Foto: EFE/MANUEL BRUQUEMURCIA (EP). La Audiencia de Valencia ha escrito el epílogo judicial a la larga trayectoria de Eduardo Zaplana, quien lo fue casi todo en política -concejal, alcalde, diputado autonómico y nacional, senador, president de la Generalitat y ministro- y no dudó en calificar de "privilegio" haberse dedicado a esta profesión.
En las tres décadas transcurridas desde el inicio de su fulgurante carrera política, este ambicioso abogado nacido en Cartagena (Murcia) hace 68 años había logrado esquivar otras causas judiciales, como el caso Naseiro, IVEX o el caso Terra Mítica, pero no ha podido salir indemne del caso Erial.
El nombre de Eduardo Zaplana Hernández-Soro empezó a sonar en la tribuna pública a principios de los años 90 del siglo pasado, cuando en las grabaciones telefónicas del caso Naseiro sobre la presunta financiación ilegal del PP -que fueron anuladas por el Tribunal Supremo- afirmaba que necesitaba mucho dinero para vivir.
"Siempre ha necesitado dinero", le recordó con ironía el fiscal anticorrupción de Valencia, Pablo Ponce, en el juicio del caso Erial, que ha juzgado el amaño de la privatización de las ITV en 1997 y las adjudicaciones del Plan Eólico y cuyo sumario evidenció el gusto de Zaplana por las inversiones inmobiliarias, los coches de alta gama y los relojes de lujo.
En los 30 años que median entre ambos casos judiciales, Zaplana se dedicó a cultivar una carrera política que tuvo como punto de partida Benidorm (Alicante), cuya alcaldía logró en 1991 con el apoyo de una tránsfuga, para pasar a presidir el PP de la Comunitat Valenciana y convertirse en el segundo president de la Generalitat Valenciana.
En 1995, con 39 años, desalojó a los socialistas de la presidencia de la Generalitat gracias al 'pacto del pollo' firmado en el despacho de un empresario dedicado al negocio de estas aves con el partido de Vicente González Lizondo, Unión Valenciana, formación que acabó fagocitada por los populares.
Fue el inicio de cuatro legislaturas consecutivas de gobiernos del PP -las tres últimas con mayoría absoluta-, que durante sus primeros siete años estuvieron comandados por un Zaplana centrado en impulsar 'grandes proyectos', como el parque temático Terra Mítica, y las privatizaciones, como el 'modelo Alzira' en el ámbito de la sanidad o las ITV.
Junto al cantante Julio Iglesias, que le definió como "un gran campeón", Zaplana recorrió varios países entre 1997 y 1999 para promocionar la imagen de la Comunitat Valenciana, mediante un contrato formalizado por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y otro contrato en B que acabó en los tribunales y cuya ilegalidad finalmente prescribió.
Mientras tanto, se dedicó a pulir su imagen personal con la ayuda de un asesor de protocolo y su proyección política, en unos tiempos en que cualquier acusación de irregularidad por la oposición la interpretaba como un ataque al progreso de la Comunitat Valenciana y la respondía con un "nunca podrán demostrar nada".
Decía Julio Iglesias de Zaplana también que era "muy ambicioso y muy rápido", y quizá por ello siete años le bastaron para dejar atrás la Generalitat y ascender en 2002 al Gobierno de España como ministro de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, cargo al que sumó posteriormente el de portavoz del Ejecutivo.
Designó como su sucesor en la presidencia del Consell a José Luis Olivas -condenado por falsedad documental y procesado también en Erial y por anteriores responsabilidades en el Banco de Valencia y Bankia- y al frente del PPCV a Francisco Camps, un tutelaje que no salió bien y fracturó el partido entre "zaplanistas" y "campistas", si bien ambos acabaron recuperando la relación personal tras sus respectivas cuitas judiciales.
Se mantuvo en política hasta 2008, con los últimos cuatro años "duros e ingratos", según sus palabras, como portavoz del PP en la oposición en el Congreso, y se fue de directivo a Telefónica -con un sueldo de 700.000 euros anuales, según recordó el fiscal anticorrupción en el juicio de Erial-, poniendo fin a una carrera política que inició en el ámbito local y le llevó hasta el Gobierno de España tras presidir la Generalitat.
Zaplana pasó a un segundo plano de la vida pública hasta que el 22 de mayo de 2018 se conoció la noticia de su detención, en València, por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Fue el inicio mediático del caso Erial, aunque la UCO y el fiscal ya llevaban tres años investigándole.
Ese mismo día, el PP suspendió su militancia en el partido y Telefónica puso fin a su relación laboral. Dos días después entró en la cárcel tras dictarse prisión incondicional y sin fianza en la prisión de Picassent, su domicilio los siete meses siguientes, aunque los dos últimos los pasó en La Fe debido a su leucemia.
Se llegaron a recoger firmas en change.org para pedir "por humanidad" su salida de prisión, que se produjo en febrero de 2019.
Y fue "no por su enfermedad, sino porque recuperamos el dinero del extranjero", reveló en el juicio el fiscal, que junto con la jueza instructora fueron objeto de duras críticas por parte de políticos de todo signo por no excarcelarle.
El empeño del fiscal, la UCO y la jueza instructora, que siguieron "el rastro del dinero", ha permitido demostrar los negocios oscuros de quien se mantuvo impune durante décadas pese a las sospechas y evidenciar, como afirmó el ministerio público en el juicio, que el dinero "no tiene patria ni color", ni entiende de amistad.
