Foto: MPMURCIA (MP / EP). El atasco judicial se cronifica en la Región de Murcia. Las cifras son históricas, nunca antes vistas. El pasado 2023 terminó con 179.188 pleitos y litigios sin resolver en los juzgados murcianos, un dato que supera en un 27% el registro del año anterior, que se saldó con 141.211, según la estadística oficial publicada este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos números significan que cada juzgado (cada órgano judicial, para ser preciso) soporta una media de 1.120 asuntos (entre litigios y pleitos) sin culminar, atascados en su recta final.
Hay que tener en cuenta que 2023 ha sido un año convulso para el mundo judicial, ya que se ha visto afectado por varias huelgas. Primero por los sucesivos parones de los letrados de la Administración de Justicia (desde enero hasta marzo) y luego por las protestas de los funcionarios (desde abril hasta julio). De hecho, desde el TSJ ya avisaban en el tercer trimestre de que la previsión era aumentar en un 30% la pendencia de este 2023. Finalmente ha sido un 27% en el caso de la Región.
Todos estos conflictos han tenido su repercusión: miles de procedimientos han quedado paralizados y muchos abogados y procuradores han padecido sus consecuencias. "La Justicia nunca ha sufrido un desprestigio tan grande", lamentaban desde el Colegio de Abogados cartageneros en un reportaje de este periódico.
A los efectos de las huelgas se unen los conocidos problemas endémicos de la Justicia, lastrada por la falta de recursos, como así reivindicaban jueces y fiscales en cada apertura del año judicial. O como diría el presidente del TSJMU, Miquel Pasqual del Riquelme, "las huelgas han sido la puntilla para la Administración de Justicia regional", pues "la paralización del primer semestre ha venido a coadyuvar para llegar a la dramática situación actual".
Así las cosas, el resultado son cifras demoledoras (un calificativo que se puede considerar objetivo a la luz de las estadísticas). Los 179.188 de 2023 y los 141.211 de 2022 superan, por descontado, los niveles más elevados de la pandemia, cuando las restricciones sanitarias agravaron aún más el retraso judicial. Sirva como ejemplo que en el año del confinamiento, en 2020, se cerró con 127.443 juicios sin resolver. 2021, por el contrario, hubo una tímida mejoría, al finalizar en 125.380.
Antes de la irrupción del coronavirus, la cuantía ya era alta, ya que 2019 terminó con 115.643. No en vano, se ha ido incrementando de forma vertiginosa con el paso de los años, pues 2018 se saldó con 101.462 y 2017 con 95.118 asuntos pendientes. Es decir, los litigios y los pleitos en trámite han crecido un 42,4% desde 2017 hasta 2022. Y desde 2017 hasta 2023 la cifra asciende a la friolera del 88%, lo que pone en evidencia la carga de trabajo que afrontan los funcionarios de la Justicia.
En total, los órganos judiciales de la Comunidad murciana contabilizaron 219.180 asuntos, un 1,2% menos que en 2022. El número de nuevos asuntos sólo creció en el orden Civil (un 1,5%) mientras que en las jurisdicciones Penal, Contenciosa y Social bajó un 3,1%, un 4,9% y un 1,2%, respectivamente.
Fuentes de Europa Press detallan que en el orden Civil, los órganos judiciales registraron 91.067 asuntos en 2023, lo que equivale a un incremento del 1,5% respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 64.293 asuntos, un 17,4% menos que en 2022, y quedaron en trámite 107.816, un 30,1% más. Colocándose los juzgados de Instancia murcianos, con una tasa de 2,70, en los órganos más congestionados de todo el país.
En la jurisdicción Penal ingresaron 110.089 asuntos, con un descenso del 4,9%; se resolvieron 100.520 asuntos, un 9,4% menos respecto a 2022, y quedaron en trámite 49.418 asuntos, lo que supone un incremento del 23,2% respecto al ejercicio anterior.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 6.130 nuevos asuntos supuso una disminución interanual del 4,9%. También se redujo, en 15,1%, el número de asuntos resueltos, que sumaron 5.271. Al final del periodo quedaron en trámite 7.093 asuntos, un 16% más.
El ingreso de 11.849 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un descenso del 1,3% respecto a 2022. El número de asuntos resueltos se situó en 9.080, un 19,1% menos que el año anterior y el de asuntos en trámite, en 14.816, un 22,4% más.
La paralización de los juzgados y tribunales de la Región y la falta de registro de nuevos asuntos durante el primer semestre del año por la huelga hicieron que la tasa de litigiosidad anual (141,3) se colocara, por primera vez, por debajo de la media de España en 2023, que fue de 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, la Región de Murcia recuperó su alto nivel de litigiosidad en el cuarto trimestre, ya que se ha colocado entre las comunidades autónomas con mayor tasa de conflictividad, sólo superada por Canarias.
"Las huelgas han sido la puntilla para la Administración de Justicia regional", según el presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme, quien ha señalado que "la paralización del primer semestre ha venido a coadyuvar para llegar a la dramática situación actual".
"La combinación de una litigiosidad por encima de la media nacional y una de las ratios más bajas de jueces por cada 100.000 habitantes del país, mantenida durante la última década ya determinaban que los tiempos de respuesta judicial sean los peores de todo el territorio nacional", ha subrayado.
"Y ello, a pesar de que el nivel de productividad y resolución de nuestros juzgados se ha mantenido durante todos estos años muy por encima de la media nacional. ¿No sé a qué hay que esperar para que se tomen las medidas necesarias?", se pregunta Pasqual del Riquelme, tras analizar los últimos datos.
Cabe recordar que, en su último informe, la Sala de Gobierno del TSJMU fijó las necesidades mínimas de la Región en once nuevas unidades judiciales: dos juzgados de primera instancia en el partido judicial de Murcia; un juzgado de primera instancia en el de Cartagena; un juzgado de primera instancia e instrucción en Molina de Segura; un juzgado de lo penal en Murcia; un juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un juzgado de vigilancia penitenciaria de ámbito regional; y una sección penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia.
Sin embargo, entre las 70 nuevas unidades judiciales que el Consejo de Ministros decidió crear en toda España durante 2024, solo una -un magistrado para la Sección 3 la Audiencia Provincial- fue asignada al TSJMU.
El Ministerio de Justicia trasladó en diciembre del 2023 su compromiso de trabajar de forma inmediata para tratar de revertir la situación judicial de la Región con medidas de refuerzo coyunturales, en espera de que para el año siguiente se puedan crear las plazas que no han sido concedidas este año. "Esperamos que se convoque la comisión mixta de forma inminente", ha insistido el presidente.
