El alcalde sostiene que el cambio de normativa de las granjas (el motivo que originó la protesta) afecta a las instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, "pero no a las 700 actuales"
MURCIA (EP/EFE). Hechos lamentables. Así califica el Gobierno regional lo ocurrido este lunes en Lorca, cuando un grupo de unos 30 manifestantes ha irrumpido en el Pleno lorquino, saltándose el cordón de seguridad, en protesta por la moción del Gobierno local (formada por PSOE y Cs) para modificar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). La sesión plenaria tuvo que ser suspendida, ya que el grupo ha entrado en las dependencias del Consistorio justo en los minutos previos a la celebración del debate. El Ejecutivo murciano ha condenado los hechos y la oposición regional ha calificado el asalto como un "ataque a la democracia". El propio alcalde del municipio, el socialista Diego José Mateos, lo ha comparado con los incidentes acaecidos en Washington hace un año, cuando una oleada de seguidores de Donald Trump tomó el Capitolio.
La mañana en Lorca ha estado marcada por las manifestaciones. Unos 700 ganaderos han tomado las calles en señal de protesta, porque consideran que la medida del Consistorio lorquino supondría "detener la implantación de nuevos cebaderos o la ampliación de los que ya hay existentes", según señaló a Europa Press el presidente de Adespo Lorca, Paco Román.
Los ganaderos, cuya protesta en las calles -que no en el Ayuntamiento- fue respaldada por PP y Vox, se oponen a que las futuras granjas de cerdos que se ubiquen en el término municipal de Lorca, tal y como recoge el plan del Gobierno, "no puedan estar a una distancia de 1.500 metros de los núcleos urbanos, ni a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas y a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas". La modificación del PGOU también prevé que la ampliación de las ya existentes no puedan estar a menos de 1.000 metros de los núcleos de población.
El pleno que iba a votar el cambio de norma estaba previsto que se celebrara en el Centro de Desarrollo Local (dependiente del Ayuntamiento). Pero unos treinta manifestantes burlaron la seguridad policial, subieron por las escaleras hasta la cuarta planta y lanzaron gritos y amenazas contra el equipo de Gobierno a la vez que advertían de que iban a quemar el edificio, según informa la Agencia Efe. Los manifestantes, de hecho, llegaron hasta la puerta del despacho en el que el alcalde, Diego José Mateos, el concejal de Urbanismo y representantes del sector ganadero se reunían para tratar de desbloquear la crisis, según detalla la citada agencia.
Mateos, que asegura que siente "desconcierto", sostiene que la normativa afecta a las instalaciones nuevas o ampliaciones de existentes, "pero no a las cerca de 700 que operan en el término municipal". Por eso, dijo, "a las granjas existentes legales no les afecta, a ninguna, y es una medida de regulación de un sector de cara al futuro". En su opinión, "no se ha explicado bien o algunos se han dedicado en los últimos días a intoxicar, desinformar y enervar a la gente para que, por desconocimiento, exigieran cosas".
Por la tarde, el Gobierno regional ha reaccionado con un comunicado en el que "lamenta y condena los actos sucedidos en la mañana de hoy en Lorca". El Ejecutivo que preside Fernando López Miras, asimismo, hace un llamamiento al diálogo y el entendimiento. "La actitud de unos pocos no define ni puede representar a la de todo un sector que se manifestaba pacíficamente. Este tipo de actitudes no tienen cabida en la sociedad actual por lo que reprobamos lo ocurrido en el día de hoy", recalca.
No obstante, el Gobierno regional también lanza una pulla al Consistorio lorquino, a quien culpa de "romper" el consenso. "En relación a la modificación propuesta por el Ayuntamiento, la Consejería [de Ganadería] lamenta que se haya roto el consenso adoptado con el sector la regulación de la ganadería, ya que toda medida de alcance que se tome debe contar con el consenso necesario por la relevancia y repercusión que tiene", critica.
