CARTAGENA. Después de una semana de recurrentes declaraciones de los políticos municipales pidiendo al Ministerio de Justicia una reunión para aclarar cómo, cuándo y dónde se ubicarán nuevos juzgados en Cartagena, la situación, lejos de arreglarse, se enreda un poco más con las manifestaciones de la alcaldesa y la vicealcaldesa exigiendo a Justicia soluciones y medidas inmediatas para la nueva Ciudad de la Justicia.
Pero la realidad es la que es: el partido judicial de Cartagena reúne a los municipios de Cartagena, La Unión y Fuente Álamo, con una población próxima a las 300.000 personas, lo que supone cerca del 20 por ciento de la población de la comunidad autónoma, y en él se desarrolla el 30% de la actividad económica regional. El colapso se extiende de forma generalizada y corre el riesgo de acabar en un caótico despropósito.
Los juzgados salpican la ciudad: Social 2 y Social 3, Primera Instancia 2, Registro Civil y Contencioso Administrativo han sido ubicados en diferentes espacios en locales antes de uso comercial y ahora arreglados para solucionar un problema tan grave como urgente. Si a eso añadimos que debe instalarse próximamente un juzgado nuevo de Primera Instancia y otro de Mercantil, está claro que la Ciudad de la Justicia ya llega tarde.
Existe una alarmante falta de funcionalidad, un retraso en la tramitación de expedientes y un auténtico caos para los letrados y sus clientes, que deben andar de un lado para otro de la ciudad, casi con mapa en la mano para orientarse en este galimatías que se ha convertido la justicia en Cartagena.
Los políticos locales han pedido soluciones inmediatas. Tras rechazarse el hotel Peninsular para ubicar de forma provisional dos juzgados, a la espera de la obra de la Ciudad de la Justicia, se ha alzado la voz de los abogados, procuradores y gobernantes, tanto municipales como autonómicos. "El Ayuntamiento de Cartagena nunca va a tirar la toalla y nunca se va a rendir a que no vengan de forma provisional mientras no se lleve a cabo la construcción de la Ciudad de la Justicia los juzgados que necesita Cartagena", decía la alcaldesa durante unas ponencias con especialistas en Derecho Administrativo esta misma semana.
No faltan propuestas para usar distintos lugares donde reunir a los juzgados en un mismo espacio, pero todas languidecen fruto de la inoperancia administrativa que acaba lastrando la moral de unos y otros.
Todo hace indicar que los terrenos que ocupa actualmente la Factoría de Subsistencia de la Armada es el lugar convenido. A comienzos de este año la alcaldesa de Cartagena acordaba con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, la hoja de ruta para la adquisición del terreno. Se decidió la redacción de un protocolo entre el ministerio de Defensa y el ayuntamiento de Cartagena para la compra-venta de la factoría.
Pero, como no podía ser de otra forma, todo volvía a un vago recuerdo de un etéreo éxito, ya que pese al compromiso a apostar por la Ciudad de la Justicia, hasta 2021 no parece que haya indicio probable para que ésta sea una realidad. Además, el Ayuntamiento tendrá que rascarse el bolsillo y los terrenos deberán ser adquiridos por 7 millones de euros; o lo que es lo mismo, los ciudadanos pagan, por partida doble, el colapso judicial.
Los políticos locales saben que se juegan mucho al ser ésta una propuesta de 100 medidas, presentada tras el acuerdo del tripartito, de ahí el ruido generado días anteriores. Pero, por desgracia, no hay una solución tangible a corta, a media ni, tan siquiera, a larga distancia.
