MURCIA (Efe). El Ayuntamiento de Murcia ha llegado a un acuerdo con una de las promotoras con las que se firmaron en la década de los 2000 convenios urbanísticos para permitir que la empresa pueda construir en una parcela reduciendo la edificabilidad del convenio original, lo que obligará al Consistorio a devolver unos 2,7 millones de euros a la promotora.
Se trata de un acuerdo al que se ha llegado con la empresa Nicolás y Bienert SL, con la que el Consistorio firmó un convenio urbanístico en 2006 para urbanizar una parcela de más de 817.000 metros cuadrados en la pedanía de Cabezo de Torres con una edificabilidad de 0,5 metros por metro cuadrado.
La promotora debía abonar a la administración local por esos trabajos un total de más de 20,6 millones de euros de los que llegó a pagar en torno a 5,4 millones, según ha explicado en declaraciones previas al pleno municipal el concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero.
Al no haberse llegado a edificar el convenio, pasados ya más de 15 años de su firma, por no haberse desarrollado los planes parciales, el Ayuntamiento corría el peligro, como ha ocurrido con otras promotoras, de que la empresa solicitara la rescisión del contrato, teniendo que devolver el Ayuntamiento los 5,4 millones abonados, a los que habría que sumar en torno a un 30 por ciento de intereses.
Para evitar esa situación, o una judicialización del asunto, como también ha ocurrido con otros convenios de la zona norte, la concejalía ha llegado a un acuerdo con la promotora para rebajar la edificabilidad aprobada inicialmente a la mitad, 0,25 metros por metro cuadrado.
De esa manera, se reduce la cantidad total que la promotora debe pagar al ayuntamiento, que será de 2,7 millones de euros, por lo que el ayuntamiento solo deberá devolver a la empresa otros 2,7 millones.
No obstante, Guerrero ha confiado en que finalmente esos fondos no tengan que salir de las arcas públicas, sino que se permuten por las obligaciones que la empresa tenía para construir ciertos servicios y edificios deportivos en la zona.
El acuerdo mantiene la cláusula original de que el 10 por ciento de las viviendas que se construyan estén destinadas a protección oficial
Guerrero ha señalado que se están llevando a cabo también contactos con otros promotores con los que se suscribieron este tipo de convenios durante el mandato en la alcaldía del popular Miguel Ángel Cámara porque los coeficientes de urbanización que se aprobaron en aquel momento "son inviables".
"No se puede hacer una nueva ciudad en la zona norte con 400.000 habitantes, es inviable", ha insistido. Por ello, ha reiterado la importancia de seguir negociando las condiciones de estos convenios, aunque ha reconocido que será difícil en algunos casos en los que ya se ha judicializado el caso mientras que en otros ni siquiera se ha logrado contactar con los propietarios de los terrenos porque se desconoce quiénes son.
