha explicado que el acuerdo con Junts "reforzará la vigilancia" para evitar "ingenierías fiscales" y que las sedes sociales estén donde se desarrolla la actividad principal de cada empresa.
Aunque prácticamente ninguna ha querido opinar abiertamente al respecto, las grandes empresas españolas están tranquilas, apuntan las citadas fuentes consultadas por EFE, porque cumplen rigurosamente con lo previsto en la ley de sociedades de capital.
Así, explican que, además de otros detalles normativos, estas empresas celebran sus juntas de accionistas en las ciudades a las que trasladaron sus sedes sociales, como Madrid, Valencia o Alicante.
Sin embargo, existe malestar y preocupación en los ámbitos empresariales por la politización de nuevo sobre este asunto, que ha vuelto al primer plano político desde que PSOE y Junts ya pactaron en la investidura "abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".
Las fuentes consultadas por EFE apuntan a que si lo que se busca es lograr el retorno de las sedes sociales, algo por lo que trabaja también la patronal Foment del Treball, esta es "la peor" manera de hacerlo, desde la imposición y sin discreción ni consenso.
Estas fuentes también aventuran muy pocos efectos prácticos reales de este acuerdo, porque las grandes empresas ya cumplen con toda la normativa que lleva aparejado trasladar la sede social a otra comunidad.
Desde el ámbito empresarial también se apela a la necesidad de garantizar una estabilidad y seguridad jurídicas que den confianza a las empresas.
Desde Meliá -una de las pocas grandes empresas españolas que han querido pronunciarse-, su consejero delegado, Gabriel Escarrer, ha dicho a EFE que, aunque desconoce el alcance efectivo que tendrá la reforma, confía en que se mantendrá la libertad de empresa y de establecimiento vigente en toda la Unión Europea, y que, "como ha reiterado el Gobierno, se velará en todo momento por la seguridad jurídica".
"Las empresas necesitamos estabilidad y un entorno competitivo real y ese ha sido siempre el mejor incentivo para nuestro establecimiento", ha añadido el empresario.
Por otra parte, las citadas fuentes alertan de que revertir el decreto de 2017 puede ser incluso "contraproducente".
Las grandes empresas ya han adaptado sus estatutos sociales para poder hacer este cambio de domicilio social sin necesidad de esperar a una Junta General de Accionistas, pero en el caso de pequeñas empresas que ahora se pudieran plantearan volver a Cataluña un cambio legal de este tipo podría alargar los plazos.
Otro interrogante que exponen estas fuentes es qué puede suceder si se fuerza a una gran empresa a reforzar que su actividad operativa realmente está en el lugar donde tiene su sede social.
"¿Se podría tener que trasladar personal desde Barcelona a Madrid, Valencia o Alicante?", se preguntan las fuentes consultadas por EFE, consiguiendo así el efecto contrario al que pretende Junts.
La estructura de algunas de aquellas empresas que mudaron sus sedes ha cambiado notablemente desde 2017, ya que, en el caso de CaixaBank, por ejemplo, se ha fusionado con Bankia, por lo que tiene tanto servicios centrales en Madrid como en Barcelona y celebra sus Juntas Generales de Accionistas en Valencia, donde tiene su sede social.
Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occidente, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca o Cementos Molins fueron otras de las empresas que decidieron mover su sede social fuera de Cataluña en aquellos momentos.
La crisis política también llevó a otras grandes compañías familiares catalanas a trasladar su domicilio social a otras comunidades, entre ellas Codorniu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern o un gigante del sector editorial como Planeta, y el movimiento también se extendió a empresas extranjeras como Zurich, Allianz o Bimbo.
En los últimos tiempos, solo la tecnológica Red Points ha admitido que había devuelto la sede social a Cataluña.
El acuerdo entre PSOE y Junts pone de manifiesto que este debate sigue levantando ampollas entre las empresas, cansadas de verse inmersas en la batalla política, apuntan estas fuentes.