CARTAGENA. Pocos españoles se sobresaltaron cuando oyeron decir que el cielo se tomaba por asalto. Asumiendo que defender sus puertas incumbía a san Pedro, la gente se sentía más interesada en asegurar el Estado del Bienestar. Por el contrario, muchos se asustaron al enterarse de que, más terrenalmente, algunos gobernantes pretendían tomar la Inspección de Hacienda por asalto. Porque la financiación de los servicios públicos, varios de ellos tan apreciados como la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad y las pensiones, depende en buena medida de la competente e imparcial actuación de los inspectores de Hacienda. Y tan grande es su responsabilidad que no se les permite ejercerla sin una excelente preparación previa, que deben demostrar en unas rigurosas y equitativas oposiciones, completándolas luego con cursillos de especialización en muchos casos. Igual que nadie querría que lo operase un cirujano incompetente, ningún político sensato querría que los ingresos estatales dependiesen de unos inspectores de Hacienda insuficientemente preparados. Y no digamos los sufridos contribuyentes, que siempre preferirán ver sus finanzas analizadas por unos inspectores con todas las garantías técnicas.
Pues bien, todo eso puede venirse abajo si prospera la iniciativa sindical de sustituir el actual método de acceso a la Inspección, exigente e imparcial, por otro en el que, en vez de los conocimientos, primarían las preferencias personales de los seleccionadores.
Cualquiera que haya impartido un mínimo de docencia sabe que las pruebas de respuestas predeterminadas, en los que el examinado solo tiene que marcar una cruz en alguna de las varias casillas de cada pregunta, imposibilita averiguar si sabría redactar un informe y argumentar una decisión. Al menos habría que complementar ese tipo de pruebas con algún desarrollo verbal, como hasta ahora se venía haciendo.
"no inspira confianza que el número y la diversidad de temas a preparar se pretenda reducir drásticamente"
Tampoco inspira mucha confianza que el número y la diversidad de temas a preparar se pretenda reducir drásticamente. Con la excusa de que el exceso de memorización a nada conduce, se planea adelgazar los contenidos hasta el raquitismo. Si nefasta es la idea de que los servicios públicos son gratuitos, cuando cuestan mucho dinero que hay que recaudar vía impuestos, no menos lo es la tendencia a vituperar la memoria como registro de los conocimientos. Cualquiera que haya tenido relación con un enfermo de Alzheimer aprende rápidamente que sin memoria resulta imposible adquirir y manejar conocimiento alguno. En este caso, eso implica que sería imposible desarrollar adecuadamente la función inspectora sin unos sólidos y amplios conocimientos en las materias económicas y jurídicas correspondientes.
Finalmente, no hay que ser ningún genio de la teoría de la probabilidad para saber que, en una prueba de varias respuestas predeterminadas de las que solo una es correcta, hay que penalizar las marcas incorrectas. Es fácil entenderlo. Supongamos que preparamos una lista de cincuenta preguntas con cuatro posibles respuestas cada una, de las cuales solo una es correcta en cada caso. Supongamos, además, que otorgamos un punto a cada marca correcta. Y supongamos, finalmente, que, sin ser demasiado exigentes, pedimos veinticinco puntos para dar el aprobado. En ese escenario, un opositor que no supiese nada debería, de todos modos, marcar una casilla en cada pregunta, pues acertará entre doce o trece por puro azar en promedio. Incluso si tiene mucha suerte podría aprobar. Sin llegar a tanto, si tuviese los suficientes conocimientos para acertar del orden de quince, sería muy probable que aprobase si respondiese el resto al azar. La teoría de las probabilidades nos sugiere que para asignar cero puntos a una máquina que contestase a las preguntas al azar, por carecer de pista alguna para hacerlo mejor, cada marca incorrecta debería estar penalizada con la tercera parte de un punto. Pues bien, los que quieren tomar la Inspección por asalto tienen previsto no penalizar las marcas incorrectas. Un regalo.
"relajar las exigencias siempre beneficia a los que menos saben"
Podría, con todo, aducirse que sería un regalo imparcial, pues a todos beneficiaría. Pero eso sería una doble falacia. En primer lugar, porque relajar las exigencias siempre beneficia a los que menos saben. Los jugadores de golf asignan una ventaja a los peores para que tengan alguna oportunidad ante los mejores. Y los jugadores fuertes de ajedrez suelen prescindir de alguna pieza cuando compiten con los más débiles. Pero es que aquí no deberíamos estar tratando de beneficiar a los menos preparados, sino, por el contrario, elegir a los mejores. De eso dependerá la eficacia y justicia en la recaudación.
Además, y esa la segunda falacia, al aflojar la prueba objetiva de conocimientos se refuerza enormemente el peso de los criterios subjetivos de la evaluación de los méritos de los concursantes. Cualquiera que haya hecho un pliego de condiciones de una obra pública sabe que es mucho más difícil trucar una decisión basada sobre todo en el baremo económico, que otra basada en los criterios de "calidad". En la medida que uno debilite los criterios objetivos, como la oferta económica, estará facilitando conceder la obra a un amiguete o a quien interese por algún otro motivo.
Si la alternativa al sistema actual de acceso a la Inspección va a ser sustituida por una basada en menos temas, con pruebas de respuestas predeterminadas sin penalizar los errores, y con un alto peso de las opiniones de los evaluadores, la sospecha de que se quiere premiar a los afines ideológicamente será muy difícil de disipar. Y el daño no será solo para el prestigio de la Inspección, sino para todos los ciudadanos porque verán empeorada la gestión fiscal. Y no digamos si, para colmo, se sintiesen amenazados por unos nuevos inspectores elegidos por méritos políticos. A ver si aquello de que la meritocracia era un timo no iba a ser tan inocente. Los inspectores de Hacienda, como los jueces, no solo deben ser neutrales, sino también parecerlo.
Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. Pero sería imposible cumplir esa previsión constitucional si los administradores, ahora los inspectores, no hubiesen sido elegidos ellos mismos con objetividad. Alguno se preguntará si tratar de tomar la Inspección por asalto no será inconstitucional. Y podría no ir desencaminado.
JR Medina Precioso