MURCIA (EUROPA PRESS). El PP refuerza su campaña contra la 'okupación ilegal'. Los populares, que han hecho de su rechazo a este fenómeno una de sus principales banderas, han iniciado una recogida de firmas para recabar el apoyo de la ciudadanía a la ley que esta formación ha presentado en el Congreso contra la 'okupación' ilegal. No en vano, advierten de que es un fenómeno "creciente" en la Región de Murcia, donde las denuncias han crecido un 20% en 2020 con respecto al año anterior.
Así lo han hecho saber en rueda de prensa el consejero de Fomento del PP, José Ramón Diez de Revenga; el secretario general del PP, Miguel Ángel Miralles; y el senador popular, Francisco Bernabé, para informar del contenido de la reunión que han mantenido previamente con los presidentes del PP en los municipios con el fin de impulsar iniciativas para luchar contra esta 'okupación' ilegal.
Miralles ha destacado que el PP es el "gran defensor de la propiedad privada que, como saben está recogida en la Constitución Española como un derecho fundamental". Y es que ha lamentado que "estamos viendo como, cada día, se siguen ocupando viviendas ilegalmente, esta semana mismo en Torreagüera".
Para luchar contra esta "lacra", el PP va a iniciar una campaña de recogida de firmas para lograr el apoyo ciudadano que le permita luchar contra la 'okupación' ilegal. El objetivo, añade, es "defender a las personas y las familias que, con tanto esfuerzo, con sus ahorros de tantos sacrificios, han adquirido su hogar o su segunda vivienda".
En concreto, el PP está presentando mociones en todos los ayuntamientos de la Región porque necesita "el compromiso de todos los partidos en la defensa de la propiedad privada". La recogida de firmas se está haciendo a través de la plataforma Change.org y también en papel en las distintas sedes locales del partido.
"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez niega la 'okupación' y se pone de lado de los que cometen el delito, el PP siempre defenderá a las familias a las que les han quitado impunemente su propia casa", ha aseverado el secretario general del PP.
Por su parte, Bernabé ha señalado que esta campaña de firmas se inicia "a raíz del clamor social que estamos constatando en los últimos meses". Así, los senadores y diputados del PP por la Región han estado visitando este verano distintos municipios de la Comunidad Autónoma respondiendo al llamamiento de las autoridades locales, que se quejan de la "problemática 'okupa'".
"Esto que hemos constatado en la Región se está viendo en toda España, motivo por el que la dirección nacional del partido ha decidido iniciar esta campaña de recogida de firmas", ha señalado Bernabé, quien señala que el objetivo es que los españoles digan si apoyan la ley del PP que, a su juicio, "soluciona lo que, hasta ahora, es un problema irresoluble como el de la 'okupación'".
Ha remarcado cuatro puntos fundamentales que contiene la Ley, como es el de promover los "desahucios exprés" en 12 horas, con un desalojo inmediato de los 'okupas' tras presentar la denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Asimismo, prevé penas de cárcel de uno a tres años para los 'okupas' por cometer un delito de usurpación ilegal de la propiedad".
En tercer lugar, la ley también prevé la prohibición del empadronamiento a los 'okupas' porque, a día de hoy, Bernabé recuerda que los consistorios no se pueden negar a ello, lo que da derechos a estas personas. Asimismo, la ley quiere dar personalidad jurídica y legitimación al ciudadano, así como a las comunidades de propietarios para que ellas, directamente, puedan ejercitar estos derechos.
"Como saben, en un edificio o una urbanización hay viviendas que pueden pertenecer a grandes poseedores como un banco o un fondo de inversión, que no les prestan la suficiente atención, y en esa vivienda entran okupas que crean un problema social, de conflictividad e, incluso, de inseguridad ciudadana", señala.
Hasta ahora, el problema no se puede solucionar si no actúa el propietario. Sin embargo, la ley del PP permite que las comunidades de propietarios "puedan dar ese paso y ellas mismas puedan resolver el problema sin tener que recurrir a uno de estos grandes tenedores de viviendas".
Una vez presentada la Ley en el Congreso e iniciada su tramitación en las Cortes, el PP se pregunta "qué va a hacer el PSOE". En concreto, Bernabé se pregunta si los socialistas "van a estar a favor de la protección de un derecho constitucional fundamental como el de la propiedad privada o a favor de los 'okupas'". En resumen, se pregunta si el PSOE "va a estar a favor del orden y del sentido común o si va a estar al servicio de su socio, Podemos".
A este respecto, Bernabé ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está traspasando ya todas las líneas rojas habidas y por haber". La última de ellas, afirma, se ha traspasado este mismo viernes en Barcelona, donde "hemos visto cómo al Rey de España se le ha prohibido por parte de Sánchez acudir al acto de entrega de despachos de los jueces, algo inédito en la historia de nuestra democracia".
Asimismo, reprocha que el ministro de Justicia anunció este mismo jueves que "iba a empezar la tramitación de los indultos a los golpistas y separatistas".
En cambio, señala que todo ello "no va a restar un ápice de energía al PP para sacar adelante esta ley", en la que "vamos contra los 'okupas, que quede claro, no contra aquellos que pertenecen a un colectivo vulnerable y no tienen medios para poder vivir, porque para ellos hay medios articulados desde el Gobierno regional y los ayuntamientos".
Por su parte, Díez de Revenga ha manifestado que el problema de la 'okupación' es "real" en la Región, donde hay 1.078 viviendas 'okupadas' según datos del Ministerio del Interior. "A alguien le pueden parecer pocas, pero en el PP no admitimos que haya ni una sola", ha afirmado.
Además, ha advertido que es un fenómeno "creciente" porque, según datos del Ministerio del Interior, en 2019 se registraron en la Región 147 denuncias por 'okupación' y en 2020 hay 176, lo que supone un 20% más. Por ello, el PP ha decidido "abanderar la lucha contra este fenómeno para atajarlo de raíz".
Ha desmentido que el perfil del 'okupa' sea el de una familia vulnerable que necesite una vivienda, "como alguna persona defiende". De hecho, afirma que la Comunidad y los ayuntamientos disponen de una amplia red de servicios sociales para "ofrecer viviendas a todo aquel que lo necesita".
Sin ir más lejos, ha recordado que el Gobierno regional tiene en marcha una ayuda de hasta 3 millones de euros a las ONG, como Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado. Cualquier familia que esté en riesgo de ser expulsada de su hogar, se puede poner en contacto con estas organizaciones y, en menos de 24 horas, se les ofrece una solución de vivienda.
Por tanto, remarca que el perfil de 'okupa' que se está detectando en la Región se corresponde con el de "auténticas organizaciones delictivas que, además, han montado una industria delincuente que se dedica a subarrendar las viviendas que 'okupan'".
El problema, por ello, "no es solo el de la flagrante violación de la propiedad privada, sino que además provoca desórdenes entre las propias comunidades de vecinos, con focos de delincuencia y degradación de barrios enteros". Incluso, señala que se han dado caso de viviendas 'okupadas' por estas "mafias" que empiezan a molestar a todos los vecinos, van 'okupando' las viviendas adyacentes y van extendiéndose como una mancha".
Además, estos focos se asocian "a otros actos delictivos, como el tráfico de drogas". Ha remarcado que esto es un "problema social que está generando una auténtica delictiva ante la complacencia de determinadas organizaciones de izquierda".