El consejero de Ganadería y Medio Ambiente, Antonio Luengo, compareció para dar su versión de los hechos en rueda de prensa. "Unos cuantos violentos bajo ningún concepto representan a la mayoría de ganaderos de la Región", declaró. "No podemos permitir que actuación de unos pocos manche a un sector y tampoco podemos permitir que se altere el funcionamiento democrático de una institución como es el Ayuntamiento", censuró. Y añadió, dejando clara su condena: "Bajo ningún concepto podemos justificar ningún tipo de actitud".
Luengo también reclamó que el Ayuntamiento y el sector que trabajen en una mesa "de forma sosegada, educada y racional" y que se pongan encima de la mesa los distintos puntos de vista para llevar a cabo una normativa "que no condene una actividad como la ganadera". Y subrayó: "Había un acuerdo, no entendemos por qué no se ha respetado", por lo que, añadió, pidió que se trabaje para alcanzar el consenso. "Una normativa de tal caldo no se pude adoptar sin consenso y a espaldas de un sector afectado", avisó.
Las reacciones políticas se han sucedido sobre un hecho que ha sido comparado por muchos como "un asalto trumpista" al Ayuntamiento de Loca, en referencia a los altercados que se produjeron el 7 de enero de 2021, cuando un grupo de manifestantes estadounidenses irrumpió en el Capitolio para cargar por el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden frente a Donald Trump.
Así lo han dicho explícitamente desde Izquierda Unida-Verdes: "En el más puro estilo Trump (llenando de fake news las asociaciones de ganadería lorquinas y promoviendo la violencia), la extrema derecha ha propiciado un asalto al Pleno de Lorca, donde los concejales debatían las normativas de nuevas instalaciones agrícolas y ganaderas", recriminó la concejala Gloria Martín, quien ha denunciado también que "han herido a cuatro policías y han amenazado a las concejalas y concejales con no salir vivos de aquí".
El alcalde lorquino manifestó su repulsa por el comportamiento de un grupo de personas que "ha invadido una propiedad municipal" para "intentar agredir y coaccionar la libre deliberación y el libro voto del máximo órgano de representación municipal". Mateos puntualizó que se suspendió el pleno, aplazado para otra fecha, porque la Policía "no podía garantizar la seguridad de concejales, trabajadores y usuarios del edificio".
Por su parte, el delegado del Gobierno y líder de los socialistas regionales, Pepe Vélez, ha señalado que "López Miras no puede permanecer callado ni un minuto más ante un ataque a la democracia de tal calibre". Vélez ha exigido a todas las fuerzas democráticas de la Región que condenan sin ningún tipo de peros la agresión intolerable a la soberanía del pueblo que ha tenido lugar hoy en Lorca". Y agrega: "Imágenes como las de hoy, no pueden empañar a un colectivo como el de los ganaderos y los agricultores que trabaja día a día, y con el sudor de su frente, para abastecer a nuestra región y a nuestro país".
Desde Podemos también se suman a la condena y culpan a dos partidos de lo sucedido: "PP y Vox alimentan los bulos, alimentan la violencia y no miden las consecuencias", reprochó la portavoz del Grupo Mixto y diputada de Podemos, María Marín. "O quizás sí, y lo que buscan son hechos violentos como el asalto al Ayuntamiento de Lorca. ¿Algo que decir, señor López Miras? Faltaba usted con disfraz de cuernos", tuiteó la dirigente morada.
"Lamentables los hechos ocurridos esta mañana en Lorca", escribió la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. "Mi apoyo al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, nada justifica un asalto a la casa de tod@s l@s lorquin@s [sic]. Las causas se defienden dialogando, y la democracia unidos frente a los violentos".
Por la tarde, el PP emitía una nota para condenar la violencia: "El PP rechaza los actos violentos sucedidos en Lorca y hace un llamamiento al diálogo. Ningún tipo de violencia está justificada y la actitud de unos pocos no puede representar las legítimas reivindicaciones del sector", enfatizaron los populares al tiempo que indicaban: "La actitud inadecuada de unas pocas personas no puede distorsionar la legítima protesta de los ganaderos que se manifestaban pacíficamente ante un Gobierno lorquino que rige el Consistorio sin escuchar ni buscar el consenso en decisiones tan importantes que afectan a muchas familias".