Este lunes una noticia escalofriante se colaba entre la actualidad informativa “ancianos conviviendo con cadáveres en algunas residencias” rezaban las noticias. Este hecho que Defensa ya ha denunciado ante Fiscalía es tremendamente grave y de una inhumanidad terrible.
Desde hace días no paro de darle vueltas a una idea que me rompe, nuestros abuelos y abuelas soportaron en gran medida el peso de la crisis del 2008, con sus pensiones sostuvieron miles de hogares. Después vinieron los recortes y copagos, las movilizaciones por las pensiones y volvieron a ser vanguardia en la lucha por la defensa de nuestros derechos. Y ante esta crisis sanitaria, son grupo de riesgo, el mayor número de víctimas mortales son personas mayores.
Quizá por mi origen, pero nunca he comprendido la forma que esta sociedad trata a las personas mayores, como desechos, o también porque he cuidado a personas mayores y he podido comprobar directamente la carencia de afectos y cuidados de sus cercanos. Quién sabe si ahora que estamos confinados podamos entender lo necesarios que son los afectos, las llamadas, los cuidados.
Aunque el impacto social de esta pandemia no se alcanza a calcular, sin embargo, una de las cuestiones que se deberán abordar cuando esto pase es el papel de lo público. Llevamos años asistiendo al deterioro sistemático de los servicios públicos y una ofensiva privatizadora en todos los espacios.
Con una lectura rápida de nuestra pirámide demográfica es más que entendible que las residencias de mayores se han convertido en un foco de interés para grandes multinacionales, eso sumado a una regulación permisiva que posibilita la gestión de estas por parte de entidades como Clece –del grupo ACS liderado por Florentino Pérez- Eulen o Sanitas o de los fondos de inversión. Por poner un ejemplo, en Madrid, de las 426 residencias para la tercera edad, sólo 25 son 100% públicas, 18 tienen gestión externalizada, la mayoría, son privadas y en algunas hay plazas en concierto con la Administración.
Ojalá esta crisis sirva para situar los cuidados en el centro de la vida y también de las políticas públicas, ojalá entendamos a tiempo que la vida no puede estar sujeta a intereses de rentabilidad de negocios privados.
Ahora que asistimos a una rápida conversión de liberales en keynesianos, tenemos que recordar la falacia de los dogmas económicos ortodoxos que nos vienen repitiendo desde hace años. Por ejemplo, que el pago de la deuda está por encima del gasto social, que lo primero es cumplir con el déficit y la regla de gasto; como si todo esto no fuese fruto de unos acuerdos de índole política, aunque lo revistan de técnica. Ha tenido que llegar una pandemia para demostrar que las rígidas normas impuestas por la Troika son del todo ineficientes a la hora de hacer frente a una situación así y que ni siquiera eran tan rígidas, como lo veníamos denunciando eran un consenso político neoliberal, que con voluntad política se puede cambiar esas normas, como ya estamos viendo.
Todo esto tendremos que tenerlo muy presente para cuando nos repitan de nuevo que es lo que se puede y no puede hacer; aprendamos de esto y no permitamos que deterioren nuestro único escudo de defensa ante cualquier episodio, lo público. Aprovechemos también para reflexionar sobre los cuidados y el papel de los Estados al respecto, de la sociedad en su conjunto, rompamos la lógica mercantilista de la vida que otorga valor en función de la productividad, situemos la vida en el centro, con todas las consecuencias. Tomemos esto como una advertencia, puede que no tengamos otros avisos para reaccionar.
Margarita Guerrero Calderón es graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, militante de las causas justas.
