MURCIA. Antes de que finalice julio, la Asamblea Regional va a nombrar a un nuevo presidente del Consejo de la Transparencia, que es el órgano independiente de control en materia de transparencia en nuestra Región, tal como viene establecido por los artículos 38 y siguientes de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Quédense con la denominación de la ley que, en su tramitación parlamentaria, fue considerada como la mejor y más avanzada de España por el portavoz del PP en la Asamblea Regional, porque en la sala de espera parlamentaria espera su turno la tramitación de la proposición de ley 10L-PPL-0012 de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción que propone "profesionalizar" el Consejo de la Transparencia despojándolo de su carácter independiente y participativo.
Curiosamente la iniciativa parte de un partido, Ciudadanos (Cs), que emergió en el panorama político español como un partido de la ciudadanía, valga la redundancia, regenerador de la cosa pública y estandarte de la lucha contra la corrupción. Es indicativo que en sus acuerdos de gobierno de coalición siempre ha exigido que se aparte a los políticos con alguna mácula de corrupción en su trayectoria pública y privada. No obstante, la iniciativa última supone transformar el Consejo de la Transparencia en un órgano susceptible de subordinación desde el momento que su presidente tendrá la consideración de alto cargo, y sueldo, y los vocales del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por razón de servicio (y sueldo). Es conocido que la retribución y la incardinación jerárquica suele atemperar la independencia o el criterio profesional de personas de reconocido prestigio y competencia en sus profesiones o áreas de conocimiento.
No se trata de focalizar el cambio normativo en un partido político o ideología concreta. La Consellería de Participación y Transparencia de la Generalitat Valenciana, pretende modificar el decreto de su Consejo autonómico de la Transparencia para aumentar las dietas de sus miembros más de un 50%. En la actualidad, su presidente cobra 400 euros y los vocales 300 euros por cada sesión. Es muy posible que los miembros del citado consejo estén mal remunerados: el reconocido prestigio y la competencia, o al menos su apelación en las leyes, se cotiza en el mercado de las responsabilidades (o en la dejación consciente de las mismas). Seguramente, los miembros del Consejo de la Transparencia de la comunidad vecina sean independientes y hagan gala de la misma, pero también es cierto que en la última década se han dado demasiados motivos, muchos de ellos corroborados por los medios de comunicación, para no sospechar que detrás de esto o aquello se ha edificado un "chiringuito" a la sombra del poder, de cualquier poder. Y esa sospecha, perdonen mi atrevimiento, pende sobre la modificación normativa de un Consejo de la Transparencia murciano en cuya conformación participa la sociedad y cuyos miembros, en representación de la misma, no han recibido ni un solo euro de retribución o indemnización por su participación en los años de su mandato.
Llegado a este punto, no se pecará de ingenuo si no presupone que la persona nombrada por la Asamblea Regional para dirigir el Consejo de la Transparencia, en sustitución de su primer y hasta ahora único presidente, José Molina, lo será también del nuevo órgano creado por la proposición de ley presentada por Ciudadanos, si esta es aprobada finalmente por la Asamblea Regional. Los medios de comunicación han comenzado a dar pistas, sean o no falsas: "Un joven concejal de Cs en uno de los municipios de la costa" (Montiel dixit), un conocido periodista… ¡Quién sabe!.
La elección del modelo de Consejo de la Transparencia no debería crear polémica en exceso si nos creemos lo que predicamos: que la información debe fluir en una sociedad moderna y emprendedora, que el acceso a la información pública, como derecho individual de la ciudadanía para un efectivo control de los cargos electivos, es fundamental en una democracia avanzada, que si la transparencia ilumina la actividad política disuade de la comisión de actos del tipo que hemos sufrido en la última década en forma de corrupción e inmoralidad política. Y esto significa que leyes que sustituyen a otras no deben ser regresivas, que la participación y control que ejerce la ciudadanía no tiene por qué ser del tipo profesional y remunerado, que se puede canalizar a través de la sociedad civil, y que es muy posible que haya personas independientes y de reconocido prestigio dispuestas a que tales atributos no sean empañados, o empeñados, por órganos a los que se les presupone servicio y dedicación al interés general, siendo en realidad chiringuitos.
El día 29 de julio, fecha del nombramiento de su nuevo presidente en la Asamblea Regional, toca saber qué tipo de Consejo de la Transparencia quieren nuestros representantes políticos. Estamos hablando, no es difícil deducirlo, de luces o sombras, de independencia y participación o de fidelidades y jerarquía, de gobierno abierto o cerrado.
