FOTO: EUROPA PRESSMADRID. (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, dando paso así a su tramitación parlamentaria. El texto fue presentado en primera lectura en Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, cuando aún era ministra de Educación y FP Isabel Celaá.
Según ha afirmado la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Formación Profesional es la "palanca que ayuda a hacer realidad" la transformación del país, destacando también que permitirá mejorar la educación de los jóvenes y los trabajadores españoles.
En esta línea, ha subrayado: "Vamos a reducir las tasas de desempleo de nuestro país, y con especial interés la tasa de desempleo juvenil, que en este momento está en un 35%".
En este sentido, ha recordado que el desempleo afecta hasta 6 veces menos a aquellos jóvenes con estudios de Formación Profesional, en comparación con los jóvenes en general. "Impulsar la FP es la mejor manera de invertir en la modernización económica a la hora de reducir el desempleo juvenil", ha insistido la ministra, que espera que la tónica de debate y de consenso que ha caracterizado, a su juicio, la elaboración del proyecto, se refleje también en el Congreso. La ministra también ha destacado que la futura ley acerca el texto a otros modelos europeos, como el alemán.
Según el proyecto al que ha tenido acceso Europa Press, que cuenta con una previsión de impacto presupuestario de 5.474,78 millones de euros durante su implantación en cuatro años, se establece una oferta modular y flexible de Formación Profesional dirigida a estudiantes y trabajadores, (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).
Esta nueva estructura facilita, según el Ministerio, el acceso a un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que incluye, por primera vez, unidades formativas o "microformaciones" (Grado A), hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (Grados D y E).
El Grado A constituye la oferta de menor tamaño del nuevo Sistema Nacional de Formación Profesional y conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia. La superación de todas las acreditaciones parciales de competencia de un módulo implicará la obtención del correspondiente certificado de competencia profesional o Grado B de formación, referido a un módulo profesional. A continuación, se establece el Grado C que reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional.
En cuanto al Grado D, se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional y en los que se incluirá un proyecto intermodular, así como la innovación, la investigación aplicada y el emprendimiento. Por último, en el Grado E, se integrarán los cursos de especialización que tendrán una duración de entre 300 y 800 horas. Quienes superen un curso de especialización obtendrán un título de Especialista (Grado Medio) o Máster Profesional (Grado Superior).
Toda la oferta en ciclos de los Grados C y D tendrá carácter dual, es decir, incluirá un periodo de formación en empresas, y se dividirá en dos tipos: FP general y FP intensiva.
La Formación Profesional general establece un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.
En la Formación Profesional intensiva, la formación en la empresa será de, mínimo, un 35% de la duración total. En esta modalidad, la empresa asumirá el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.
La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.
El proyecto de Ley también transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto fortalece el procedimiento abierto de manera permanente iniciado el pasado mes de marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021.
Con este nuevo sistema, el Ministerio prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, cuando tan solo 300.000 lo consiguieron con el modelo anterior.
En España, sólo el 12% de los jóvenes están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea. Además, sólo el 25% de la población activa española dispone de cualificación intermedia y un 35% tiene cualificación baja.
En 2025, el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador, ocupando así el puesto 61 entre 100 países, según el Foro Económico Mundial. En Alemania, que ocupa el puesto 10, se invierten 50 horas.
Además, según los últimos datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 46% de la población activa carece de acreditación profesionalizante, lo que resta valor añadido a las empresas y sitúa a los trabajadores en una situación más vulnerable.
