Reunión de la Asociación del Parkinson de Cartagena. CARTAGENA. El Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Cartagena ha presentado una moción al pleno de mañana en la que pide el respaldo de la corporación en su petición al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que no cargue a la asociación del Parkinson de Cartagena los costes de mantenimiento por el uso de las instalaciones del Instituto Social de Marina.
La contribución que se está manejando supondría un impacto de 9.000 euros en las cuentas de la asociación que, como tantas otras organizaciones sociales, ya ha sufrido una importante merma en su ya escasa capacidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria. "Queremos el respaldo del pleno para poner freno a una situación injusta para una asociación sin ánimo de lucro que presta un servicio fundamental para los enfermos de Parkinson en sus tratamientos. Los 9.000 euros que les reclama el Ministerio supondría su desalojo de las actuales instalaciones y renunciar a los tratamientos que procura a los enfermos", ha señalado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que denuncia que "las cantidades solicitadas son inasumibles".
Arroyo ha informado que, de forma paralela a esta moción que impulsa el Gobierno, el ayuntamiento está trabajando junto a la asociación del Parkinson para obtener de la Tesorería General de la Seguridad Social la autorización del uso del antiguo Centro de Salud de San Antón para ubicarse, junto a otros colectivos que vienen demandando espacios públicos.
La iniciativa que se debate mañana surge ante la intención del Instituto Social de la Marina de pasar gastos de mantenimiento de su sede en Cartagena a la Asociación del Parkinson, que en ese edificio se dedica a realizar tratamientos y servicios en beneficio de las personas con esa enfermedad. Según el Gobierno, "la labor que realiza la asociación en beneficio, especialmente, de personas mayores, merece el respaldo de las administraciones, aunque su trabajo escape a nuestras competencias directas", dice Arroyo.
El gobierno ya se ha dirigido al Ministerio para que se reconsidere la petición del pago por mantenimiento y que, en todo caso, se suspenda hasta que culminen las gestiones que se están realizando ante un órgano del propio ministerio, como es la Tesorería de la Seguridad Social. Desde el Gobierno consideran que un pronunciamiento del Pleno mostraría el respaldo social que la Asociación del Parkinson merece para los cartageneros.
El Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Cartagena ha presentado una moción al pleno de mañana en la que pide el respaldo de la corporación en su petición al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que no cargue a la asociación del Parkinson de Cartagena los costes de mantenimiento por el uso de las instalaciones del Instituto Social de Marina.
La contribución que se está manejando supondría un impacto de 9.000 euros en las cuentas de la asociación que, como tantas otras organizaciones sociales, ya ha sufrido una importante merma en su ya escasa capacidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria. "Queremos el respaldo del pleno para poner freno a una situación injusta para una asociación sin ánimo de lucro que presta un servicio fundamental para los enfermos de Parkinson en sus tratamientos. Los 9.000 euros que les reclama el Ministerio supondría su desalojo de las actuales instalaciones y renunciar a los tratamientos que procura a los enfermos", ha señalado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que denuncia que "las cantidades solicitadas son inasumibles".
Arroyo ha informado que, de forma paralela a esta moción que impulsa el Gobierno, el ayuntamiento está trabajando junto a la asociación del Parkinson para obtener de la Tesorería General de la Seguridad Social la autorización del uso del antiguo Centro de Salud de San Antón para ubicarse, junto a otros colectivos que vienen demandando espacios públicos.
La iniciativa que se debate mañana surge ante la intención del Instituto Social de la Marina de pasar gastos de mantenimiento de su sede en Cartagena a la Asociación del Parkinson, que en ese edificio se dedica a realizar tratamientos y servicios en beneficio de las personas con esa enfermedad. Según el Gobierno, "la labor que realiza la asociación en beneficio, especialmente, de personas mayores, merece el respaldo de las administraciones, aunque su trabajo escape a nuestras competencias directas", dice Arroyo.
El gobierno ya se ha dirigido al Ministerio para que se reconsidere la petición del pago por mantenimiento y que, en todo caso, se suspenda hasta que culminen las gestiones que se están realizando ante un órgano del propio ministerio, como es la Tesorería de la Seguridad Social. Desde el Gobierno consideran que un pronunciamiento del Pleno mostraría el respaldo social que la Asociación del Parkinson merece para los cartageneros.
