El Supremo tumba el recurso de Puerto Mayor y pone fin a 50 años de lucha en los tribunales

MURCIA. El Tribunal Supremo pone fin a un litigio de 50 años en Puerto Mayor. En una sentencia de apenas dos páginas con fecha del pasado 8 de noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha rechazado el recurso de casación que había interpuesto la promotora Puerto Mayor S. A. -la empresa fundada por promotor Tomás Maestre Aznar-, contra la resolución que resolvió la caducidad de la concesión. Cabe recordar que la mercantil había obtenido en 1975 la licencia para construir un puerto deportivo en la ribera mediterránea de la Manga del Mar Menor. Aquellas obras nunca se terminaron y convirtieron la zona en un esqueleto de pilotes de hierro y tablestacas.

Los magistrados argumentan "falta de fundamentación suficiente" para anular la sentencia, de 2 de noviembre de 2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, desestimatoria del P.O. 279/20, deducido contra la resolución del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que acuerda declarar la caducidad de la autorización otorgada por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 4 de julio de 1975, a Puerto mayor, S.A., para la construcción de un puerto deportivo de invernada, con otorgamiento de propiedad de determinados terreno ganados al mar, en la costa del Mar Mediterráneo, en La Manga del Mar Menor, término municipal de San Javier y para la construcción en terrenos ganados al mar en régimen de concesión de una pista aérea paralela a inmediata al contradique del puerto.

Puerto Mayor ha sido condenada igualmente a pagar las costas, 1.000 euros a la Abogacía del Estado y 500 euros a cada parte personada, entre las que se encuentra la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE). Puerto Mayor S.A. tendrá que hacerse cargo así de la restauración ambiental de la dársena, retirando las tablestacas de metal y restaurando la zona afectada por las obras ilegales para que vuelva a su estado original, suponiendo que tenga solvencia para hacerlo.

Puerto Mayor encara ahora una nueva etapa. En septiembre de este año se hacía pública la a adjudicación del proyecto de retirada de las estructuras metálicas que iban a formar parte del malogrado proyecto Puerto Mayor. La empresa Typsa será la encargada de redactar el proyecto de retirada de las tablestacas y restos de la obra frustrada casi desde su origen. Esa decisión ha supuesto un gran soplo de esperanza para las asociaciones ecologistas y buena parte de los vecinos de la zona.

Previamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contrató en junio de este año la redacción del proyecto de restauración de la Caleta del Estacio, incluido y presupuestado dentro del Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor.

Anse celebra el fin de una larga historia

En un comunicado de prensa, Pedro García, director de ANSE, ha manifestado que "la sentencia del Supremo cierra una larga historia de destrucción de este emblemático enclave de La Manga y el Mar Menor que nunca debió de producirse, y por la que sus máximos responsables, el expresidente Ramón Luís Valcárcel y el exdirector general Antonio Alvarado, no han asumido ninguna responsabilidad".

"Y aunque es probable que el coste de la restauración ambiental sea finalmente asumido por el Estado por insolvencia de la empresa, se demuestra que el trabajo continuado y responsable por la conservación de la naturaleza consigue resultados, y terminará generando beneficios ambientales, económicos y sociales a muchas generaciones, muchos más que los que habría producido la destrucción de la Caleta del Estacio", añade.

ANSE viene trabajando de manera ininterrumpida desde antes de 2005, con la ayuda de Greenpeace, para lograr en primer lugar la paralización de las obras de Puertomayor, y posteriormente para conseguir la restauración ambiental de los arenales de la Caleta del Estacio para un uso público responsable. La asociación se ha personado en todos los expedientes administrativos y judiciales relacionados con esta obra que el Gobierno de la Comunidad Autónoma nunca debió de haber permitido y apoyado.

Una lucha de décadas

Desde ANSE afirman: "Han tardado demasiados años, pero las decisiones judiciales y administrativas han terminado dando la razón a las organizaciones que desde comienzos de siglo vienen denunciando que las obras de construcción de un macropuerto para 900 embarcaciones, urbanización y otras infraestructuras asociadas en la caleta del Estacio, en la vertiente mediterránea de La Manga, eran ilegales".

El argumento esgrimido por el Gobierno regional en 2020 para acordar la caducidad "por la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente", es el mismo que ANSE planteó a comienzos de siglo en sus escritos al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para que no autorizara el reinicio de las obras.

La acción de protesta conjunta realizada a finales de enero de 2005 por voluntarios de Greenpeace y ANSE, paralizando las obras durante 30 horas, provocó la interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio Ambiente, que tenía como responsable por entonces a Cristina Narbona. La sentencia de dicha demanda confirmó la ilegalidad de las obras autorizadas por la Comunidad Autónoma.

ANSE y Greenpeace recordaron en varias ocasiones que las obras de Puerto Mayor eran ilegales porque fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo que nunca fue tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En su día, la empresa Puerto Mayor contaba con concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, pero dicha concesión caducó en 1988 sin que se realizara obra alguna.

El director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado autorizó en el año 2003 la realización de las obras de Puerto Mayor existentes en la actualidad y que correspondían a un nuevo proyecto presentado por la empresa en 2001, sin que el mismo contara con aprobación de la Comunidad Autónoma.

Estos hechos motivaron que ANSE presentara denuncia contra Alvarado por la comisión de dos supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

La Fiscalía hizo suya la denuncia de ANSE, lo que motivó que el Juzgado de Instrucción Nº5 de Murcia procesara a Alvarado por un delito de prevaricación. El director general no llegó a ser condenado por estos hechos al incurrirse en un defecto de forma en la tramitación del proceso judicial.

ANSE y Greenpeace presentaron diferentes escritos e iniciativas para acabar definitivamente con el proyecto de Puertomayor y evitar la reanudación de las obras, la última en julio de 2017 contra el 'Proyecto de conservación, mantenimiento y comprobación del tablestacado existentes en las instalaciones de Puerto Mayor, T. M. de San Javier', promovido por Puerto Mayor, S.A.

Recogida de firmas

Las ONGs entregaron en agosto de 2017 a la Comunidad Autónoma 22.000 firmas de apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, instando al Gobierno regional a la restauración de la playa del Estacio afectada por las obras y las 25 hectáreas de arenales anexos, con el fin de recuperar espacios naturales que también mejorarían la calidad de vida y el turismo en la zona, a la vez que mostraban su rechazo a cualquier autorización para continuar las obras.

La Demarcación de Costas en Murcia autorizó a finales de 2020 a ANSE a desarrollar una actuación experimental de restauración de 2,6 has de superficie de los arenales de la Caleta del Estacio (La Manga, San Javier, Región de Murcia) afectados por las obras de Puerto Mayor, que se está desarrollando actualmente, y que constituye un ensayo para la restauración ambiental de la totalidad de las más de 20 has de arenales que han sido salvadas de la destrucción de este tramo de costa.