El Mar Menor abre el primer agujero entre PP y Vox

MURCIA. Era la gran diferencia que les separaba en campaña electoral y tampoco desaparece en el seno del Gobierno regional, que ambos comparten. El pleno de este miércoles en la Asamblea Regional sacó a la luz la principal discrepancia de PP y Vox: la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. Los populares optaron por evitar el choque frontal, poniéndose de perfil y lanzando una propuesta de consenso mientras abogaban por una actitud conciliadora y no volar por los aires todos los puentes. Pero Vox, que a menudo se muerde la lengua contra su socio, consciente de su posición en el Ejecutivo, no pudo evitar hablar ayer de "situación complicada" y exigió la convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno que ambos partidos suscribieron en septiembre, al borde de la repetición electoral. Vox tenía que reaccionar de alguna manera: su proyecto estrella, la reforma de la ley que tanto bramó en la oposición -cuando entonces pedían la derogación, no la modificación- y que tanto ha perseguido desde que entró en el Gobierno regional, había quedado en un saco roto, rechazada por los votos del PSOE y Podemos y una calculada abstención del PP.

La ley del Mar Menor es una línea roja para los dos. En doble sentido. Para Vox, porque la quiere corregir de "forma urgente", porque se la debe a los agricultores, principal grueso de sus votantes y con quienes se comprometió a modificar un texto que, según su criterio, les "criminaliza". Pero también lo es para el PP, que ha hecho bandera de su "nunca daremos un paso atrás en la protección del Mar Menor", una consigna repetida hasta la saciedad. ¿Cómo explicaría ahora una reforma? ¿Cómo justificaría un cambio de rumbo? ¿Y cómo decirle 'no' a Vox sin cargarse el pacto de Gobierno? Ante este dilema, el PP, que hasta ahora había guardado silencio sobre la proposición de su socio, se sacó de la manga una solución salomónica: planteó una revisión del texto aprobado en 2020 con la participación de toda la sociedad, no sólo Vox. También del resto de partidos y, por supuesto, del sector agrícola y una larga lista de actores involucrados en el ecosistema (los ecologistas, los promotores inmobiliarios, los científicos, los pescadores, las universidades...).

La propuesta del PP no gustó nada a Vox, que se temía una maniobra de su socio. Una prueba de ello es la pregunta que formuló Rubén Martínez Alpañez al propio Fernando López Miras en la sesión de control de la tarde. "¿Cree usted que la agricultura es un problema para el Mar Menor?". No era una pregunta registrada por casualidad. Se lo olían. Aun así, Alpañez, pese a ser crítico en la rueda de prensa -donde afirmó: "El PP se ha alineado con la izquierda para que no prospere nuestra proposición de ley del Mar Menor"-, no se mostró especialmente duro en la interpelación al jefe del Gobierno. Hay equilibrios que guardar. Tampoco lo fue López Miras, que a diferencia de un Segado que por la mañana desmontó los principales puntos conflictivos del texto de Vox, se inclinó por defender la importancia de contar con todas las voces para alcanzar una reforma de consenso: "Estamos de acuerdo en muchos puntos de partida, por lo que es buena idea partir de cero para elaborar una propuesta que mejore la ley", esgrimía el presidente. Por la mañana, Segado hablaba de las contradicciones de la reforma de Vox. Por la tade, Miras hablaba de los puntos que les unen. Poli bueno, poli malo, que dirían.

Un atónito Antelo reconocía no entender la estrategia del PP: "No sé exactamente qué es lo que ha hecho el PP". El vicepresidente dejaba caer que "hoy" la situación del Gobierno "es complicada" y reclamaba la revisión de los acuerdos de Gobierno porque es "innegociable" la reforma de la ley del Mar Menor. De hecho, el documento que firmaron Segado y Alpañez en septiembre ya generó cierta controversia entre ambos partidos a la luz de la interpretación de la norma sobre la laguna. El acuerdo contemplaba, literalmente, que fijara como prioridad para el Gobierno "la recuperación del Mar Menor", pero no recogía taxativamente nada acerca de la ley aunque sí mencionaba el desarrollo de "todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección". Una redacción de hilo fino. Por eso, Vox, sabedor de la máxima del PP, se ha esmerado en sostener que su reforma 'no merma' la protección de la laguna. "No hay argumentos con lo que se puedan explicar que se desprotege el Mar Menor, sino que es exactamente todo lo contrario", clamaba Antelo.

Pero Segado se afanó en enumerar desde la tribuna todas las deficiencias que a su juicio existen en la propuesta de Vox: "Reduce la ley a un mero instrumento de coordinación sin que se promueva el conocimiento, el seguimiento, la conservación y la divulgación" del Mar Menor. Reseñó que la recuperación del ecosistema "deja de ser un objetivo de la ley". Además, elimina de los objetivos "las referencia a la protección ambiental, la aspiración a mejorar el ecosistema y la protección de la biodiversidad". También suprime "la monitorización permanente del estado de Mar Menor, como si cerrar los ojos ante un problema implicara solucionarlo". Y no se cortó en verbalizar las contradicciones de Vox con referencias a actuaciones bolivarianas, nada menos: "En su proposición hablan de fomentar el uso de energías renovables, pero en una clara contradicción prohíben las fotovoltaicas excepto para el autoconsumo". Eso, a su juicio, supone "en la práctica conceder a la Administración unas capacidades casi bolivarianas sobre el derecho de propiedad", señaló el portavoz del PP, que acusaba a Vox de "iniciar la casa por el tejado".

Hay más discrepancias que no afloraron ayer en la Asamblea. Por ejemplo: los saneamientos, un tema crucial para Vox, pues considera que el texto debe poner el acento sobre ellos. El PP nunca ha compartido esa tesis, que entre otras cosas pone en la diana a los ayuntamientos de la ribera del Mar Menor. Aunque López Miras concedió por la tarde que veía "acertada" la propuesta de una "auditoría sobre los saneamientos". Todo un gesto para apaciguar y, quién sabe, igual la auditoría despeja la polémica. Hay que recordar lo que decía en 2022 el portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, sobre el lobby agrícola que defiende esta teoría: "Nadie ha perjudicado tanto a la agricultura como la Fundación Ingenio". Antelo, en cambio, este mismo miércoles volvía a cargar contra los consistorios: "El gran problema son los ayuntamientos", cuyos saneamientos "no cumplen" y "están matando al Mar Menor, degradando toda la zona" y provocando que sus habitantes "estén perdiendo renta porque sus viviendas cada vez valen menos".

La ley del Mar Menor ha servido sobre la mesa la primera gran crisis de la coalición. Todavía es pronto para aventurar consecuencias drásticas. Ninguno de los dos quiere romper la cuerda que les une. Son los difíciles equilibrios de la política, con un Vox tan obligado a ser leal con el PP -y viceversa- en el Gobierno regional y en los ocho municipios que gobiernan juntos como enfrentado en la política nacional, donde hace tiempo que Abascal y Feijóo no van de la mano. No hace mucho ambos rompían en Cieza, aunque es una cuita estrictamente local. En la Región, el balance de la coalición es "positivo", aseguraba el propio López Miras este mismo lunes en el acto de aniversario de la Agencia Efe. ¿Y ahora? El lunes queda hoy muy lejos. ¿Qué opinarán ambos?