El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. Foto: CÉSAR ORTIZ/EPMURCIA (EP). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que la primera tanda de datos brutos publicados por el Ministerio de Hacienda para que analistas y administraciones públicas elaboren sus propios cálculos sobre las balanzas fiscales es todavía "insuficiente" para obtener unas cuentas públicas territorializadas "razonablemente fiables y completas".
En un informe elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, se explica que estas "lagunas" de información tienen que ver con la cobertura de los datos aportados, con su nivel de desagregación y detalle, con el grado en el que ésta se ha territorializado y con la precisión con la que se describen su contenido y procedimiento de elaboración.
"Algunas de estas lagunas pueden cubrirse con información disponible públicamente, pero la mayoría de ellas no", ha señalado el experto en la nota publicada este jueves.
En sus apuntes, Ángel de la Fuente ha señalado que en esta primera entrega de datos -que se recoge en la web del Instituto de Estudios Fiscales (IEF)- se han omitido algunas partidas relevantes de ingresos y gastos públicos.
Cotejando los datos que Hacienda ofrece para la Seguridad Social y las mutuas con la liquidación del Sistema de Seguridad Social, el autor ha detectado que la información publicada por el IEF recoge únicamente las transferencias corrientes que corresponden al pago de las prestaciones contributivas.
Faltarían por incorporar, por tanto, las prestaciones no contributivas (unos 13.200 millones de euros) y los costes de funcionamiento del sistema recogidos en otros capítulos presupuestarios (unos 3.900 millones), según la Fundación.
Algo similar sucede con los ingresos de la Seguridad Social, pues se advierte de que ofrecen sólo los que provienen de cotizaciones sociales. En este caso, sin embargo, el problema que aprecia el experto es menor porque las partidas de ingresos omitidas son de una cuantía muy limitada, con la excepción de las transferencias del Estado, que habría que omitir en cualquier caso para el cálculo de las balanzas por tratarse de transferencias internas dentro del sector público estatal.
En la misma línea, podría haber algún problema con los ingresos ofrecidos dentro del bloque de Organismos Autónomos para las mutuas de funcionarios, que son claramente inferiores a los consignados dentro de la liquidación de los PGE y convendría seguramente ampliar este bloque para incluir otras partidas de ingresos de los Organismos, entre las que destacan las multas cobradas por la Jefatura de Tráfico, que superan los 1.000 millones de euros.
También deberían recogerse, en su opinión, los ingresos y gastos de ciertas agencias reguladoras no incluidas en los PGE, como el Banco de España, la CNMC y la CNMV.
Asimismo, desde Fedea consideran que deberían incluirse también los ingresos tributarios de los territorios forales y los de los municipios y provincias de toda España, los derivados del REF canario y el IPSI de Ceuta y Melilla, así como los ingresos tributarios del Estado en Ceuta y Melilla y las retenciones que éste practica a los residentes de los territorios forales.
Uno de los problemas que plantea la información publicada hasta el momento, según Fedea, es su elevado nivel de agregación y correspondiente falta de detalle.
Los datos de gasto se ofrecen generalmente a nivel de programa presupuestario, publicándose únicamente el gasto total (incluyendo el de carácter financiero), sin desagregación o detalle alguno. "Para territorializar correctamente muchas partidas de gasto sería necesario disponer de una información más detallada", remarca el autor.
Además, el informe advierte de que el grado de territorialización preliminar de la información publicada por el IEF es muy desigual entre partidas y en muchos casos resulta insuficiente.
Según explican, Hacienda ha territorializado casi en su totalidad los flujos de gasto ligados a los sistemas de financiación autonómica y local, las prestaciones contributivas de la Seguridad Social y las inversiones reales de ciertas entidades y empresas públicas.
En el resto de los bloques se han territorializado únicamente las inversiones reales, o una parte, lo que nos deja con 179.000 millones de gasto público para los que no se dispone por el momento de una territorialización preliminar, según los cálculos de Fedea.
Entre las partidas de gasto que no se territorializan, la Fundación ha apuntado a que hay algunas llamativas por cuanto la información sobre la localización de sus destinatarios "resulta imprescindible y cuesta pensar que no esté fácilmente disponible".
Entre estas partidas están las pensiones de clases pasivas y de guerra, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, incluyendo las pensiones, las prestaciones por desempleo, la renta y subsidio para eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura, las ayudas para el fomento del empleo, las becas y ayudas a estudiantes y la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.
En cuanto a los ingresos, aunque el grado de territorialización preliminar es claramente menor que para los gastos, el problema que esto supone es menos importante pues la imputación de la carga sólo puede hacerse en base a la localización del pago en el caso del IRPF y las cotizaciones sociales, que son precisamente las partidas para las que generalmente sí se dispone de la información necesaria o de alguna aproximación útil.
