Foto: Eduardo Parra/ EPMADRID (EP). El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 25.490 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone el 1,95% del PIB y un descenso del 57,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 408 millones, el déficit público se sitúa en el 1,98% del PIB, según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta septiembre, se ha situado en 16.269 millones de euros, lo que supone un descenso del 72,2% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 1,24% del PIB, frente al 4,85% existente en septiembre de 2021.
Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 27%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen levemente a un ritmo del 0,4%.
"Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero.
En cuanto al déficit público hasta agosto, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 21.154 millones, el 1,61% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 23.340 millones, lo que equivale al 1,78% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta agosto de 2022 un superávit de 2.186 millones, frente al déficit de 135 millones de hace un año.
De su lado, la administración regional registró un déficit hasta agosto de 3.983 millones, lo que equivale al 0,3% del PIB, frente al superávit de 1.244 millones de un año antes. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 9,4%, mientras los ingresos crecen a un ritmo del 5,6%.
Esta diferencia tan significativa entre ambos periodos se debe, principalmente, a que la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2020 ha tenido un resultado neto negativo para la Administración Regional de alrededor de 3.200 millones, mientras que la liquidación de 2019 tuvo un efecto neto positivo para el subsector de 8.983 millones; derivada de esta situación extraordinaria se ha implementado una transferencia desde el presupuesto del Estado a las Comunidades por dar cobertura financiera al saldo global negativo de la liquidación de 2020, que asciende a 4.404 millones y que corresponde a la suma del saldo neto negativo de las Comunidades.
En las comunidades, los impuestos han crecido un 4%, es decir, 1.958 millones más. Destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 21,4% alcanzando la cifra de 12.767 millones, con un crecimiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de un 23,6%.
También aumentan los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio hasta los 36.392 millones. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 2.259 millones de euros, lo que representa un 1,9% más que en 2021.
En cuanto a los Fondos de Seguridad Social, los datos apuntan a que se ha registrado un déficit de 353 millones, frente a los 6.111 millones del mismo periodo de 2021. En términos de PIB el déicit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,03%, mientras que hace un año se colocaba en el 0,51% del PIB.
Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 3,4%, destacando el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 5,6%, frente al descenso registrado en los gastos de un 0,9%.
En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta septiembre, el mejor resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 27%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen levemente a un ritmo del 0,4%.
En concreto, los recursos no financieros se sitúan en 194.280 millones, lo que implica un 27% más respecto al mismo periodo de 2021. Los impuestos alcanzan los 155.908 millones, el 80,2% del tota de los recursos, y crecen un 21,9% respecto a septiembre de 2021, en términos de contabilidad nacional.
De acuerdo con los datos de Hacienda, Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 14,9%. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 19,8% y los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 32,7% debido al IRPF, que se incrementa un 27,2%. Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se eleva un 65,7%.
En el caso de los ingresos del Impuesto sobre Sociedades crecen un 31%, si se deduce el ingreso extraordinario derivado de la fusión de dos grandes entidades que se recogió en 2021.
Asimismo, los impuestos sobre el capital aumentan 140 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior y los ingresos de las cotizaciones sociales descienden en un 2,3%, al tiempo que las rentas de la propiedad disminuyen un 3,8% respecto a 2021 debido a los menores ingresos por intereses, que disminuyen un 15,8% hasta 1.312 millones.
No obstante, Hacienda explica que esta disminución se compensa, en parte, con el aumento de los ingresos por dividendos y otras rentas de la propiedad en un 5,9% hasta los 2.036 millones.
Finalmente, los otros recursos no financieros aumentan en 13.300 millones, lo que se debe a que el efecto a favor del Estado de la liquidación definitiva de 2020 de Comunidades Autónomas y de Corporaciones Locales practicada en julio ha sido muy superior, en torno a 11.400 millones más, que el de la liquidación definitiva de 2019. No obstante, este efecto se va a ir atenuando a medida que avanza el año.
Por el lado de los gastos, hasta agosto los empleos no financieros del Estado se han situado en 210.549 millones, cifra inferior en un 0,4% a la registrada en los nueve primeros meses de 2021.
La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 60,9% sobre el total de empleos no financieros.
En concreto, en los nueve primeros meses del año ascienden a 128.171 millones, cuantía que incluye la compensación del SII-IVA de 2017 abonada a las comunidades autónomas por importe de 3.086 millones de euros, así como la partida destinada a las CCAA para cubrir la pérdida de recursos derivada de los saldos globales negativos de la liquidación de 2020, que ha sido de 4.404 millones.
A su vez, el Sistema de Seguridad Social ha visto incrementada su dotación un 5,7%. Este incremento procede en su mayor parte de la ejecución de nuevas aportaciones del Estado en 2022, sin correspondencia en el año anterior, como la destinada a cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación, por 2.079 millones, o los complementos de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos por 3.549
millones.
Por último, la remuneración de asalariados crece un 2,9%. Esta rúbrica, que se sitúa en 14.711 millones, incorpora la subida salarial para este ejercicio del 2% frente a un incremento salarial del 0,9% en 2021.
