Eduardo Briones / Europa PressMADRID (EFE). El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) está desarrollando herramientas para que los solicitantes de la Política Agraria Común (PAC) puedan estimar los nuevos importes que van a percibir, según la presidenta del organismo, María José Hernández Mendoza.
En una entrevista con Efe tras tomar posesión como nueva responsable del FEGA, Hernández destaca que pondrán en marcha dichas herramientas de cálculo en los primeros meses de 2023 con el fin de facilitar la transición hacia la nueva PAC, que entrará en vigor en enero y se aplicará hasta 2027.
La presidenta afirma que también han previsto diferentes mecanismos de flexibilidad para que los interesados puedan modificar sus solicitudes únicas si detectan algún error, sin que eso conlleve ninguna penalización.
"Vamos a hacer todo lo posible para que eso no suponga trastornos a los solicitantes", resalta Hernández, que expresa su confianza en que la nueva política agraria tenga una "buena acogida" entre los agricultores y que la transición sea "suave", sin grandes cambios para los beneficiarios.
La llegada al cargo de Hernández, en sustitución de Miguel Ángel Riesgo, se produce en un momento clave para la agricultura española, después de que la Comisión Europea haya dado su aprobación definitiva al plan estratégico español de aplicación de la nueva PAC.
La presidenta del FEGA, ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado toda su carrera ligada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Desde 2017 ha sido consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada española en Francia y ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, además de delegada de España en el Centro Internacional de Estudios Agronómicos del Mediterráneo (Ciheam).
Hernández toma ahora las riendas del FEGA, un organismo autónomo adscrito al MAPA que tiene como misión principal facilitar que las ayudas de la PAC lleguen de manera eficaz a los beneficiarios.
En su opinión, "los próximos meses son fundamentales para que todo esté a punto" y la nueva PAC se aplique desde el próximo 1 de enero.
Hasta entonces, se debe adaptar toda la normativa nacional a la legislación europea, lo que incluye la tramitación de un proyecto de ley y 18 decretos, así como el desarrollo de circulares que permitan la aplicación "homogénea y armonizada" de la PAC en todo el territorio nacional, según Hernández.
La responsable precisa que también están ajustando las aplicaciones informáticas y otros instrumentos de gestión y control, a lo que se suman las tareas de divulgación de las novedades y los trabajos habituales de la campaña de 2022.
"A partir del 16 de octubre se pueden empezar a pagar los anticipos de las ayudas directas (de esta campaña) y ya estamos trabajando para que esto se desarrolle con total normalidad", apunta Hernández.
Para la campaña de 2023 el plazo de solicitudes estará abierto del 1 de marzo al 31 de mayo, algo más tarde que de costumbre, con el fin de tener más tiempo de preparación y calcular los derechos provisionales del nuevo régimen.
"La solicitud de 2023 no va a suponer cargas adicionales administrativas", precisa Hernández, que añade que, para simplificar los trámites, esperan que en los próximos años se pueda cargar automáticamente en la solicitud única la información que los solicitantes hayan cargado antes en otros ámbitos.
La presidenta del FEGA subraya "la certidumbre y la estabilidad" que aporta la nueva PAC y la "seguridad económica" que supone para el sector agrario español los 6.800 millones de euros anuales que va a recibir en concepto de ayudas.
"Con la nueva PAC se van a distribuir los fondos de forma más justa y social, con mayores incentivos para los jóvenes y mujeres. Todo lo que buscamos es asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de los productores y los territorios rurales donde se asientan", sostiene.
Hernández menciona algunas de las principales novedades, como los requisitos para obtener la condición de agricultor activo, modificados para favorecer al agricultor profesional sin excluir a quienes se dedican a la actividad a tiempo parcial.
En cuanto a los ecorregímenes, se trata de medidas voluntarias con las que los productores podrán recibir ayudas adicionales y contribuir en mayor medida a los objetivos medioambientales, según unos esquemas diseñados para cubrir "toda la diversidad de sistemas productivos en España".
