Se creará un fondo de resiliencia autonómica y dos líneas de 22.500 millones para inversiones verdes y crecimiento empresarial
MADRID. (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para remitirla a la Comisión Europea y poder movilizar más de 94.000 millones de euros adicionales que le corresponden a España de los fondos europeos 'Next Generation EU'.
"La adenda nos va a proporcionar una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años", ha destacado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno lleva meses manteniendo reuniones con la Comisión Europea, los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la elaboración de esta adenda, con la que se movilizarán 7.700 millones de euros adicionales en transferencias y 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU.
A finales de año, Nadia Calviño ya expuso un primer borrador de esta adenda, en la que el Ejecutivo ha seguido trabajando para aprobar su versión definitiva y formal este martes y remitirla a Bruselas antes de que se celebren las elecciones generales el próximo 23 de julio. El Ejecutivo español cumple así con el plazo que establece el reglamento europeo para remitir esta adenda, que finaliza el 31 de agosto de este año.
"La fecha límite para solicitar los préstamos terminaba en el mes de agosto y no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso que está en marcha", ha defendido la vicepresidenta ante las críticas de la oposición por aprobar la adenda antes de las elecciones generales.
Tras su remisión a Bruselas, la Comisión Europea tiene dos meses, que pueden ser ampliados un mes más, para la aprobación de la adenda, que tendrá que ser también validada por el Consejo Ecofin.
Con estos recursos y las transferencias adicionales, el Gobierno pretende concentrar las inversiones y las 18 reformas previstas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los proyectos estratégicos (Perte) ya aprobados y en marcha.
En concreto, los 10.300 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán sobre todo a reforzar los 12 proyectos estratégicos que ya están en marcha. Dentro de estas transferencias, las procedentes del programa REpower, que está orientado a acelerar la transición energética, va a permitir reforzar el proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, conocido como 'Perte ERHA' y también el de descarbonización de la industria, hasta llegar a 3.000 millones de euros. También se va a dotar el Perte de microelectrónica y semiconductores, conocido como 'Perte Chip', con unos 12.000 millones de euros.
Pero además, la vicepresidenta ha asegurado que la adenda sobre todo va a proporcionar una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años, gracias a los 84.000 millones de euros en préstamos.
Estos recursos se canalizarán a la economía real a través de instrumentos financieros entre los cuales Calviño ha destacado el fondo de resiliencia autonómica, dotado con 20.000 millones de euros que estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones.
Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a tener también un papel protagonista en el a canalización de estos créditos y gestionará, junto con el conjunto del sector financiero, un elevado volumen de préstamos que se canalizarán a través de dos líneas de 22.500 millones de euros para inversiones verdes y crecimiento empresarial.
En estas líneas se incluirá una dotación específica de 1.000 millones de euros para el sector turístico; la línea ICO de promoción de vivienda en alquiler, dotada con 4.000 millones de euros; el fondo 'Next Tech' con 4.000 millones de euros y el fondo de 1.500 millones de euros para impulsar las producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España.
Adicionalmente, con los préstamos se cubrirán los fondos de la SEPI y de Cofides ya utilizados desde 2020 para apoyar la solvencia de las empresas más afectadas por la Covid-19 y los mecanismos que ya estaban previstos en el Plan para acompañar la reforma laboral y el Ingreso Mínimo Vital.
Como novedades de la adenda, se pondrá en marcha un instrumento de 2.200 millones de euros para inversiones en ciberresiliencia y seguridad y se incluirá un nuevo fondo de 2.200 millones de euros de incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de hogares y empresas.
También se constituye un Fondo para el impulso de la vivienda social y de alquiler asequible, dotado con 4.000 millones de euros, que tiene como objetivo incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como mejorar el parque de vivienda ya existente.
La adenda también incluye el cambio de algunos hitos y objetivos ya fijados, con el fin de ampliar el ámbito de algunos programas, como por ejemplo el 'kit digital', que se pretende extender a empresas de más de 50 trabajadores. Además, el Gobierno quiere que las ayudas de los programas de formación puedan beneficiar también a personas ocupadas.
Se pretende también reorientar algunos hitos y objetivos, ya ha habido "concursos desiertos" de algunas comunidades autónomas, mientras que se ha comprobado que hay programas que tienen más demanda de la prevista en un primer momento, como en la creación de plazas de formación profesional.
Se reforzarán los mecanismos de cohesión social con la dotación del Fondo RED, para financiar en el futuro ERTEs que permitan la estabilidad del empleo y la protección del tejido productivo; el Fondo de Reforma de la Inclusión Social para desarrollar las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital; y el Fondo de Impacto Social para financiar inversiones con impacto y retorno social y/o medioambiental.
Según Calviño, la ejecución del Plan de Recuperación junto con la adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.
Hasta ahora, España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que le corresponde en forma de transferencias no reembolsables, que asciende a 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
A lo largo de 2023, la hoja de ruta del Plan prevé otros dos pagos por importe de 10.000 millones de euros y 7.000 millones de euros de los fondos europeos. El Ejecutivo asegura que solicitará "lo antes posible" el cuarto pago de estos recursos de 10.000 millones al culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones.
Gracias al cumplimiento del calendario de hitos y objetivos acordado, Calviño ha informado de que el Tesoro ya ha realizado pagos a las entidades gestoras por cerca de 34.000 millones de euros de los cuales 23.400 han ido a las comunidades autónomas.
Además, la vicepresidenta ha apuntado que 27.000 millones de euros ya están adjudicados a través de la resolución de convocatorias de ayudas y licitaciones que están financiando 400.000 proyectos ya en marcha en todo el territorio español, el 60% de los cuales están liderados por empresas y centros de i+D.