El juez investiga a las empresas Frahesa y Jurama por los contratos fraudulentos de la Confederación Hidrográfica

MURCIA. La denuncia ‘anónima’ por los supuestos contratos fraudulentos en la Confederación Hidrográfica del Segura llegó de un trabajador de la Comisaria de Aguas, un funcionario vinculado al sindicato Comisiones Obreras que presentó ante el juez una retahíla de adjudicaciones de contratos de obras y de asistencia técnica a dos empresas muy determinadas: Frahesa Obras y Servicios y Jurama Obras y Servicios, ambas vinculadas al ex funcionario de la CHS Manuel Bravo Martínez y administradas por Juan Víctor Bravo Tena (Jurama) y Manuel Alejandro Bravo Tenza (Frahesa).

La denuncia hacía hincapié en que estas empresas estaban siendo beneficiadas de una manera irregular en la adjudicación de contratos menores: inferiores a 50.000 euros en el caso de obras, y de 18.000 euros en el caso de asistencia técnica. Pero el hecho es que muchos contratos menores sostenidos en el tiempo (entre 2003 y 2018) habían sumado muchas adjudicaciones: hasta un montante en torno a los seis millones de euros, según han apuntado a Murcia Plaza fuentes de la investigación y el defensor de algunos de los imputados, el abogado Javier Pérez Pérez.

Este periódico, que informó este viernes en exclusiva de la imputación de una docena de funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura en la investigación, ha conocido que el número de imputados ya supera la veintena de los 300 funcionarios que conforman la plantilla del organismo regulador de la cuenca.

La denuncia que llegó al juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, cuyo titular es José Fernández Ayuso, fue investigada por las agentes de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada) que, llegados de Madrid y actuando como Policía Judicial, hicieron un primer registro en noviembre de 2018 en la sede la Confederación. En el Palacio Fontes de Murcia, la Policía requirió todos los contratos que se hubiesen realizado en los últimos quince años. El análisis de la documentación fue sorprendente: Frahesa y Jurama -con apenas dos trabajadores cada una- se habían llevado un buen pellizco de las adjudicaciones de contratos menores. La fórmula era sencilla, su control es menor y ante obras o informes de inferior cuantía se pedía presupuesto a tres o cuatro empresas para, en función del precio que ofertaran, realizaban la obra o el informe.

El responsable último de estas empresas era Manuel Bravo, antiguo funcionario de la CHS y los responsables de la adjudicación eran sus amigos. Y así figura en las diligencias de detención a la veintena de imputados: “…durante el periodo de tiempo durante el cual ha ejercido el cargo de … pudiendo ser el motivo de tales adjudicaciones el vínculo personal que le une al miembro principal de las empresas, Manuel Bravo Martínez”. Es decir, que es la Policía -y deberá ratificar el juez- que es el antiguo trabajador de la Confederación el máximo responsable de estas empresas, aunque figuren sus hijos como administradores.

La detención de los funcionarios y su imputación -entre ellos el expresidente de la CHS Miguel Ángel Ródenas y el exsecretario general José María Bernabé- ha sorprendido a la actual cúpula del organismo, que este viernes se limitaba a responder a quien le preguntaba: “Si alguien ha firmado algo que no debía, que asuma sus consecuencias”.

En cualquier caso, tras la llegada a la presidencia de Mario Urrea a la Presidencia, se dictaron nuevas normas que marcan controles más exhaustivos a la adjudicación de contratos menores; es decir: aquellos que no requieren de concurso público.

Jurama Obras y Servicios fue constituida en 2015 con un capital de 3.009 euros por los hermanos Raúl Jesús, Juan Víctor y Manuel Alejandro Bravo Trenza. Tres años después, y con cinco trabajadores, alcanzó unas ventas de 992.000 euros, que cayeron hasta los 78.000 en 2018, el año en que fue registrada tanto la sede de la Confederación como la de la propia empresa en Llano de Brujas.

Por su parte, Frahesa fue constituida un año después en  la localidad alicantina de Torrevieja y adquirida un año después por Juan Víctor Bravo. En 2008 ya alcanzó una facturación de 650.000 euros. Estas ventas se fueron reduciendo en los años sucesivos hasta los 110.000 euros en 2018, último año conocido.