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piden su dimisión

El PSOE exige la cabeza del consejero Motas "por su gestión de los ERTE"

12/05/2020 - 

MURCIA. Justo un día antes de que comparezca en la Asamblea Regional, el PSOE pide la dimisión del consejero de Empleo, Miguel Motas. Los socialistas consideran que el máximo responsable de la tramitación de los ERTE ha creado "una situación de inseguridad a las empresas y trabajadores". Y acusan a Motas de destituir a la directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral, Manuela Marín, "para salvar su puesto", por lo que reclaman su renuncia inmediata por "dignidad y respeto hacia la ciudadanía".

Así lo sostiene la diputada Virginia Lopo, quien reprocha que "la lentitud y descontrol" de la consejería de Empleo ha forzado al SEPE "a pagar los ERTE, en su mayoría por silencio administrativo, tras haber transcurrido el plazo de cinco días establecido por el Decreto 8/2020 para su tramitación por la Comunidad, que es la autoridad laboral, creando inseguridad a asesores y empresas de la Región". A su juicio, "si por algo va a ser recordado el consejero es por su nefasta gestión en la tramitación de los expedientes".

El consejero de Empleo comparecerá este miércoles en la tribuna de la Asamblea para rendir cuentas sobre la gestión de su departamento durante la crisis sanitaria del covid-19. Esta presencia en la Cámara -la tercera del Gobierno tras López Miras e Isabel Franco- fue solicitada tanto por el propio Motas como por el grupo del PSOE. "Ahora debe dar explicaciones a las empresas y familias de la Región que pueden verse afectadas porque el consejero no ha hecho su trabajo, y acto seguido debe dejar su puesto", esgrime Lopo.

La parlamentaria del PSOE aduce además que el consejero "tenía la posibilidad de pedir informes a la Inspección de Trabajo sobre los expedientes en los que tuviera dudas" y "no ha solicitado ni un solo informe para comprobar la legalidad de las peticiones". La diputada sostiene que se creó "una grave contradicción jurídica" al "permitirse que se tramitara algunos expedientes por silencio administrativo para después emitir informes en contra", tal y como denunció el Colegio de Graduados Sociales.

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