Foto: MPMURCIA. Una financiación a la carta en Cataluña como la que deja a entrever el acuerdo firmado entre PSC y ERC puede tener efectos sobre la distribución territorial de los recursos públicos. "Para mejorar mucho a una comunidad grande que no está mal financiada, tendrán que perder otras, muchas de las cuales están peor. Es complicado vender esto como una mejora en la equidad del sistema". Así lo advirtió Ángel de la Fuente, el director se la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ofreció una conferencia este viernes en Murcia en el acto del ‘Día del Economista’, organizado por el Colegio de Economistas de la Región y celebrado en el salón Promenade.
El cupo es, a su juicio, "sorprendente y preocupante", porque "el PSC ha comprado el relato de los independentistas sobre el conflicto político con el Estado y el maltrato fiscal de Cataluña". Y el PSOE parece "asumirlo como propio sin reservas", lamentó De la Fuente, cuya ponencia impartida ante más de un centenar de asistentes se tituló El sistema de financiación autonómico: problemas y perspectivas, con especial atención al concierto catalán.
El economista desmiente que haya tal maltrato: "Cataluña siempre ha estado en torno a la media de financiación por habitante ajustado a igual esfuerzo fiscal”. Y opina que el acuerdo catalán es "inconsistente", pues “no se puede hacer a la vez una cosa y su contraria: mejorar mucho a Cataluña y mantener un nivel elevado de solidaridad". Asimismo, el cupo implicaría una "reasignación de recursos entre administraciones territoriales, pero afecta también al diseño y funcionamiento del sistema de gestión tributaria, e incluso al modelo de estado causando importantes daños colaterales".
El experto, de hecho, se muestra convencido de que dejará ganadores ("La Generalitat de Cataluña") y perdedores ("el resto de territorios") sin que "los cambios en la distribución de recursos que se atisban, como que las comunidades ricas se queden con una parte sustancial del excedente fiscal que se genera en su territorio, supongan una mejora en la equidad del sistema".
Igualmente, "habría también enormes daños colaterales en la forma de una pérdida de eficacia y eficiencia en la recaudación tributaria y una mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado que podría comprometer su capacidad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales".
De la Fuente también reflexionó sobre el sistema de financiación actual, que considera que, per se, "no es malo" y es mejor que otros como el sistema federal alemán, pero admitió que "tiene problemas". Y enumeró cuatro de ellos:
A cambio, detalló su lista de propuestas para solucionar el problema y reformar el sistema de financiación. Primero, tal y como ha insistido en reiteradas ocasiones, es necesaria la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para complementar la financiación de las comunidades que están por debajo de la media. Este, dijo, estaría financiado con recursos estatales que luego se integrarán en el sistema y tendría un coste estimado de 3.000 millones a repartir entre la Región de Murcia Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla la Mancha: "Supondrá la mejora inmediata de la equidad del reparto y la modificación del statu quo en la dirección correcta de cara a la negociación final”.
Segundo, destacó la importancia de implementar mejoras técnicas que ayuden a avanzar en responsabilidad fiscal y equidad. Este podría ser el caso con la revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta para que las medidas tributarias de las comunidades se trasladen con rapidez a los contribuyentes y a los ingresos de las propias autonomías.
Otra sería la mejora del cálculo de la recaudación de los tributos cedidos tradicionales para que refleje mejor la capacidad fiscal real de cada territorio.
También aboga por regular con claridad las escalas de referencia que se utilizan para el cálculo de la recaudación normativa y establecer mecanismos explícitos para su revisión.
En tercer lugar, reclamó un acuerdo entre los dos grandes partidos. "Habría que iniciar conversaciones, primero entre los principales partidos, incorporando luego al resto y a las comunidades, para buscar un consenso sobre la reforma. Sería necesario al menos un acuerdo entre PSOE y PP para que la reforma sea factible y pacífica", esgrimió: "Sería deseable ampliar el consenso todo lo posible, pero no a cualquier precio".
