El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, en Madrid, horas antes de conocer la decisión del Gobierno central, junto con el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez (i), y el director general de Agua (detrás), José Sandoval. Foto: SERGIO PÉREZ (EFE)MURCIA. Agotadas las opciones políticas, ya no quedan más balas que la vía judicial. La Comunidad y los regantes recurrirán a la Justicia para revertir el plan hidrológico del Tajo, que condena al Levante a sufrir una merma de los envíos de agua de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos durante los próximos cinco años (desde este propio 2023 hasta 2027). El Gobierno central decidió seguir adelante con este recorte a pesar de las quejas de los regantes, que incluso se manifestaron, a la desesperada, a las Puertas del Palacio de la Moncloa mientras se reunía el Consejo de Ministros. No cedió la ministra Teresa Ribera, quien a cambio se comprometió a compensar con 140 hectómetros en desalación y también anunció una inminente rebaja del precio del agua desalada, que quedaría topada al 0,34 euros el metro cúbico.
El Ejecutivo nacional, por tanto, da luz verde a su hoja de ruta, tan temida por los regantes, que hasta el último momento se movilizaron intentando frenar el hachazo. Finalmente, el documento acordado establece un caudal ecológico en la cabecera del río Tajo, a su paso por Aranjuez (Madrid). Este caudal ascenderá de seis a siete metros cúbicos por segundo desde 2023, así como subirá a ocho desde 2026 y se elevará a 8,65 en 2027. Con todo, el Gobierno central deberá revisar las cuencas cada año. El texto, de hecho, admite la evaluación de la situación de ambas cuencas, tanto la cedente, en función de la situación de los caudales, como la receptora, de acuerdo al resultados de las inversiones en el Segura.
Nada de esto contentó a la Región de Murcia. El presidente murciano, Fernando López Miras, calificó la decisión de Ribera como "sectaria y arbitraria" y tachó la medida del Gobierno central como el "mayor ataque político a la Región de Murcia en décadas". En esos términos se expresó López Miras, que prometió no rendirse: "Vamos a dar la batalla contra un Gobierno que nos arrebata un elemento para nuestra vida". Agotará todas las opciones: "No vamos a tolerar que Pedro Sánchez recorte el 50% del Trasvase Tajo-Segura. No voy a tolerar que manden al paro a miles de trabajadores". Y en la misma tarde de este martes -que queda ya para la historia negra de la Región- Miras dio la orden a los servicios jurídicos de la Comunidad para emprender un recurso ante el Tribunal Supremo. También solicitará una reunión "cara a cara" con el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, a quien acusa de actuar "pensando sólo en quienes le votan". No sólo la Comunidad irá a los tribunales. Los regantes también adoptarán medidas legales. "No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contencioso administrativo porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están", adelantaba a Efe el presidente del Scrats, Lucas Jiménez.
Ribera, sin embargo, defendió durante su comparecencia de prensa que "sí" han tenido en cuenta los criterios técnicos a la hora de fijar el caudal ecológico para el río Tajo. "Hemos leído con mucha atención" el dictamen del Consejo de Estado sobre los planes de cuenca, que a su juicio "hace recomendaciones, no observaciones esenciales", entre las que se incluye "la necesidad de dotar de más claridad e información al trabajo conjunto entre administraciones por un lado y el seguimiento específico del buen estado del Tajo para aplicar las medidas necesarias por otro lado". Por ello anunció que "a partir de 2025/26 habrá datos contrastados sobre la mejora no tanto de la cantidad, que es a lo que afecta el caudal ecológico, sino con respecto a la calidad".
Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostraba pletórico, celebrando la "histórica" decisión del Consejo de Ministros. "Sonrojaba que el Tajo fuera el único río de Europa sin este caudal mínimo, pero esto hoy empieza a acabar", manifestaba, secundado por la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y las alcaldesas de Talavera de la Reina y Toledo. "Hoy empieza a cambiar de color y tendencia la humillación del Tajo, de las tierras que baña y de su población. Este acuerdo es la ejecución consensuada de las sentencias que han costado años de esfuerzo y perseverancia", afirmaba, exultante.
La estampa de Page era diametralmente opuesta al presidente murciano, quien en una de sus comparecencias más críticas cargó contra el Ejecutivo nacional por mandar a miles de familias a la ruina. "Van a dejar al Levante sin la mitad de sus recursos hídricos y sin alternativas reales ni de garantía", lamentaba, convencido de que la desalación "no es una alternativa por su coste inviable, su falta de calidad, su incompatibilidad medioambiental y por su dificultad técnica", en referencia a las promesas de la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "La ministra lo sabe, pero hoy lo ha ignorado. Ha mentido", recriminó, al tiempo que censuraba la "arbitrariedad" del Ejecutivo central -"eso es lo más grave"- para fijar los caudales ecológicos del Tajo".
El Trasvase Tajo-Segura, un motor que da trabajo a 250.000 personas en el Sureste español, queda desde hoy herido de muerte. La política no lo ha impedido. Sólo la Justicia puede evitar la estocada final.
