La mayoría no había utilizado ningún método anticonceptivo
Más de 3.600 murcianas abortaron en 2023
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VALÈNCIA. (EP) El Ministerio de Igualdad incluirá en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) un registro de profesionales objetores para garantizar el acceso al aborto en todos los casos, una iniciativa que se va a realizar, según han explicado fuentes del Ministerio, a imagen del registro que ya se incluye en la Ley de Eutanasia.
Fuentes del departamento que dirige Irene Montero, ha explicado a Europa Press que se ha decidido usar la Ley de Eutanasia como referencia en esta materia porque obtuvo un amplio consenso durante su redacción.
El objetivo de este registro de objetores, según han apuntado las mismas fuentes, es identificar las necesidades en cada área sanitaria, de manera que se pueda garantizar el derecho a la IVE en todos los casos.
La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ya explicó este lunes que en España existe "una mala práctica" en relación a la "objeción de conciencia" de los profesionales que "hace que el derecho humano al aborto se obstaculice" y no sea tratado como "una prestación más de la cartera del Sistema Nacional de Salud", sino "una práctica que genera estigma social".
En este sentido, Igualdad señala que el 87,1% de las IVE se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales el 79% fueron en centros privados.
Así, indica, se recoge en el informe sobre este tema del Ministerio de Sanidad publicado en 2019 y que permite también hacer una comparativa de los informes anuales publicados entre 1988 y 2018. De esta comparativa, denuncia Igualdad, se extrae que hay ocho provincias en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo.
"Estos datos indican que existe un problema en relación con la garantía de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la IVE", explica Igualdad, que también pone el foco en el "acoso" que las mujeres y profesionales sufren en el acceso a algunas clínicas abortistas en España.
Tal y como explica Igualdad en el texto publicado con motivo del inicio de esta consulta, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE supuso, hace 11 años, "notables" avances, pero también, señala, se han registrado "obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos" recogidos en la norma.
A su juicio, la legislación actual "restringe la capacidad de decisión" para abortar "de las mujeres de 16 y 17 años, limitando lo establecido para otro tipo de prestaciones sanitarias" que se recogen en la Ley de Autonomía del Paciente.
Atender este problema, apunta Igualdad, es uno de los aspectos centrales a los que pretende dar respuesta la modificación de la norma, como también impulsar instrumentos que permitan una mayor celeridad en la concreción de la Estrategia de Atención al Parto Normal en protocolos asistenciales, desde un enfoque de género, que promuevan la autonomía de la mujer y el parto respetuoso.
Otros "objetivos" de esta reforma, según recoge el Ministerio en el documento, es garantizar la educación sexual integral con enfoque de género y en todas las etapas de la vida; reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la IVE; o garantizar la equidad territorial, la accesibilidad, así como la eliminación de la estigmatización y el acoso.
Del mismo modo, busca promover la formación de profesionales sanitarios, potenciar la investigación y los estudios, así como el fomento de buenas prácticas que, desde la diversidad y el enfoque feminista, promocionen los buenos tratos.
La consulta pública para esta reforma legislativa se pone en marcha el mismo día en el que se celebra Día Global de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal. Y con motivo de esta fecha, Igualdad lanza, además, una campaña en redes sociales para reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres.
Esta iniciativa, ha explicado el Ministerio, también tiene como objetivo que se hable sobre la importancia de una educación sexual con enfoque de género y en todas las etapas vitales.
Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) descendieron en 2020 hasta las 88.269, un 10,97% menos con respecto al año anterior, cuando llegaron a registrarse 99.149. Así, la tasa se sitúa en 10,30 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 11,53 de 2019, según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo publicado este martes por el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día Mundial del Aborto Seguro.
Tal y como se apunta desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, esta disminución podría deberse a la situación excepcional causada por la pandemia provocada por la COVID; un descenso que se produjo en todas y cada una de las comunidades autónomas y en todos los grupos etarios.
Como indica, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 71,85% de las mismas se registraron antes de la octava semana de gestación, mientras que sólo el 0,18% se produjo más allá de la vigésimo tercera semana.
En cuanto al uso de anticonceptivos, según los datos el 41,31% no utilizaban ninguno. Por otro lado, las 88.269 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 207 centros autorizados, siendo el 84,51% de los mismos centros derivados (concertados o no) y el 15,49%, centros públicos.
El Ministerio de Sanidad tiene entre sus prioridades seguir impulsando la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva en un trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas y las sociedades científicas y asociaciones. Esta Estrategia incluye la prevención de embarazos no deseados y la promoción de la planificación familiar.
"El Departamento que dirige la ministra Carolina Darias tiene el firme propósito de seguir garantizado el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que valora el trabajo que desarrollan todas y todos los profesionales sanitarios dentro y fuera del Sistema a favor de la salud y la seguridad de las mujeres", advierte en una nota.