MURCIA. Confiaban en el seno del Gobierno valenciano que tras el éxito de la protesta de este miércoles en Madrid y el talante a priori conciliador de Emiliano García-Page, el Ministro de Transición Ecológica se avendría a dialogar sobre el Plan del Tajo y por elevación sobre las consecuencias que ello tiene en forma de recorte sobre el trasvasa Tajo-Segura. Pero no. Los responsables de la Conselleria de Agricultura conocieron este miércoles por la tarde, en un encuentro con el secretario de Estado, Hugo Morán, que el Gobierno se muestra inflexible: que no va a cambiar el Plan del Tajo, que se impondrán los caudales ecológicos fijos y que por lo tanto, si no hay excedentes pluviométricos, el Tajo enviará menos agua al Segura. Es decir, que la salvación del trasvase está abocada a dirimirse en los juzgados, o en el Consejo de Ministros, con una corrección que satisfaga los intereses de la Región del Murcia y de la Comunitat Valenciana, cuyo gobierno regional es del mismo color político que el de la Moncloa.
Representantes de la Conselleria de Agricultura mostraron este miércoles indignación y decepción con la respuesta del responsable del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán, que se mostró inflexible y, por lo tanto, contrario a revisar el Plan del Tajo, que es el que fijará los caudales ecológicos del río a su paso por Castilla-La Mancha y, por lo tanto, más dificultades para el trasvase. Tanto la titular de la cartera, Isaura Navarro, como el responsable de Transición Ecológica, Francisco Candela, insistieron en las tesis aprobada en el Consejo Nacional del Agua, que contemplaban -de acuerdo con los pactos alcanzados por el PSOE de Murcia y de la Comunitat Valenciana- que los incrementos paulatinos de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez que se propusieron inicialmente dejan de ser fijos e inamovibles y estarían sometidos a revisión. Pero según ha podido saber Plaza, Morán insistió en que los caudales serán los recogidos actualmente en el Plan del Tajo; es decir, que será fijos y de carácter ecológico. Y que ello se hace para cumplir las sentencias fijadas para el Supremo. No hay vuelta atrás, al menos, que el Consejo de Estado estime las alegaciones de los gobiernos de Murcia y de la Comunitat Valenciana e imponga otros criterios.
Los responsables de la Generalitat Valenciana insistieron ante Morán en la necesidad de fijar caudales en el Tajo revisables -como aprobó inicialmente el Consejo Nacional del Agua- por una razón: las obras de compensación previstas en el plan no será inmediatas; es decir que primero estarán en marcha las medidas que blindan el Tajo a las soluciones alternativas. Estas resoluciones sí que estarán recogidas, pero el temor del Gobierno valenciano es que se eternice en su ejecución. Esas obras contemplan inversiones por valor de 1.100 millones para Murcia; 540 millones, para Alicante y 44 millones para Almería. En el seno de la Generalitat, no auguran que se pongan en marcha antes de 2025.
Así que ante este panorama, los responsables de la Generalitat consideran que el Plan del Tajo acabará judicializado si no hay revisión. Al menos desde la Generalitat sí que contemplan la vía del recurso judicial, como también podría hacer el sindicatos de regantes Scrats o el Gobierno regional de Murcia. La otra vía es la política: que la influencia de Ximo Puig surtiera a efecto y que el Consejo de Ministros corrigiera el plan del Tajo, o no lo aprobara
Más allá de la actitud inflexible de Hugo Morán en el encuentro con los responsables de la Generalitat tras la manifestación, la verdad es que tampoco la ministra Teresa Ribera había dejado muchas opciones a revisar el texto del Plan del Júcar. Tanto el martes, después del Consejo del Ministros, como este miércoles, en un acto público, la titular del Transición Ecológica siempre defendió dos ideas: la primera, es que la posición de la Generalitat Valenciana y de la Región de Murcia no generaba consenso y, por tanto, había sido rechazada en el Consejo del Agua; y la segunda, la nueva planificación hídrica en un contexto de cambio climático. La nueva planificación hidrológica, según Ribera, "a diferencia de las anteriores", responde "por primera vez a la realidad del cambio climático". "No nos basta hablar de volúmenes promedio disponibles de agua, tenemos que estar preparados para los dos excesos: años de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros. Lo peor es no ver esa realidad porque los datos avalan que esa es la realidad", ha advertido.
Y así están las cosas, ahora, después de la manifestación. Las posiciones siguen inamovibles; las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina; existe preocupación en el seno del Gobierno de la Generalitat por el desgaste que esta crisis le puede generar, sobre todo, en el sur de Alicante y que la posición del gabinete de Puig siempre ha sido buscar un acuerdo y evitar un conflicto. Pero la realidad es que la situación va camino del conflicto judicial. Por el momento.