El ingreso mínimo vital, bien pero mejorable

MURCIA. En este convulso año, por extraño que parezca, se ha llegado a aprobar un decreto ley sin ningún voto en contra en su tramitación parlamentaria. Se trata del Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo por el que se establece el ingreso mínimo vital.

Los precedentes son contundentes. Los indicadores de desigualdad en España empeoraron de forma alarmante durante los años de la reciente crisis alejándonos de medias europeas, las políticas encaminadas a luchar contra la desigualdad y la exclusión se han caracterizado por la dispersión territorial y conceptual y la eficiencia de las transferencias públicas se ha ido reduciendo en los últimos años.

"lo más importante es considerarlo una ayuda temporal en el camino de la inserción. El gran peligro es la cronicidad"

Sin duda, el factor que más influye en el incremento de la desigualdad es la falta de crecimiento económico sostenible y su más importante efecto: el empleo. Es el foco que debe tener toda decisión pública. El problema es que éste depende más del sector privado, por lo que las iniciativas de las Administraciones no son directas sino derivadas. Esto hace que los resultados no sean inmediatos (por lo que pierde "vistosidad") ni fáciles de explicar (por lo que pierde interés y evaluación del gestor).

Por lo tanto, es pertinente y necesario dedicar esfuerzos por evitar la pobreza extrema y la exclusión social, mientras llega o no esa situación económica que lo aminore de forma natural. Está idea está extendida, con independencia del signo político con el que simpaticemos.

Incluso para los menos sentimentales, podemos sostener que la reducción de la desigualdad ayuda a mejorar y sostener el incremento del PIB en algunas décimas. Pero lo más importante es considerarlo una ayuda temporal en el camino de la inserción. El gran peligro es la cronicidad.

El real decreto aprobado en mayo se basa en el estudio realizado por la AIRef en el año 2019 denominado Los programas de rentas mínimas en España. Curiosamente, fue un encargo realizado por el anterior Gobierno popular, en marzo de 2018. La finalidad de la ley y la mayor parte de su desarrollo es positiva y bien diseñada.

• Celebro el origen nacional y no contributivo de la prestación desde la Seguridad Social, que permite una igualdad entre todos los españoles (aunque no se incluyen los territorios forales por tener cedidas las competencias) y que no depende del maltrecho sistema de pensiones.
• Es clave la posible complementariedad con otros ingresos para no desincentivar la búsqueda de empleo. Es buena la iniciativa del Sello de Inclusión Social.
• Destaco el concepto de unidad de convivencia, con una amplitud razonable y donde se incluye el segundo grado de consanguinidad, como centro de la acción protectora y que en su diversidad se pueda llegar a un 220% de la renta garantizada.
• La Tarjeta Social Digital debe mejorar la coordinación de políticas sociales entre administraciones.
• Incluye la evaluación anual por parte de la AIRef, una comisión de seguimiento y un consejo consultivo. Parece nacer con buena voluntad de control.

Sin embargo, me surgen varias dudas y/o mejoras no incluidas:

• Una ley de envergadura como ésta no debe estar sujeta a la precipitación con la que se ha puesto en marcha. El colapso y la dilación en las resoluciones responden a un error por forzar y mezclarlo con la situación excepcional que vivimos. Tan solo cuatro meses después ha sido ya modificada en algunos puntos confusos y decenas de miles de solicitantes siguen sin obtener respuesta.
• No recoge la condicionalidad de itinerarios de inserción laboral y social que se emplean, por ejemplo, en las rentas autonómicas. Es cierto que el estudio de la AIReF los menciona como ineficaces e incluso prejudiciales. Pero no queda claro que sea por su concepto o por su mal diseño. El concepto transitorio para la inserción tiene que ser irrenunciable.
• Pese a su objetivo de simplificar y evitar solapamientos en las rentas de inserción, la realidad es todo lo contrario. En lugar de buscar una armonización de rentas mínimas existentes, se ha creado una nueva renta adicional que puede convivir con las antiguas.
• Esta ley requiere un amplio grado de coordinación con CCAA y CCLL, donde descansan las competencias en política social. Así se recoge en la propia ley. Sin embargo, no se ha contado con ellas para la tramitación del decreto ley ni para una financiación a las mismas para que asuman la delegación de funciones.

Un reparo ajeno a la ley en sí me produce especial rechazo. Cuando asumimos un gasto añadido, necesario y por todos de acuerdo, debemos plantearnos a qué debemos renunciar o cómo debemos mejorar la eficiencia del gasto público para no desequilibrar presupuestos, con nuestro déficit casi crónico. Sin embargo, la imprudencia en las declaraciones públicas me hace pensar que vamos en dirección contraria.

Con la aprobación a tramitarla como proyecto de ley, tenemos la posibilidad de mejorarla. Miedo me da que surjan nuevas ocurrencias que la destrocen…

Miguel de Pro. 

Economista.