La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega. Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA/EPMURCIA (EP). El Tribunal de Cuentas ha advertido de la falta de una implantación efectiva de algunas de las medidas de los planes contra el fraude en los fondos Next Generation dentro de las entidades locales.
Con motivo de la pandemia, el Consejo Europeo aprobó un paquete de medidas de gran alcance para la reconstrucción de los Estados, sobre todo a nivel socioeconómico. En este marco se articuló el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en España, para poder recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026.
Eso sí, para garantizar la correcta gestión de los fondos y dar cumplimiento a las exigencias que la normativa comunitaria se exigió a España que toda entidad, decisora o ejecutora, que participase en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación debería disponer de un plan de medidas antifraude.
El Tribunal de Cuentas, en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades, ha analizado 214 entidades del sector público local de toda España, y ha concluido que los avances en esta materia no han finalizado, sino que, con carácter general se han limitado a la aprobación de los planes antifraude, pero no se han implantado de manera efectiva de "algunas de las medidas en ellos contenidas" ni se ha desarrollado una cultura de lucha contra el fraude.
Eso sí, el órgano que preside Enriqueta Chicano reconoce que la adaptación a estos requerimientos ha entrañado un "importante esfuerzo" para la mayoría de las entidades, agravado por las dificultades iniciales a las que se enfrentaron las entidades del sector público local para determinar si estaban o no obligadas a aprobar un plan de medidas antifraude.
Esto se explica en buena medida por la "premura" con la que las entidades tuvieron que aprobar los planes, de los que no disponían hasta ese momento. De hecho, la institución señala que todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para interiorizar un cambio "tan sustancial" en las organizaciones.
Al margen de este aviso, el Tribunal de Cuentas admite un buen puñado de entidades que sí han desarrollado la totalidad de medidas de control antifraude. Estos son los ayuntamientos de Alicante, Ávila, Bilbao, Castellón de la Plana, Donostia-San Sebastián, Ermua, Gijón, Girona, Lalín, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Torrelavega, València, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zumarraga. También figuran las diputaciones provinciales de Burgos, Cádiz, Palencia, Pontevedra y Valladolid y la Comarca del Ripollés.
Con todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que tanto las entidades que ya cuenten con un plan de medidas antifraude como aquellas que aún no lo hayan aprobado sigan avanzando en el desarrollo de una cultura antifraude y consoliden los progresos alcanzados en esta materia, reforzando las medidas ya implantadas y poniendo en marcha aquellas que estén pendientes.
Además, el órgano fiscalizador aconseja que esta cultura y control antifraude no se ciña en exclusiva a los fondos Next Generation, sino que se extiendan a la totalidad del ámbito de gestión de las entidades, con independencia del origen de los recursos.
