El PP debe renovar el CGPJ

CARTAGENA. Según una encuesta, el 80% de los votantes del PP apoyan la decisión de Feijóo de suspender las negociaciones para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Adoptó esa decisión tras consultar con nuestro presidente regional Miras, con la presidenta madrileña Ayuso y con el presidente andaluz Bonilla, entre otros dirigentes peperos. Aduciendo que era inmoral que los dos partidos mayoritarios se repartiesen los puestos del órgano de gobierno de los jueces, tanto los jefes de Vox como los de Ciudadanos (Cs) han alabado la ruptura de las conversaciones con el sector socialista del Gobierno nacional. Así pues, al defender que ha sido un error retirarse del pacto e instar a la dirección del PP a volver al redil cuanto antes, el Aparecido se encuentra en absoluta minoría. No importa. 

No ignora el Aparecido la profunda diferencia que separa al PSOE del PP en ciertas modificaciones legales en curso, pero estima que eso no debería ser óbice para proceder cuanto antes a la renovación de un órgano importante, cuyo mandato ya lleva cuatro años caducado. Un auténtico escándalo que debería ser corregido de inmediato.

"Al retirarse de las negociaciones, el PP ha imitado, paradójicamente, a los partidos que critica"

Ciertamente, el Gobierno nacional indultó a los sediciosos malversadores separatistas catalanes. Ciertamente lleva tiempo negociando con Izquierda Republicana de Cataluña (IRC), que participó activamente en la sedición, modificar la tipificación y rebajar las penas de ese delito. Ciertamente eso favorecería a Marta Rovira, la dirigente de IRC acusada de sedición, y al ínclito Puigdemont, cabecilla máximo del proceso. Ciertamente, esa modificación de la regulación penal de la sedición favorecería a los dirigentes separatistas con asuntos legales pendientes en los tribunales europeos. Tampoco ignora el Aparecido que todo esto va enmarcado en la pretensión del PSOE, Podemos, IRC y Bildu de configurar un Tribunal Constitucional que logre la maravilla de que, donde la Constitución reconoce la unidad inseparable de la nación española y la soberanía única del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, los nuevos constitucionalistas interpreten que, en realidad, está queriendo decir que España es una nación plurinacional (¿¿??) y que tampoco es para tanto desgajar alguna parte de su territorio si se hace sin lucha armada.

Nada de eso es nuevo. El Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) solo quitó de su ideario la autodeterminación de Cataluña hace una década. Y aun así lo hizo forzado porque la dirección del PSOE, en manos de un asturiano y una andaluza, dio a elegir a Iceta entre eliminarlo o que se crease el PSOE de Cataluña. Dicho partido (PSC) promovió la inmersión lingüística en catalán, luego extendida por el PSOE a las autonomías valenciana y balear. Además, formó con IRC el primer tripartito posterior a la transición y, de la mano con los separatistas, pergeñó un nuevo Estatuto de Autonomía tan inconstitucional que hasta el propio Guerra tuvo que ayudar a "cepillarlo como un carpintero" (En premio, no lo han invitado al cuadragésimo aniversario de su propia victoria electoral junto con González). Por si lo anterior fuese poco, el PSC se empeñó en que la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la autonomía catalana no incluyese el dominio sobre TVE3, con lo que esa emisora siguió haciendo propaganda separatista sin interrupción (en la práctica, apenas hace otra cosa). Y, más recientemente, su senadora Eva Granados ha estado manteniendo conversaciones con Puigdemont para convencerlo de que vuelva a España porque suavizarán las leyes penales que le afectan y, si fuese preciso, lo indultarían.

"El día que una bandera vasca se vea izada en una competición será el día en el que el Gobierno español haya reconocido ante la ONU que el País Vasco es una nación distinta de España" 

Tampoco es nuevo que el PSOE haya establecido una alianza preferente con IRC, Bildu y el PNV, tres partidos cuyo denominador común es erradicar las toponimias españolas en sus territorios, expulsar el idioma español de las escuelas, universidades, centros sanitarios y administrativos, y, en definitiva, desgajar España. Al parecer, el PNV ya ha conseguido de Sánchez la promesa de que un par de selecciones autonómicas de sendos deportes minoritarios jueguen en competiciones oficiales internacionales. El día que una bandera vasca se vea izada en una competición oficial será el día en el que el Gobierno español haya reconocido ante la ONU que el País Vasco es una nación distinta de España. 

Por si fuese poco, la siguiente amenaza es fragmentar la unidad legislativa y judicial española, para lo que cuentan con el apoyo entusiasta de Podemos, que sostiene que así se corregirían los desmanes cometidos por Felipe V con sus normas de Nueva Planta, argumento propio de los separatistas más venerables. Nada extraño después de leer en un artículo de uno de sus dirigentes en nuestra región, el señor Álvarez Castellanos, que a él le daría igual que Cataluña se separase de España. Al Aparecido, no. Finalmente, es cierto que España es uno de los dos países de la Unión Europea con órganos similares al CGPJ cuyos miembros son elegidos por el Parlamento y no por los propios jueces. Se trata de una restricción a la separación de poderes que el propio Comisario de Justicia europeo ha instado a España a corregir, enfoque que apoyan el PP y Cs.

A pesar de todos los riesgos que supone pactar con formaciones políticas y gobiernos que defienden esos planteamientos disgregadores y contrarios a la igualdad derecho, o los abonan a cambio de apoyos parlamentarios, el Aparecido insiste en que el PP debe atenerse a lo previsto por las leyes y volver cuanto antes a las negociaciones con el gobierno nacional para renovar el CGPJ. Una vez hecho eso, debe exigir la inmediata modificación del proceso de nombramiento de sus miembros para acomodarlo a las peticiones de la UE. La sospecha, bastante fundada, de que el presidente Sánchez está tramando con los separatistas una serie de novedades inaceptables para los sectores sociales que se sienten representados por el PP no debería impedir que el PP se avenga a cumplir las previsiones constitucionales. Mejor será que el pueblo español pueda discernir con claridad qué partidos se atienen al espíritu de la Constitución que confundirlo mezclándose con los que no la respetan. Al retirarse de las negociaciones, el PP ha imitado, paradójicamente, a los partidos que critica. Vuelta al redil constitucional ya.  

JR Medina Precioso

jrmedinaprecioso@gmail.com