El Consejo de Europa pide a España abordar con urgencia la "grave" crisis de la vivienda

MADRID (EP). La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha advertido a España de la necesidad de hacer frente a una crisis de la vivienda "de graves proporciones", abordando los problemas estructurales que dificultan el acceso a una vivienda adecuada, como el bajo stock de viviendas sociales, los altos costes de alquilar o comprar una casa, los desalojos forzosos y el aumento de los niveles de personas sin hogar.

En su informe publicado este miércoles, después de la visita realizada al país en noviembre de 2022, la comisaria Mijatovic advierte de que España está atravesando una "larga y estructural" crisis de la vivienda, que ha afectado al disfrute del derecho a la vivienda de las personas, así como a muchos otros derechos, "durante décadas".

"La vivienda no debe ser tratada como un bien solo disponible para algunas personas. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el pleno disfrute de la mayoría de los demás derechos", defiende.

En este sentido, el informe señala que el problema de la falta de viviendas asequibles se ha visto agravado por las decisiones de "sucesivos gobiernos" que han permitido a firmas de capital privado invertir en viviendas y aumentar los alquileres, lo que ha provocado un aumento de los precios en el mercado inmobiliario que supera con creces el aumento medio del poder adquisitivo.

Asimismo, considera también preocupante el bajo 'stock' de vivienda social en el país, que atribuye a años de escasa inversión pública, señalando que, como en otras partes de Europa, la escasez de viviendas asequibles es un problema grave y creciente que empuja a un número cada vez mayor de personas a la inseguridad y la falta de vivienda, además de generar también importantes desafíos relacionados con la calidad de la vivienda.

En particular, la comisaria señala "con especial preocupación" la situación en el poblado de infraviviendas de la Cañada Real Galiana (Madrid), donde recuerda que se han venido sufriendo cortes de luz desde octubre de 2020, afectando a sus alrededor de 4.500 habitantes, incluyendo unos 1.800 niños.

De este modo, apunta que la falta de medidas adecuadas para hacer frente a la escasez de vivienda asequible en España ha provocado el endeudamiento de un gran número de familias y un fuerte aumento de los desahucios.

En este contexto, la comisaria acoge con satisfacción que el Plan Nacional de Acción para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 prevea una mayor financiación que los planes anteriores y un programa especial de atención a personas sometidas a desalojos forzosos, personas sin hogar, víctimas de violencia de género, y otras personas particularmente vulnerables, y que también se incluyan protecciones similares en el proyecto de Ley de Vivienda.

A este respecto, subraya la importancia de adoptar, "lo antes posible", dicho proyecto de ley de vivienda, subrayando la importancia de que las autoridades españolas a todos los niveles, incluidas las comunidades autónomas y los municipios, acompañen el proceso abordando de manera integral los problemas estructurales de vivienda, coordinándose entre sí y tomando todas las medidas legales y prácticas necesarias para garantizar la realización efectiva del derecho a la vivienda.

Por otro lado, en cuanto al problema de los desahucios, la comisaria invita a las autoridades españolas a considerar extender la suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables lanzada en respuesta a la pandemia de Covid-19 hasta que se encuentre una solución de vivienda más integral y sostenible para todos los necesitados.

De este modo, insta a adoptar un marco legislativo que establezca los requisitos y procedimientos apropiados a seguir para llevar a cabo desalojos, incluido el acceso a un recurso legal efectivo, y una estrecha coordinación entre el sistema de justicia y todos los servicios sociales relacionados.

Asimismo, reclama a las autoridades que garanticen la provisión de alojamiento alternativo adecuado para las personas vulnerables antes de la ejecución del desalojo y la modificación a tal efecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil española.