MADRID (MP/EP). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte en un artículo sobre el contenido económico de los pactos alcanzados por el PSOE para lograr la investidura, publicado este martes, de que algunos aspectos de los pactos con los partidos nacionalistas catalanes (Junts y ERC) pueden resultar "muy problemáticos" y acabar significando una "financiación privilegiada" para Cataluña frente al resto de Comunidades Autónomas. También ve "sorprendentes" y "llamativos" algunas peticiones y acuerdos con el PNV para el País Vasco.
El informe, elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, pone como ejemplo la exigencia de Junts de que se ceda a Cataluña el 100% de los tributos estatales recaudados en su territorio. "En contra de lo anunciado en algunos medios de comunicación, no existe un acuerdo sobre tal cesión, que por el momento sería sólo una reivindicación de Junts. Con todo, no resulta en absoluto tranquilizador que el PSOE haya aceptado iniciar un proceso de negociación sobre la financiación de Cataluña que se desarrollará en un marco bilateral y partiendo de un sorprendente diagnóstico común que supone aceptar, en buena medida, las tesis nacionalistas sobre las supuestas deficiencias y abusos del sistema actual", apunta Fedea.
De la Fuente no ve probable que ese proceso de negociación culmine en la presente legislatura con un acuerdo en torno a las reivindicaciones de máximos de los nacionalistas, pero no descarta "concesiones significativas que podrían pasar por un estatus especial para Cataluña tanto en las negociaciones sobre la reforma de la financiación como en su posición en el nuevo modelo". Dichas concesiones, precisa, se traducirían en una menor aportación de Cataluña a la caja común y, por tanto, "en una financiación privilegiada en alguna medida".
"Existe el riesgo, además, de que tales concesiones marquen el comienzo de una deriva confederal que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal más allá del ámbito interno de cada comunidad. Este proceso comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a verse privado de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas", añade.
Para Fedea, los pactos de investidura dejan abiertas muchas cuestiones "importantes", limitándose en ocasiones a abrir un proceso de negociación a cuyo avance se supedita la continuidad de la legislatura por parte de los partidos nacionalistas. "La incertidumbre es, por tanto, muy grande y habrá que ver cómo evolucionan y en qué se concretan las negociaciones para poder hacer una valoración más informada de sus implicaciones", subraya la entidad.
De la Fuente advierte también de que la condonación general y no condicionada de una parte de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común, que califica de "pésima idea" porque, en su opinión, "contribuirá a agravar" sus problemas de "indisciplina fiscal".
El autor subraya que los pactos de investidura plantean "al menos dos riesgos y una certeza". Dichos riesgos, precisa, tienen que ver con el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, por un lado, y con la cohesión social y territorial por otro.
La "certeza", según Fedea, es precisamente que la condonación de deuda autonómica no ayudará, sino todo lo contrario, a que los entes autonómicos sean disciplinados en materia fiscal. Según explica, "a la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal".
Según De la Fuente, "una posible forma de incrementar la financiación de Cataluña por una vía poco visible sería a través de una valoración sesgada al alza de sus competencias singulares, esto es, de aquellas que no han sido asumidas por todas las comunidades y por lo tanto se financian a través de transferencias específicas incluidas en el Fondo de Suficiencia". En este sentido, cree que "será necesario" vigilar la valoración de los futuros acuerdos en este ámbito, "tomando siempre como referencia el gasto que en la actualidad realiza el Estado por el mismo concepto en el conjunto del país, relativizado por algún indicador de necesidad basado si es posible en la población usuaria".
A continuación, Fedea subraya que la reivindicación de mejoras de financiación se extiende también, "sorprendentemente," al País Vasco, "pese a que esta comunidad goza ya de un régimen especial (el llamado concierto económico) que, tal como se ha implementado en la práctica, resulta en una financiación muy superior a la de cualquier otra".
"Resulta llamativo, en particular, el acuerdo para que el Estado se haga cargo del 50% del coste del nivel básico de protección del sistema de atención a la dependencia, rompiendo así con la lógica del concierto, que exigiría que los territorios forales financien con sus propios medios aquellas competencias que han asumido", añade, en referencia al pacto entre PSOE y PNV.
En cuanto a la posibilidad de un traspaso efectivo de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, señala que "plantea serias dudas por al menos dos razones: una económica, la pérdida de eficiencia y economías de escala que comportaría el desmembramiento del INSS y especialmente de la TGSS, y otra entre política y simbólica, por cuanto el traspaso podría suponer la desaparición prácticamente total de las Administración del Estado del País Vasco y la cesión a su Gobierno autonómico de la muy visible y electoralmente estratégica potestad de 'firmar los cheques' en materia de pensiones, así como de una maquinaria recaudatoria importante, cuyo control podría facilitar una secesión por las malas, llegado el caso".
Respecto a la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, "desvirtuando así el principio de solidaridad que inspira el diseño del sistema", explica que "este temor no parece justificado", ya que, dado el fuerte déficit que el subsistema contributivo de la Seguridad Social presenta en el País Vasco, "hay poco riesgo de que los partidos nacionalistas vascos pretendan romper un sistema de caja única que les favorece enormemente".
Fedea avisa de que el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar "escora" el programa del nuevo Gobierno "claramente hacia la izquierda", apuntando a un "significativo" incremento del gasto público y de la presión fiscal.
"A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de las pensiones ya generará en los próximos años, se suman ahora planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas", argumenta De la Fuente.
A su juicio, algunas de las medidas anunciadas, tanto de ingresos como de gastos, "plantean serias dudas" y podrían llevar a nuevas subidas de impuestos "para todos" los ciudadanos y no sólo para los que tienen mayores rentas.
"Parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, en contra de lo que exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales, o sin fuertes subidas de impuestos para todos y no sólo para los ricos", alerta Fedea.
"El nuevo Gobierno y sus aliados parecen olvidar que tales subidas también tienen un coste en términos de menor renta disponible y bienestar para amplios segmentos de la población y podrían tener efectos adversos para todos a través de su incidencia sobre el crecimiento económico y el empleo", denuncia.
Otros aspectos del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar que Fedea considera "muy discutibles" son la reducción por ley de la jornada laboral sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio -que no del mediano- y el endurecimiento de las condiciones de despido y descuelgue.
Estas actuaciones, avisa De la Fuente, "tienden a aumentar los costes unitarios de las empresas y a reducir su flexibilidad interna, rompiendo así un aspecto importante del acuerdo alcanzado en su día en torno a la reciente reforma laboral".
"Todo ello, a su vez, puede comprometer la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo", concluye.