CARTAGENA. La empresa Deloitte Advisory es la que ha propuesto la mesa de contratación de la Autoridad Portuaria de Cartagena para poner en marcha un modelo de Prevención de Riesgos Penales en la APC. La mercantil es la empresa de servicios profesionales más grande del mundo y una de las cuatro grandes auditoras del mundo y la elegida para sentar las bases de este trabajo fiscalizador por 141.933 euros.
El motivo de la contratación no es otro que establecer el mayor control posible dentro del organismo portuario para conseguir a tiempo evitar la comisión de cualquier tipo de delito dentro de la propia institución. Establecer, por tanto, todos los parámetros de contención posible que alerten y avisen antes de que se puedan cometer los mismos.
Esta decisión llega después del revuelo originado a lo largo de este año en el que se vieron involucrados la anterior presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, y su director general, Fermín Rol. Ambos están inmersos en un proceso judicial tras una denuncia de la Fiscalía de la Región de Murcia por irregularidades y tratos de favor en determinadas contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
La APC ha decidido que es necesario desarrollar e implementar una política corporativa de prevención de la comisión de delitos que sirva de guía para la identificación y el control de los posibles riesgos penales a los que se enfrenta la APC, así como para el seguimiento y actualización de estos, asesoramiento continuo al Comité de Cumplimiento Normativo y formación a los empleados.
Entre otros se requiere un análisis del contexto y partes interesadas; establecer responsabilidades para los órganos de gobierno, alta dirección y la función de cumplimiento; compromiso con la cultura de cumplimiento; evaluar los riesgos penales; determinar objetivos y planes; formar y sensibilizar; establecer controles generales y específicos (financieros, no financieros, due diligence); incluir cláusulas contractuales o canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades, entre otros.
En dicha materia se incluyen, en cualquier caso, todas las funciones ligadas a la prevención de delitos, la gestión del canal de denuncias, y la investigación de las mismas, el ejercicio de la potestad disciplinaria, el cumplimiento del Código Ético y de buena conducta de la APC y la legislación en materia de transparencia y buen gobierno.
