Peces muertos en playas del Mar Menor, en la zona de Villananitos y La Puntica, San Pedro del Pinatar. MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. La masiva muerte de fauna el 12 de octubre en playas de Lo Pagán debido a la anoxia (falta de oxígeno en el agua) evidenció el colapso medioambiental del Mar Menor tras décadas de agresiones ambientales a este ecosistema, así como la falta de entendimiento entre las administraciones para ponerle remedio, siendo la noticia de más calado en la Región en este 2019 que hoy se cierra.
"Fue una situación muy grave, la peor que ha tenido el Mar Menor", explicaba a Murcia Plaza Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). "Aquí hay mucho más de lo que se ve. Los peces muertos se pueden contar por millones, no por miles. Y puede volver a ocurrir", aseguraba.
El Consejo de Gobierno, en su sesión del 26 de diciembre, daba luz verde al Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, en el que, entre otros asuntos, se incluyen sanciones desde los 2.000 a los 500.000 euros y supervisar cuanto antes las redes de aguas pluviales, de saneamiento y de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
La entrada de más de 60 hectómetros cúbicos de agua con una sedimentos a una laguna que desde 2016 está en una situación ambiental crítica creó una capa anóxica en las zonas inferiores del mar Menor, que evolucionó y se movió por el viento, hasta centrarse en 210 hectáreas del litoral de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar).
Mientras el Gobierno regional incidió en que la laguna estaba registrando mejoras en los indicadores desde la crisis ambiental en mayo de 2016, cuando la continua entrada de nutrientes, procedentes en su mayor parte de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena, provocó un grave proceso de eutrofización y la desaparición de gran parte de la flora de la laguna.
Sin embargo, tanto el Gobierno central como las organizaciones ecologías han culpado de esta situación a la inacción de la Comunidad Autónoma y a un modelo urbanístico y agrario incompatible con el buen estado del Mar Menor.
Además, los pescadores de la Cofradía de San Pedro del Pinatar, a la que están adscritos 54 barcos, pararon su actividad como consecuencia del deterioro de la laguna y en protesta por la falta de atención del Gobierno regional, reclamando un millón de euros por los perjuicios provocados por esta situación.
Por su parte, el catedrático de Ecología de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, Francisco Javier Gilabert, ha alertado de que en la laguna entran "muchos más nutrientes" que en 2016, con el nivel freático "muy alto" y "sobresaturado", lo que provoca que lleguen aguas cargadas de nitrógeno. "No tenemos límite a esa entrada de nutrientes para la proliferación el fitoplancton", ha apostillado.
El debate político ha vuelto a recrudecerse entre los ejecutivos central (PSOE) y autonómico (PP y Cs), con episodios de confrontación entre populares y socialistas e, incluso, entre los dos socios de gobierno en la Comunidad Autónoma, llegando a acusar los naranjas a sus compañeros de gabinete de inacción y poca credibilidad.
Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el resto de dirigentes del PP han puesto el foco en la falta de ayuda que ha recibido su administración por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).
Mientras, la titular en funciones del MITECO, Teresa Ribera, ha remarcado que su departamento colaborará a través del plan Vertido Cero, pero ha recordado que la principal responsabilidad es de la Comunidad Autónoma al tener las principales competencias para actuar en origen sobre las actividades agrícola y urbanística.
Precisamente, todas las partes coinciden en la necesidad de acometer el Plan de Vertido Cero, cuyo objetivo es reducir los aportes de caudales cargados de nutrientes a la laguna mediante 21 medidas presupuestadas en entre 430 y 615 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno regional ha pedido celeridad al MITECO en la puesta en marcha de las medidas, sobre todo en eliminar los vertidos que llegan al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.
Desde Ecologistas en Acción, se reprocha a las administraciones que las medidas de cambio de modelo productivo de este proyecto son "escasas y débiles", limitándose al control y seguimiento pero sin "implantar límites legales más restrictivas a escala de parcela agraria o explotación ganadera".
Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estimó el pasado mes de octubre que hay al menos unas 9.500 hectáreas sin concesión en el Registro de Aguas del organismo de cuenca, y que han sido captadas por teledetección en el Campo de Cartagena.
Los expedientes abiertos hasta el momento en el Campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego para la que se tiene concesión, esto es, regadío ilegal, ascienden a 147 desde agosto de 2018, y se corresponden aproximadamente con unas 1.600 hectáreas.
