CARTAGENA. MC Cartagena, Unidas Podemos y Vox han solicitado la convocatoria de un Pleno Extraordinario para cuantificar "cuánto se ha llevado Lhicarsa de más", del contrato de servicio de limpieza que tiene con el Ayuntamiento de Cartagena desde 1995 y que se prolongará hasta 2030. El informe del TC concluye, entre otros aspectos, que se produjo falta de fiscalización, subida irregular en la revisión de precios, dividendos no cobrados, prórrogas de contrato no conformes a la ley y la falta de ingresos tras los beneficios generados por la a venta de materia orgánica bioestabilizada y acero chapajo. Todo ello ya lo que ya advertía en su informe previo a finales del pasado verano.
Ahora, la oposición ha decidido dar el paso de elevarlo a un pleno que debata, pida explicaciones al Gobierno municipal y exija a los técnicos las cuentas pormenorizadas para saber si la empresa municipal de limpieza -de la que el Ayuntamiento también es parte- se ha embolsado más dinero de lo que debía y a cuánto se eleva las cantidades.
"Ya no hay excusas que ofrecer, ni alegaciones que valorar le queda ya al corrupto PP ni a sus cómplices del PSOE. Son ellos los que han permitido que Lhicarsa robe, estafe, malverse o cobre un dinero de los cartageneros por un servicio que no se da", indicaba de forma tácita el portavoz de MC Cartagena, José López, en una comparecencia en la que estuvo acompañado de su segundo, Jesús Giménez Gallo y de los portavoces de Podemos, Leli García, y de Vox, Gonzalo Abad.
"Cartagena está más sucia que nunca" y añadía "no habría sido posible destapar todo esto sin los funcionarios valientes y capaces que se atrevieron a hacer su trabajo y cumplir con su obligación con el respaldo de MC en la Alcaldía. Ellos -seis funcionarios- desentrañaron este escándalo, aunque luego les costara ser cesados o trasladados. Lo arreglaremos, tienen mi palabra", subrayó López.
Acusó al PSOE de ser "cooperador necesario", amparando a Ana Belén Castejón "cuando decidió seguir sin MC antes que seguir sin Hidrogea o sin FCC. Espero que en las elecciones locales y regionales recojan -el partido socialista- los frutos de su apuesta".
Destacó, además, que los cartageneros sufren "el aumento del precio del servicio, las prórrogas del contrato ilegales, los ingresos que nunca llegan a las arcas municipales, los costos ilegales por asesorar o no hacerlo. Mientras tanto, Cartagena sigue sucia, tan sucia como el alma de la Trinca".
La celebración del Pleno "será quien ponga en marcha el procedimiento para que dictamine qué debe devolver la concesionaria a los cartageneros o, por el contrario, que sea el Pleno el que deje claro quienes defienden a Cartagena y quién colaboran en el expolio continuado en el que, al decir de muchos, es el Ayuntamiento más corrupto de España".
Por su parte, Leli García, portavoz de Unidas Podemos, añadía que su grupo se adhiere a esta petición. El TC nos ha dado la razón. Ya no hay presuntas irregularidades porque el TC nos ha dado la razón", explicó la edil, quien considera el servicio de limpieza "es pésimo", a la vez que insistía en la remunicipalización del servicio "el Ayuntamiento no ha sabido gestionarlo y ha decidido mantener a esta empresa a toda costa, por lo que exigimos transparencia y así lo hemos hecho en diferentes comisiones de investigación".
Gonzalo Abad, portavoz municipal de Vox Cartagena, apostillaba las palabras del resto de miembros de la oposición. "En este contrato, así lo dice el TC, han sido múltiples las irregularidades detectadas, no ya por la empresa contratista, sino por parte del propio Ayuntamiento, que ha aprobado modificados del contrato que no están conformes a la ley: se ha eliminado la posible competencia, se han hecho revisiones de precio muy ventajosas para la empresa y falta de cobro por la venta de la energía y materiales aprovechables en el vertedero". Recordó que la situación llega heredada de la época de "la inefable de Pilar Barreiro" y se preguntaba dónde estaba la oposición en aquel momento cuando no recurrió estas prórrogas.
