Foto: GENERALITAT VALENCIANAMADRID (EP). El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que iniciará la tramitación del Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, con el objetivo de "garantizar una dieta variada y nutricionalmente equilibrada", que impulsó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la anterior legislatura y que decayó por el adelanto electoral. El ministro confía en que el modelo esté en vigor en el curso 2025/2026.
Así lo ha adelantado este jueves el titular de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press. "Vamos a impulsar que esa alimentación en los centros educativos incluya un componente esencial de productos de temporada y favorezca la compra directa de nuestros campos a los comedores escolares", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que requiere la participación de todas las comunidades, centros escolares y todos los actores implicados.
El ministro ha defendido que se trata de una normativa "va a ser extraordinariamente positivo" para el sector primario y "una cuestión democrática porque atañe a una forma de desigualdad inaceptable". "Es de hecho una medida que tendrá un impacto especialmente positivo en los niños y niñas", ha subrayado, al tiempo que ha aclarado que no estará listo el curso que viene porque están en "una fase previa" de un trabajo "coral" de varios Ministerios: Derechos Sociales, Sanidad, Educación, Juventud e Infancia, y Agricultura.
Bustinduy ha detallado que el real decreto ya pasó las fases de consulta y audiencia pública en la pasada legislatura. Fuentes de su departamento han indicado a Europa Press que el Derechos Sociales ha añadido "mejoras" al texto y lo remitirá ya a los Ministerios coproponentes para que introduzcan sus aportaciones. El objetivo es que la negociación del texto culmine para su aprobación este año, según dichas fuentes.
El ministro ha explicado que se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del Plan Nacional contra la Obesidad Infantil, impulsado por la Presidencia del Gobierno y que está liderado por el Ministerio de Sanidad, que "está haciendo un trabajo audaz, incesante y necesario" en esta materia. "Es un verdadero honor poder contribuir a él desde el ámbito de nuestras competencias", ha afirmado Bustinduy, que sostiene que "uno de los problemas más acuciantes" que enfrenta España es el exceso de peso entre la población infantil.
También ha argumentado que, según el último estudio Aladino, del que "pronto" se conocerán "más datos, el exceso de peso afecta a un 41 por ciento de los escolares en España". "Y esto no es un problema individual", ha defendido el ministro, que ha agregado que es "un problema que tiene factores contextuales complejos" como el estilo de vida, los hábitos alimentarios, la calidad del sueño, el sedentarismo, la falta de acceso a productos saludables, la exposición a publicidad de alimentos.
Además, Bustinduy ha destacado que "todos ellos tienen una variable de clase social que afecta y determina las condiciones en las que se desarrollan" los niños y niñas, "generando impactos y consecuencias que se manifiestan a lo largo de toda su vida". "Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar la igualdad de oportunidades y derechos, hacer que los entornos en los que los niños y las niñas crezcan sean seguros y de eso trata precisamente este Real Decreto, de fomentar, con base en los mejores estándares científicos, el consumo de productos frescos y saludables, dejando fuera alimentos procesados y otros productos insalubres", ha subrayado.
Según ha asegurado el ministro, es una iniciativa que busca "contribuir a educar a través del comedor escolar" y no se trata solo de "un asunto de salud pública, sino también ante una cuestión de justicia social" ya que "en los colegios de los barrios más pobres hay más niños y niñas con obesidad que los de los barrios más ricos".
La intención del antiguo Ministerio de Consumo de Garzón era implantar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos públicos, concertados y privados de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Educación Profesional.
Buscaba fomentar la dieta mediterránea basada en alimentos frescos, de temporada y de proximidad, así como de técnicas culinarias saludables como el horno, vapor o plancha frente a fritos o rebozados. También por la utilización de al menos un 45 por ciento de frutas y verduras de temporada y proximidad en la elaboración de los menús escolares, así como por un aumento, hasta un mínimo del 5 por ciento, de los alimentos de producción ecológica y da prioridad a aquellos cuya producción sea respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal.
El texto elaborado por Garzón buscaba además la reducción de residuos y el desperdicio alimentario; la disponibilidad de menús especiales, tanto por diagnóstico médico (alergias, intolerancias) como por motivos culturales, éticos o religiosos; o incluir AOVE para los aliños y aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico para cocinar y freír.
Reducir la sal, los concentrados, los potenciadores de sabor, las salsas y el azúcar en las preparaciones; y fomentar el uso de jarras de agua potable, del grifo, en las mesas de los comedores, salvo que no sea posible por motivos de suministro son otras de las propuestas que incluía el decreto.
Bustinduy ha confirmado que va a retomar la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores que también impulsó Garzón, porque es "una urgencia social". El ministro ha reconocido que este fue un tema "conflictivo en el pasado", pero reafirmado su intención de sacarla adelante.
"No puede ser que las personas más vulnerables de nuestra sociedad, los niños y las niñas, estén bombardeados, a una edad en la que no saben distinguir qué es un contenido publicitario, por mensajes que les inducen a desarrollar hábitos nutricionales que resultan en los datos de obesidad infantil que he mencionado antes", ha argumentado el ministro.
Finalmente, Bustinduy ha indicado que la Ley de Consumo Sostenible "es una de las prioridades absolutas" para su Ministerio y que la norma establece reglas "claras" e "iguales para todos" para que las personas puedan tomar sus decisiones de compra de bienes o servicios en entornos con "fiabilidad, seguridad y normalidad".
