Ángel de la Fuente (Fedea). Foto: EUROPA PRESS MADRID (EP). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido este martes de que la mayoría de las medidas incluidas en la conocida como 'Ley Crea y Crece' tienen una "efectividad dudosa" y, además, algunas de ellas vendrían incluso a incrementar los costes empresariales o el gasto público.
Así se desprende del último comentario al proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, publicado este martes y elaborado por Benito Arruñada, en el que el autor señala que esta propuesta legislativa merece un juicio "poco favorable".
Y es que, aunque el autor valora positivamente la voluntad del Gobierno de aliviar las cargas y frenos a la creación y crecimiento de nuevas empresas, critica que la mayor parte del proyecto de ley aprobado a finales de noviembre por el Consejo de Ministros atiende a cuestiones de menor importancia mientras que, por el contrario, olvida asuntos de "gran trascendencia".
En este sentido, Arruñada ha explicado que el proyecto de ley "olvida por completo" los costes de arranque no societarios, que representan la totalidad de los costes de arranque para los empresarios individuales --incluidos la mayoría de los autónomos--, así como, más importante, los costes recurrentes en que incurre todo tipo de empresa para operar en la formalidad.
Además, ha apuntado que el proyecto presta también "escasa atención" a barreras tan fundamentales como son las autorizaciones y licencias de apertura, no sólo relativas a las empresas sino a sus establecimientos, quedándose en el terreno de meros retoques y declaraciones genéricas de buenas intenciones respecto a la unidad de mercado y la mejora regulatoria.
Asimismo, el autor ha criticado que se omite cualquier referencia a las barreras al crecimiento empresarial generadas por la existencia de umbrales regulatorios, en virtud de los cuales la carga fiscal y regulatoria aumenta de forma automática con la dimensión de la empresa, un fenómeno que ha sido criticado de forma reiterada por numerosos informes de organismos internacionales.
Por último, el informe señala que el proyecto de ley viene a ampliar las burocracias públicas con la creación y reforma de varios organismos, como un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada; un renovado sistema de seguimiento, evaluación y reforma del CIRCE; un Observatorio de Buenas prácticas Regulatorias que será gestionado por la Secretaría de Unidad de Mercado; y la nueva Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, que asume las funciones del Consejo para la Unidad de Mercado.
