El derribo parcial del muro de la prisión de San Antón no supone el fin a cuatro años de lucha en su intento de protección

CARTAGENA. La empresa Hospital Perpetuo Socorro, propietaria de los centros sanitarios de la calle Sebastián Feringán y de la Alameda de San Antón ha iniciado el derribo parcial del muro de la prisión de San Antón poniendo fin -al menos de momento- a cuatro años de litigios en la lucha de protección del recinto. En 2017 compró esta propiedad que se ha visto inmersa en un intrincado camino judicial hasta que la sociedad conseguía hace un par de meses -a comienzos de junio- la licencia para poder derribar estos muros que no están protegidos.

Hay que recordar que los actuales propietarios pidieron en su día una licencia a Urbanismo para tirar la cárcel en su totalidad. El objetivo era ampliar servicios clínicos y camas dependientes de su contiguo hospital de la calle Sebastián Feringán y construir un aparcamiento. Los informes 'contradictorios' de la Dirección General de Bienes Culturales hicieron que el Ayuntamiento se opusiera a la concesión de dicha licencia, ya que los mismos indicaban que parte de la cárcel debía estar protegida.

Ante esta negativa municipal, la empresa presentó en 2019 una querella por prevaricación continuada contra la entonces alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, por llevar más de dos años sin conceder la licencia municipal de derribo de la cárcel, pidiendo 700.000 euros de compensación y una inhabilitación para cargo público de hasta 15 años. El abogado del hospital Manuel Abadía, recordaba que su cliente compró el terreno al Gobierno central en tercera subasta por 560.000 euros en enero de 2017, solicitando un mes después la licencia municipal para el derribo de un inmueble que 'no contaba con figuras de protección' y cuya compra desestimó previamente el consistorio y argumentaba en 2019 según jurisprudencia del Tribunal Supremo, transcurridos los tres meses de plazo sin que se haya concedido el permiso, se debe estimar que el responsable municipal incurre en un delito de prevaricación, penado con entre 7 y 10 años de inhabilitación para cargo público, que se ve agravado en este caso, según subrayaba Abadía, al haber transcurrido más de dos años desde la petición.

El juzgado de Instrucción 1 de Cartagena indicó a finales de 2019 que la alcaldesa no cometió un presunto delito de prevaricación administrativa, sino que además actuó al amparo de una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y con el objetivo de evitar un "daño irreparable", mientras la Comunidad Autónoma decidía si declaraba protegido todo el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC).

"A pesar de que inicialmente la Dirección General de Bienes Culturales denegó la extensión de la protección solicitada por el Consistorio, finalmente, mediante auto de 3 de mayo de 2019, la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia acordó concederla conforme a lo solicitado", publicaba La Verdad en diciembre de ese año. Había elementos, como el cuerpo de guardia, las garitas y un pabellón que estaban protegidos.

De esta manera, el Hospital Perpetuo Socorro cambió de estrategia y decidió pedir licencia de demolición de aquellos elementos que ni el juzgado ni la dirección general consideran que no está protegido, de ahí que una de las imágenes de este mismo martes fuera la del derribo de estos históricos muros.  

Construida en 1935 por Vicente Agustí Elguero

La Prisión de San Antón, en Cartagena, fue construida entre 1935 y 1936 por Vicente Agustí Elguero, arquitecto de la Dirección General de Prisiones. Desde 1936 hasta 2002 funcionó como centro de reclusión para presos comunes y político-sociales. 

En 2002 se convierte en Centro de Acogida de presos con régimen abierto de tercer grado y como tal funcionó hasta junio de 2010. Tan solo un mes después, en julio de 2010, pasa a ser el Centro de Inserción Social de Cartagena (CIS), dependiente del CIS Guillermo Miranda de Murcia. Su objetivo fue la integración de reclusos procedentes de la comarca de Cartagena que están en régimen de semilibertad, facilitando el tránsito de la vida interna a la vida social exterior.  La orden de transformación llegó a publicarse incluso en el Boletín Oficial del Estado, pero nunca se llevó a cabo. Pocas semanas después fue abandonado.