El agua que no(s) llegará

MURCIA. Los regantes temen que el caudal ecológico, las demandas de Madrid y el cambio climático cierren el Trasvase. En esta frase se combinan los titulares de la prensa regional del pasado 14 de octubre. En días anteriores se produjo la reunión de la Mesa del Agua, en la que se volvió a alertar de las catastróficas consecuencias para la Región que tendría la reducción de caudales de la infraestructura. Y al día siguiente, 15 de octubre, el Gobierno regional dio luz verde al recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ministerio de no autorizar el trasvase de 20 hm³ recomendado por la Comisión de Explotación del Acueducto. Hacen bien el Sindicato Central de Regantes en temer, la Mesa del Agua en alertar y el Gobierno regional en recurrir, pero ¿hay algo más detrás? ¿Hay un plan de actuación, frente a los hechos que se vienen produciendo desde hace bastante tiempo, anunciando la actual situación?

"aquel 'Agua para todos', un banderín de enganche cuando los gobiernos socialistas, derivó en eslogan vacío ante la inacción de los populares cuando volvieron al poder"

No hay que remontarse a los 36 recursos presentados por Castilla-La Mancha contra los desembalses, ni a la controvertida y discutida, según el color político y el territorio que se gobierna, Ley del Memorándum, ni a las inefables declaraciones de la ministra Ribera afirmando que cada cuenca tiene lo suyo. Mucho más recientes son:

• La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a definir con criterios técnicos adecuados los caudales ecológicos del Tajo y la propuesta subsiguiente, en el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, de un caudal ecológico bastante superior al existente.
• La aprobación de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, con la introducción del requisito de informe previo y preceptivo de esa Comunidad Autónoma en las propuestas de transferencias de aguas que afecten a sus intereses.
• La presentación en el Congreso de la Ley de Cambio Climático y la aprobación por el gobierno del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, donde la mención a los trasvases casi no existe en ninguno de ellos.
• La negativa de la Comisión Europea a revisar la Directiva Marco del Agua y, por tanto, a alargar los plazos para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua.
• El reciente anuncio de la realización, por el Tribunal de Cuentas Europeo, de una auditoría sobre el uso sostenible del agua agrícola en la UE, cuyo leitmotiv viene a decir que no tendría sentido que, cuando todo el esfuerzo legislativo y presupuestario de la UE está orientado a la sostenibilidad, la Política Agraria Común (PAC) estuviese financiando acciones con un uso no sostenible del agua.
• Y ya, como final de esta relación, anecdótico si se quiere, pero indicativo de por dónde van los tiros, no quiero dejar de mencionar el recurso del Gobierno de Aragón contra una petición del Gobierno de Cantabria al ministerio para transferir agua para abastecimiento humano desde el pantano del Ebro, sito en Reinosa (Cantabria), a la ciudad de Santander (Cantabria). El fundamentalismo hídrico en estado puro.

Todo lo anterior debiera hacernos entender que el futuro del agua para riego ya está aquí y no es halagüeño, precisamente. Es una realidad que el agua barata del Trasvase Tajo-Segura (TTS) tiene los días contados, que las desaladoras no podrán producir, a corto plazo, toda el agua que se está usando actualmente en la región y que, en 2027, gran número de pozos en acuíferos sobreexplotados tendrán que ser cerrados. Y es, además, probable que, cuando la mencionada auditoría europea constate la enorme utilización en nuestra región de aguas subterráneas procedentes de esos acuíferos, las consecuencias no sean benévolas para nuestra agricultura, en términos de asignación de fondos de la PAC.

¿Qué hacer, entonces, con el discurso reivindicativo del agua sostenido hasta el momento? Veo en él dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, las declaraciones de regantes, empresarios agrícolas y políticos, que parten de premisas ciertas, como las que se refieren a la productividad de nuestra agricultura, a la innovación, al ahorro de agua, al empleo generado, a la contribución al tejido industrial, etc., para acabar, por otro lado, en apelaciones a la solidaridad interregional o reclamando un derecho al agua para Murcia (derecho a regar, he llegado a leer) que, en mi opinión, no existe como tal ni aquí, ni en Aragón con respecto a la del Ebro. No conozco ningún caso en que se reconozca a un sector productivo (y de eso es de lo que hablamos, a fin de cuentas) el derecho incondicional a disponer de una materia prima o factor de producción ; y el derecho a usar el agua del TTS está sujeto a las condiciones que marcan las leyes que lo regulan, entre ellas, la existencia de agua suficiente en la cabecera del Tajo.

Pero, como se ha apuntado arriba, esta parte del discurso está agotada, por muy alto que se proclame. Como ejemplo, aquel "Agua para todos", que pretendió ser un banderín de enganche de la sociedad murciana cuando los gobiernos socialistas cambiaron la política hidráulica, derivó en eslogan vacío y arrojadizo ante la inacción de los populares cuando volvieron al poder y ha acabado desaparecido de la escena social, mediática y política. No nos engañemos, ninguna fuerza política va a tomar ninguna iniciativa en el tema del agua que pueda desatar conflictos entre territorios; ningún partido sostendrá seriamente una visión única, global y sostenible, de alcance nacional, que podría conducir, por ejemplo, a la consideración de España como una sola cuenca hidrográfica. Y Murcia es lo que es: el 2,8% de España, también en influencia política.

Por el contrario, la primera parte, la que hace referencia a la potencia de nuestra agricultura está, a mi juicio, infrautilizada en esta situación. Si la cantidad de agua actual va a disminuir inevitablemente, los afectados, en su conjunto, deberían empezar a pensar en utilizar toda la capacidad del sector, que es mucha, para generar alternativas desde un enfoque puramente profesional, huyendo de toda connotación emocional, que sólo produce réditos políticos y contamina el mensaje. Se trataría de cambiar el paradigma de gestión de la agricultura y pasar de una actitud reactiva, de esperar a que llegue el problema de la falta de agua para afrontarlo, a una actitud proactiva, la de anticiparse al riesgo de que la falta de una materia prima afecte a la existencia misma de la empresa.

Hace unos meses, en un debate organizado por el Círculo de Economía de la Región de Murcia bajo el lema Retos de la agricultura sostenible en la Región, se preguntó a uno de los empresarios agrícolas asistentes si el sector tenía un plan de contingencia para afrontar la más que previsible reducción del agua procedente del TTS, a la vista de las señales de todo tipo que nos estaban llegando. Su respuesta fue, más o menos, que la agricultura murciana era muy productiva, innovadora y ahorradora de agua, y que lo único que necesitaba era eso, agua.

Pienso que esa respuesta describe bastante bien la situación: se sigue intentando gestionar los problemas que llegan, cuando lo que se necesita, hoy en día, para la supervivencia y el progreso de cualquier actividad es gestionar los riesgos. Y el mayor de ellos es que no sobrevivan las empresas.