Giménez Gallo, portavoz adjunto de MC Cartagena, señaló que "la corrupción en este contrato es lo que une a la oposición para que digamos basta ya", empezó diciendo. "Vamos por los cerca de 40 millones de euros anuales y partió por los ocho millones. Pagamos cerca de cinco veces más y Cartagena está muy sucia".
"FCC ha obtenido 20 años más de contrato sin concurrencia y sim publicidad; ha obtenido 39 millones de euros", dice Giménez Gallo cuando "debería obtener 8 y además se lleva tres millones de euros en un concepto que se llama asistencia técnica, un concepto que no está justificado -porque no hay factura-, ni está en el contrato". ¿Qué ha hecho el Gobierno municipal?, se pregunta Gallo "presentar un informe justificándolo que hay que pagarlo. Arroyo no lo discute, lo justifica", apostilló.
A pregunta de los medios respecto a lo que desde la oposición consideran que Lhicarsa ha podido cobrar de más, López añadía que "entre 70 y 80 millones es lo que se han llevado, pero queremos saberlo con exactitud para que un juez pueda disolver el contrato. A partir de entonces, tomaremos la decisión que menos perjudique a los cartageneros".
Por último, Gallo quiso lanzar un mensaje a los trabajadores del servicio de limpieza, informando que cualquier situación que se produjese, restricción del contrato incluida "no afecta a la seguridad en el empleo de los trabajadores, es un problema de gestión. Estos trabajadores seguirán haciendo su trabajo, sea cual sea la circunstancia".
El concejal de Servicios e Infraestructuras, Diego Ortega respondía que en el día de hoy "se inicia la campaña electoral. Estaban buscando algo para arrancarla, ayer no lo pudieron hacer porque aprobamos los Presupuestos y lo han hecho aprovechando que ha llegado este informe del TC".
"No podemos hacer que sin estudiar y evaluar la repercusión económica, fiscal y legal de las recomendaciones -que hace el Tribunal de Cuentas- y dejar de pagar a Lhicarsa parte del dinero que se le debería pagarlo", enfatizó Ortega, quien añadía que "necesito un informe económico que me diga que se puede hacer o no desde la seguridad jurídica"
Por otro lado, quiso mandar un mensaje a los trabajadores del servicio de limpieza, al explicar que "no tenemos intención de rescindir del contrato y sí de sacarle todo el pringue posible al mismo para que Cartagena mejore en su limpieza. Es lo que nos demandan los ciudadanos".
Recordó que lo del TC es "un informe y no una sentencia judicial. Se hacen diferentes recomendaciones y aquí tenemos la experiencia de que cumplidas las recomendaciones del TC y llevadas a la jurisdicción, los tribunales han sentenciado cuestiones diferentes a lo que el Tribunal de Cuentas recomendaba".
Al final, apostilló Ortega, es un asunto de "funcionarios, que cuestionan desde Madrid el trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena. Todo lo que hacemos llega con los informes técnicos necesarios y obligatorios", quien recordó que cuando José López estaba en la Alcaldía "se revisó el precio del contrato de Lhicarsa en cerca de medio millón de euros. Es uno de los años que se contempla en dicho informe. Igual que López lo hizo, este Gobierno tiene que revisar los precios si los funcionarios así lo establecen, a pesar de que el TC recomienda que no se haga".
Añadía que es el actual Gobierno el único que en todo este tiempo ha sido capaz de abrir expediente y sancionar a Lhicarsa. "Aquí se viene a poner en tela de juicio a todo el mundo, a los políticos, por supuesto, pero también a los funcionarios. Ellos son profesionales y se pueden equivocar, pero ante opiniones diferentes, hay que observar cuál prevalece".
"Si tan claro tienen que este contrato se puede rescindir, no entiendo el motivo por el que no lo hicieron en su día", explicó. "El problema", continuó diciendo "de la limpieza en Cartagena no es de ahora. Somos los únicos que hemos hecho inspecciones y los hemos sancionado somos nosotros. Estamos controlando a la empresa y exigiéndole a la empresa que le dé a Cartagena lo que el pueblo de Cartagena le paga".
