BRUSELAS. El debate sigue abierto. El Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN) celebrado en Bruselas no se ha pronunciado sobre la implementación de un euro digital que acabaría paulatinamente con el dinero en efectivo en la zona euro y, progresivamente, en el resto de la Unión Europea (UE). En su lugar, el Eurogrupo abordó un día antes la posibilidad de sur la moneda electrónica conviviera en un inicio con el dinero en papel, confirmando el mandato y la función del Banco Central Europeo (BCE).
Basándose en las aportaciones del BCE y la Comisión Europea, los ministros debatieron los posibles impactos de un euro digital en el sistema financiero y el uso del efectivo. Este debate siguió al plan de trabajo sobre el euro digital, acordado por el Eurogrupo en su reunión de hace un año exactamente. En este contexto, los ministros expresaron sus opiniones sobre las posibles implicaciones para la estabilidad financiera del euro digital y sobre garantizar el atractivo del euro digital como medio de pago.
El Eurogrupo acordó que la emisión de un euro digital no debería obstaculizar la capacidad del BCE para cumplir su mandato y no debería perjudicar la estabilidad financiera. Al mismo tiempo, “debemos asegurarnos de que el euro digital pueda ser un medio de pago atractivo y apoyar la innovación en una economía digitalizada”, explicaron en sus conclusiones. Un resultado claro del debate fue que un euro digital solo complementaría el efectivo, no lo reemplazaría.
En la trastienda de esta decisión se encuentra la futura adhesión del resto de miembros de la UE al euro como moneda única, como acaba de hacer Croacia. Precisamente, ha sido en este ECOFIN donde el Consejo ha adoptado los últimos tres actos jurídicos que eran necesarios para que Croacia pueda introducir el euro el 1 de enero de 2023. Con ello se lleva a término en el Consejo el proceso que permitirá a Croacia convertirse en miembro de la zona del euro y beneficiarse de la utilización de la moneda común de la UE, el euro, a partir del próximo año.
Zbyněk Stanjura, ministro de Hacienda de Chequia, quiso felicitar a su homólogo, Zdravko Marić, “y a toda Croacia por ser el vigésimo país que se adhiere a la zona del euro. La adopción del euro no es una competición, sino una decisión política responsable. Croacia ha cumplido satisfactoriamente todos los criterios económicos requeridos y pagará en euros a partir del 1 de enero de 2023.” Uno de los tres actos jurídicos adoptados fija el tipo de conversión entre el euro y la kuna croata en 7,53450 kunas por 1 euro, que corresponde a la actual paridad central de la kuna en el mecanismo de tipos de cambio.
De otro lado, el Consejo ha decidido ofrecer una ayuda macrofinanciera adicional a Ucrania de 1.000 millones de euros con carácter de urgencia. Junto con la ayuda macrofinanciera de emergencia de 1.200 millones de euros ya desembolsada este año, la ayuda macrofinanciera total de la UE a Ucrania desde el inicio de la guerra asciende ahora a 2.200 millones de euros y se espera que siga aumentando en los próximos meses.
Esta ayuda financiera complementa otras ayudas de la UE a Ucrania en los ámbitos humanitario, de desarrollo, aduanero y de defensa. Esto proporcionará a Ucrania los fondos necesarios para cubrir necesidades urgentes y garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas. La ayuda macrofinanciera tiene por objeto hacer frente a las necesidades de financiación inmediatas y más urgentes de Ucrania, y garantizar que el Estado ucraniano pueda seguir desempeñando sus funciones más esenciales.
Esta ayuda se otorga en forma de préstamo a largo plazo en condiciones muy favorables, tendrá un periodo de disponibilidad de un año y se desembolsará en un único tramo, que podrá dividirse en una o varias partes. La nueva operación de ayuda macrofinanciera forma parte del extraordinario esfuerzo internacional por parte de donantes bilaterales e instituciones financieras internacionales, para apoyar a Ucrania en este momento crítico.
El desembolso tendrá lugar una vez que se haya acordado un memorando de entendimiento con las autoridades ucranianas. Incluirá el aumento de la transparencia y de la información sobre el uso de los fondos, y definirá el establecimiento de requisitos de información a los que estará vinculada la ayuda macrofinanciera.
En vista de la situación extremadamente difícil a la que se enfrenta Ucrania, el presupuesto de la UE cubrirá excepcionalmente los costes de los tipos de interés derivados de la ayuda macrofinanciera, en forma de préstamo, limitando así el impacto en la sostenibilidad presupuestaria del país. De este modo, la UE proporcionará un alivio financiero adicional a Ucrania y contribuirá a mejorar la sostenibilidad de su deuda pública.
La UE concertará un préstamo con un plazo de vencimiento prolongado a fin de proporcionar a Ucrania el máximo tiempo posible para volver a crecer, reconstruir su economía en consonancia con sus aspiraciones europeas y maximizar las posibilidades de reembolso íntegro
Por último, el ECOFIN ha abordado el Informe de sostenibilidad presupuestaria de 2021 que ha presentado la Comisión, con la evaluación de los riesgos para la sostenibilidad presupuestaria en el conjunto de la Unión Europea. En este caso se tienen en cuenta las repercusiones de las inversiones derivadas del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea («Next Generation EU»).
Este análisis determinará los riesgos presupuestarios que pudieran estar generándose en los Estados miembros en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Semestre Europeo. A juicio de la Comisión, los riesgos presupuestarios inminentes parecen globalmente limitados en la mayoría de los Estados miembros, aunque subsisten factores de vulnerabilidad presupuestaria y macroeconómica.
Los elevados niveles de deuda, que se han incrementado aún más como consecuencia de la crisis de la COVID-19, y las posiciones de inversión internacional netas extremadamente negativas en algunos Estados miembros representan un importante factor de vulnerabilidad a corto plazo.
Por ello, concluye que varios Estados miembros se enfrentan a riesgos importantes, principalmente como consecuencia de los elevados niveles de deuda de las administraciones públicas y de trayectorias de deuda ascendentes —que reflejan una posición presupuestaria de partida desfavorable— y, en algunos casos, de los incrementos previstos del gasto público relacionado con el envejecimiento de la población.
También señala la excepcional incertidumbre de las perspectivas económicas a que ha dado lugar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y los desafíos que plantean las elevadas tasas de inflación. Por ello, explica, si no se modifican las políticas, varios Estados miembros se enfrentan a riesgos elevados por los elevados niveles de deuda de las administraciones públicas.
Y observa que el desafío que plantea el cambio climático exige que los Estados miembros tengan cada vez más en cuenta sus repercusiones en la planificación presupuestaria y adopten políticas de mitigación y adaptación eficaces. Además, reafirma la necesidad de seguir aplicando, respecto de todos los ámbitos relacionados con el envejecimiento de la población, iniciativas estratégicas adecuadas que tengan en cuenta las especificidades de cada país.
Entre tales iniciativas estratégicas figura la adopción de nuevas medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, en particular promoviendo una participación más prolongada en el mercado de trabajo y tasas de actividad más elevadas y evitando el abandono precoz de la actividad laboral, sin olvidar que debe tenerse en cuenta la evolución de la esperanza de vida en la concepción de los sistemas de pensiones.