El Gobierno sigue negociando sobre la 'tasa rosa' y la gestación subrogada dentro de la ley del aborto

MURCIA (EP). El Gobierno continúa negociando algunos de los puntos incluidos en la ley del aborto en la que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo, como la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, conocida como la 'tasa rosa' o la persecución de las parejas que recurran a la gestación subrogada.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar esta norma en primera lectura en el Consejo de Ministros de este martes, pero la redacción del contenido todavía no se ha completado a causa de estos 'flecos' en los que todavía no ha habido consenso.

Este viernes, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, hacía un llamamiento a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que "recapacite" en cuanto a la 'tasa rosa'.

El objetivo del departamento de Irene Montero en la ley es que el IVA actual a los productos de higiene femenina, como compresas, tampones, copas menstruales y protegeslip, que se sitúa en el 10%, se baje hasta el tipo superreducido del 4% o, incluso, que se elimine.

Fuera los PGE

Montero ha expresado en algunas comparecencias, además, su deseo de que en este paquete de productos se incluyan también los pañales infantiles y de adulto ya que, además de ser de primera necesidad, a su juicio, están vinculados con la brecha de género ya que los cuidados recaen principalmente en las mujeres.

Hacienda no se ha manifestado sobre su decisión en este tema, pero el ministerio ya se opuso a esta medida durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, argumentando que aprobarlas supondría "aumento del gasto o minoración de ingresos".

Aportaciones desde Justicia

Otra de las propuestas de Igualdad que sigue en el 'aire' es la persecución de las parejas que recurren a la gestación subrogada, que sigue siendo negociada con Justicia.

El ministerio que dirige Pilar Llop ha explicado a Europa Press que están analizando el texto para, como ocurre con todos los anteproyectos de ley que son aprobados en primera vuelta en el Consejo, realizar las aportaciones necesarias al mismo.

Y es que, tras su aprobación el martes por parte del Gobierno, el texto deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento.

Acuerdo para el aborto

En donde sí se ha conseguido ya el consenso entre los socios de Gobierno es en los artículos sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de las menores de 16 y 17 años sin permiso paterno. Además, se elimina también la tutela para las mujeres con discapacidad.

Esta es la medida que motivó principalmente esta reforma, en la que además se ha incluido la eliminación de los tres días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar y se obliga a reforzar el sistema público para ofrecer este servicio en los centros públicos.

En este sentido, el anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la Ley de Eutanasia.

También se ha logrado consensuar entre los ministerios la creación de una baja por menstruación dolorosa. Fuentes del Gobierno confirmaron este viernes este punto que habían estado negociando Igualdad e Inclusión, Seguridad y Migraciones.

Críticas del PSOE

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, explicó en declaraciones a los medios que será una incapacidad temporal que estará asumida por la Seguridad Social "desde el minuto cero" para que no haya discriminaciones en la contratación de la mujer.

Además, no se exigirá, como sí se hace en el resto de incapacidades temporales comunes, un mínimo de días cotizados; ni tampoco se establecerán días concretos para la baja, sino que será lo que necesite cada mujer, según han explicado las fuentes del Gobierno.

Montero celebró a través de su cuenta de Twitter este acuerdo y ha señalado que España "avanza" para que "no sea normal ir al trabajo con dolor" y para "acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla".

Sin embargo, la secretaria de Igualdad del PSOE, la diputada Andrea Fernández, escribía un día antes de este anuncio que "las reglas no incapacitan por sí mismas", sino que, generalmente "esconden una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar adecuadamente". A su juicio, "normalizar que la regla duele deteriora" la "salud" de las mujeres y "en algunos casos, muy gravemente".

"Las mujeres necesitamos investigación, diagnóstico y tratamientos adecuados para abordar los padecimientos asociados a nuestro aparato reproductivo. Asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial", ha señalado la dirigente socialista.