CARTAGENA. El TSJ ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por José Ignacio Hernández Anaya contra la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena (ADLE) y Aurora Ródenas Nicolás. Como consecuencia, se ha anulado la resolución emitida por la ADLE el 12 de febrero de 2021 en relación con el Proyecto de Formación "Cartagena Activa" al considerarla contraria a derecho.
En ese año la ADLE del Ayuntamiento de Cartagena abrió un proceso para la adjudicación de una plaza de formador y su posterior contratación laboral para el proyecto antes señalado, subvencionado por el SEF de la Región de Murcia. En dicho proceso la plaza resultó adjudicada a Aurora Ródenas Nicolás, miembro del PP de La Unión y hoy concejal delegada de Cultura, Educación y Deportes en el consistorio unionense.
El TSJ ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena, de noviembre de 2022 en la que se ordena anular las actuaciones desde la calificación de la Comisión de Selección, particularmente en el apartado de "experiencia laboral", y se requiere realizar una nueva valoración de los méritos de ambos implicados, Hernández Anaya y Ródenas Nicolás, antes de dictar una nueva resolución.
El demandante, José Ignacio Hernández, afirma que después de haber sufrido "un calvario" durante este periodo en el que decidió impugnar la valoración “se me han cerrado muchas puertas, entre ellas las del Ayuntamiento de Cartagena, además de haber recibido críticas de algunos trabajadores de la ADLE por mi actuación". Ahora ha decidido que reclamará los ingresos no percibidos y la experiencia no acumulada, al no haber sido el adjudicatario que considera de esta plaza. Añade Hernández que para él queda claro que se le "allanó el camino" para que la otra persona se quedara con su plaza.
El portavoz de MC, Jesús Giménez, tiene previsto reclamar explicaciones de esta actuación en el Consejo Rector que se celebra hoy ante lo que considere un escándalo pues podríamos estar ante "un trato de favor" y "en los procesos selectivos hay que ser especialmente escrupulosos".
El concejal de MC lamenta que "ahora el Ayuntamiento tiene que pagar las costas y presumiblemente indemnizar al perjudicado, pero la beneficiada por el error no tendrá consecuencias".
Fuentes municipales, explicaban, por su parte, que las comisiones evaluadoras de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) están integradas exclusivamente por trabajadores o funcionarios municipales, que son los responsables de valorar los méritos y puntuar en cada programa. Añaden las mismas fuentes que este es un asunto laboral, visto en un juzgado de lo social debido a una discrepancia sobre la valoración de la experiencia laboral de un aspirante, y nada más. "Los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de un recurso".
En cuanto a las insinuaciones sobre un posible trato de favor hacia algún militante del Partido Popular, añaden que "es absurdo sugerir intervención política. Primero, porque no hay políticos involucrados en la toma de decisiones; y segundo, porque la agencia ni siquiera estaba presidida por el Partido Popular. Al frente se encontraba Irene Ruiz, militante del Partido Socialista hasta su expulsión, quien no había permitido ninguna injerencia política".
