MURCIA (EFE). La Fiscalía insiste y secunda al juez instructor: Pepe Vélez debe ser juzgado. El fiscal, en un informe notificado a las partes, ha reiterado su solicitud de que el secretario regional del PSOE, José Vélez, vaya a juicio en el 'Caso Feria Taurina del Arroz' en el que se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con ocasión de la feria taurina de Calasparra, cuando era alcalde de esta localidad (lo fue entre 2014 y 2020).
Las actuaciones se siguen también contra los dos exconcejales de Festejos que se sucedieron en los años 2017 a 2019, que son los que comprende la investigación, Jordi Arce y Antonio José Merino, y contra el empresario Pedro Pérez “Chicote”, organizador de los espectáculos taurinos en las últimas temporadas.
El fiscal del caso ha hecho esa solicitud en el escrito presentado en el juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz en el que se opone a la solicitud de su defensa, que interesó el archivo de las actuaciones al no ser los hechos investigados constitutivos de delito alguno.
El Ministerio Público apoya la decisión del juzgado, que el pasado septiembre acordó la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, algo que había solicitado aquel.
Aquel auto del juez instructor situó a Vélez al borde del banquillo de los acusados. Sólo un recurso de última de hora ante la Audiencia Provincial puede evitar que se siente ante un juez como acusado. De hecho, el exregidor presentó un recurso un recurso ante la Audiencia Provincial contra el auto de procesamiento notificado.
Ahora, la Fiscalía, al oponerse a la estimación del recurso de Vélez, señala que en el mismo, para pedir el sobreseimiento del caso, se entra en el fondo del asunto a través de consideraciones y alegaciones que son más propias de la fase del juicio oral.
El auto judicial cuya confirmación pide el fiscal considera que de lo investigado hasta ahora se deducen indicios bastantes que apuntan a la presunta comisión de esos delitos por haber asumido el ayuntamiento gastos que no le correspondían y por procedimientos irregulares.
Las diligencias se centran, según la resolución, en las relaciones jurídicas del consistorio con la empresa de Chicote tendentes a la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas para los festejos taurinos de la Feria que se celebraban por la tarde.
Para ello, añade, se firmó convenio en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el consistorio; un segundo convenio en 2018, con el mismo objeto, en el que el precio era de 37.000, y un contrato menor de 15.000 en 2019. En total, 82.000 euros que, según el juez, no estarían justificados.
El magistrado, tras concretar cronológicamente los hechos objeto de investigación, describiendo cada una de las cantidades satisfechas por el consistorio, resume que en los tres años se observa cómo el ayuntamiento de Calasparra, sistemáticamente, asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto era el empresario igualmente investigado.
Afirma también que ese beneficio derivaba de abonos directos hechos a la empresa por facturas que carecían de justificación y que el ayuntamiento tampoco requirió, por desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de propiedad particular.