MURCIA (EFE). La pandemia supuso el primer test de estrés de la legislatura para una cadena alimentaria que ha vivido cuatro años de infarto que han requerido medidas extraordinarias que se han sumado a las previstas en el calendario, como el desarrollo de la PAC, la pesca sostenible o la eliminación de la venta a pérdidas.
En estos cuatro años el ejecutivo ha tenido que improvisar medidas para hacer frente a desafíos inéditos como la subida de precios o la crisis sanitaria, pero también se ha avanzado en desafíos más interiorizados como la transición ecológica, con normas como el impuesto al plástico como diana de las críticas del sector.
1- PAC
El Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas se ha afanado hasta conseguir el acuerdo con el que se alumbró el plan nacional para desarrollar la Política Agraria Común (PAC); entró en vigor el 1 de enero, aunque hay aplicaciones como el cuaderno digital a las que se ha dado algo más de margen.
2- Pesca sostenible
El pasado marzo el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que busca fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que la actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia.
3- Cadena alimentaria
La reforma de la ley de la cadena alimentaria, con contratos obligatorios y la prohibición de la venta a pérdidas ha sido uno de los hitos de la legislatura; por primera vez se han hecho públicas también las empresas sancionadas por incumplimientos, situando entre los multados a firmas de primer nivel tanto de la industria como de la distribución.
4- Desperdicio alimentario
El paso por el Senado, el último trámite, le faltó a la ley contra el desperdicio alimentario, un proyecto legislativo que decayó al disolverse las Cortes con la convocatoria electoral; el ministro Planas ha abundado desde entonces en que uno de los objetivos, el de crear conciencia, ya se ha conseguido.
El calendario normativo previsto ha sido extenso, pero se ha tenido que ir trufando con medidas para reaccionar a los imprevistos nunca vistos que han tensionado la cadena.
5- Frente a la pandemia: los Perte
Aunque sólo sea ya un recuerdo, en marzo de 2020 el mundo se paralizó pero los alimentos siguieron llegando al supermercado sin incidencias importantes; mucho se ha alabado la responsabilidad y resiliencia de una cadena que también espera beneficiarse de las convocatorias del Plan de Recuperación aprobado por el Gobierno con el apoyo de Bruselas. Queda aún mucho por desarrollar del Perte Agroalimentario.
6- Frente a la guerra de Ucrania: El IVA y las ayudas directas
Cuando se empezaba a vislumbrar cierta luz al final del túnel de la pandemia, Putin invadió Ucrania y se desató una guerra con derivadas en los bolsillos de toda Europa: la subida de precios de electricidad y otros insumos se ha traducido en subida de precios históricas, aún del 12 % en el caso de los alimentos.
En este caso, la repuesta más contundente se hizo esperar hasta diciembre cuando por real decreto se redujo el IVA de los alimentos, una medida aplaudida por toda la cadena, a pesar de su limitada incidencia, y que se ha prorrogado esta misma semana.
7- Ayudas frente a la sequía
El cambio climático va mostrando su rostro más peligroso en el campo donde la falta de lluvia de esta temporada ha provocado auténticos estragos; el ejecutivo apostó en este caso por un decreto de ayudas, que ya se ha distribuido en el caso de los sectores ganaderos más afectados y en que se está estudiando para la agricultura.
Como consecuencia de la sequía y para actualizar la distribución de los recursos hídricos, el pasado enero el Gobierno aprobó los Planes hidrológicos, que fijan por ejemplo el caudal ecológico del Tajo y que supone un recorte de aportaciones al Segura; ha generado un auténtico polvorín entre las comunidades autónomas afectadas.
8- Los rider
Los derechos de los repartidores, muchos de ellos falsos autónomos, hizo correr ríos de tinta; finalmente en agosto de 2021 entró en vigor la ley, con el objetivo de acabar con el uso de "falsos autónomos" como repartidores obligando a contratarlos como asalariados.
La conocida como "Ley Rider" es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que recoge la "presunción de laboralidad" en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
9- Salario mínimo y reforma laboral
La subida del Salario Mínimo Interprofesional y la reforma laboral que acota la temporalidad han sido dos de las medidas del ejecutivo con un efecto directo en todos los subsectores de la cadena, especialmente la agricultura y la restauración, aquejada de un profundo problema de falta de profesionales.
10-Impuesto al plástico
Desde el 1 de enero y a pesar de la negativa común de la cadena alimentaria, España cuenta con un impuesto al plástico de un sólo uso, vital aún para muchos eslabones de la cadena; la Agencia Tributaria ha recaudado 166,6 millones de euros por este impuesto en el primer cuatrimestre; el tipo impositivo es de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico no reutilizable que fabrique o adquiera a terceros.