Míriam Nogueras, portavoz de Junts, este miércoles. Foto: EDUARDO PARRA/EPMADRID (EP/MP). Junts aseguró este miércoles haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de la supresión del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluida en uno de esos decretos y que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía.
La portavoz del partido, Míriam Nogueras, había anunciado su voto en contra de los tres decretos del Gobierno de coalición, pero sus diputados no llegaron a participar en la votación, lo que permitió que salieran adelante las medidas sobre Justicia y Función Pública que habían cuestionado. Y mientras se esperaba a la repetición de las votaciones que habían acabado en empate -debido al error de un diputado de Sumar-, Junts anunció ese acuerdo con el PSOE para abstenerse.
Según han explicado desde la formación que lidera Carles Puigdemont, el acuerdo incluye también la promesa de reformar la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 con el fin de facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que se marcharon por el 'procés'. Un pacto que llega después de que desde la formación catalana contemplase esta misma semana la posibilidad de "sancionar" a aquellas empresas que no volviesen.
Asimismo, asegura tener el compromiso del Gobierno para la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat, la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.
En concreto, la delegación integral de las competencias de inmigración según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña. Una delegación que según Junts irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea Parlamento catalán quienes determinen una política propia.
Desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.
Además, según Junts, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y reconocen también los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
