MURCIA. Quizá les pueda extrañar que, con la que se ha montado en Murcia con la moción de censura, no dedique mi artículo de hoy a tan suculento plato informativo, pero –como ya les apuntaba en anteriores ocasiones- prefiero dejar que ‘escampe’ y opinar cuando las aguas no estén tan revueltas y ustedes tan cansados de tanto vodevil.
Así es que me voy a centrar en analizar un episodio nada edificante que se ha producido en la corta, aunque fructuosa, trayectoria democrática que nuestro país inició tras la muerte del dictador Franco. Me refiero al bochornoso espectáculo ofrecido con motivo de la renovación (todavía pendiente) de una serie de cargos orgánicos pertenecientes a distintas instituciones y entidades de la nación, que exigía unas determinadas mayorías cualificadas y –por tanto- la obligación de negociar, a los dos principales partidos del gobierno y de la oposición.
Si bien en "el paquete" de renovaciones pendientes, figuraban diversos organismos cuyos mandatos habían caducado, la guinda la ponía –como no podía ser de otra forma- la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y una parte del Tribunal Constitucional. Un hecho que no puede pasar inadvertido, ya que tiene una alta trascendencia al tratarse de una operación a través de la cual se podría controlar al controlador. Más claro: si el gobierno elige a los que tienen que nombrar jueces y ordenar la gestión de los órganos judiciales, estarán consiguiendo que esos nombramientos sean concordantes a los fines que a ellos les interesan. Dicho de otra forma: habrán conseguido configurar un gobierno autárquico, aglutinador de los otros dos poderes (el legislativo y el judicial), y totalmente afín a sus intereses personales y de partido. Como ya anunció Alfonso Guerra, se estarían cargando de un plumazo la ya utópica división de poderes de Montesquieu.
En España estamos padeciendo un duro ataque a la democracia, por parte de la partidocracia que nos gobierna. Un régimen instaurado que está personalizado por los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP), y secundado por PODEMOS, una formación que vino a regenerar la decadente política que se había instaurado en nuestro país, y que se ha configurado como el paladín de la decadencia política y usuario mayor de las malas prácticas que prometió erradicar.
Es inaudito que algo tan esencial y consustancial a la democracia, como es la división de poderes, contemplada y garantizada en nuestra Constitución y que deberíamos preservar por encima de todo, los partidos políticos se la quieran cargar colándose por la gatera y tratando de socavar la independencia del poder judicial, que es la piedra angular sobre la que pivota todo el sistema sobre el que se sustenta un Estado de Derecho.
Ante tamaña tropelía, los líderes de algunas formaciones políticas no solo no se avergüenzan, sino que hasta tratan de justificarlo. Es el caso de Pablo Iglesias, quien –en unas declaraciones- justificaba este desaguisado con la necesidad de que las instituciones (léase el CGPJ) deberían tener una composición acorde con la pluralidad ideológica que existe en el Congreso. De ahí que exigiese su correspondiente “cuota”. Pero, eso sí, no reclama lo propio para VOX, que tiene 17 diputados más que la formación morada y, sin embargo, no participa del pasteleo. ¿Por qué? ¿Cuál es el hecho diferencial que santifica un derecho y niega el otro... cuando el partido de Abascal ha obtenido más votos que el de Iglesias?
Una respuesta podría ser la de atribuir a VOX el liderazgo de la extrema derecha… y yo me pregunto ¿y Podemos?... un partido que propicia y apoya el separatismo, alienta los disturbios y algaradas callejeras desestabilizadoras, que pretende controlar los medios de comunicación (y ahora el poder judicial) y que, en suma, está decidido a pulverizar todo aquello que emane de la transición política española… ¿no es merecedor a liderar la extrema izquierda? Yo considero tanto a Podemos como a VOX en los extremos del arco parlamentario, otorgándoles los mismos ‘méritos’ y capacidades para liderar –cada uno de ellos- el espacio político que se han ganado a pulso.
Ninguno de ellos debería tener el derecho de mangoneo que se quieren subrogar, por más que se enfunden en esa vitola democrática de la que ya nadie se fía. Y cuando digo ninguno, me refiero a que NADIE, ni los más extremistas, ni los más centrados o los más independizados, deberían disponer de esa facultad intromisoria que tan burdamente se han proporcionado a base de cambiar a su antojo las leyes y adaptarlas a sus necesidades más espurias. Una injerencia estratégica diseñada para tapar las vergüenzas de aquellos que, sin ningún tipo de escrúpulos, pretenden blindar sus privilegios mediante la impunidad que les facilitaría este tipo de maniobras.
En mi opinión, y mientras se mantenga el riesgo de interferencia por parte del poder político, se debería cambiar el método de elección de los jueces, con el objeto de profesionalizar el sistema de nombramiento de sus órganos de gobierno. Es cierto que la mayoría de los jueces no se sienten presionados por este tipo de prácticas corruptas, pero -aunque solo sean unos pocos los que les guste flirtear con la clase política oligarca- es razón más que suficiente como para no creer en el actual modo de elección y apostar por la garantía que nos brinda la independencia y profesionalización de la mayoría de la carrera judicial.
Cuando en España, el poder legislativo ya ha sido fagocitado por el ejecutivo, mediante el férreo control que ejerce sobre ambas cámaras, si ahora lograran controlar el poder judicial nos convertiríamos, de facto, en una democracia intervenida y manipulada por el gobierno.
De ahí que se haga imprescindible la despolitización de la justicia; algo que ya se planteó en su momento, pero que no les conviene a los partidos con opciones de gobernar, ya que perderían la posibilidad de injerencia que, al amparo de la palabra democracia, están ejerciendo, mediante la intervención y coacción de las instituciones del Estado.
Jesús Norberto Galindo // Jesusn.galindo@hotmail.com
